La Corte eligió marcar un rumbo

Esta semana la Corte Suprema realizó una audiencia pública en el marco de una causa iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles contra el PAMI, por haberse negado a brindar información sobre sus gastos en publicidad oficial. Más allá de la cuestión de fondo, la celebración de la audiencia merece varias reflexiones.

En primer lugar, la demanda contra el PAMI exhibe la persistencia de un problema preocupante: la resistencia del Estado a brindar información a la ciudadanía. Si se logra acceder a ella, muchas veces no es de calidad o sólo se la obtiene luego de mucho batallar.

Incluso frente a pedidos de información que no son sensibles ni delicados políticamente, el Estado en sus distintas reparticiones se resiste a brindar información, en algunos casos recurriendo a argumentos endebles. En la audiencia, por ejemplo, el PAMI sostuvo que el decreto 1172

03 no lo incluye dentro de los sujetos obligados y –peor aún– que no forma parte del Estado. La ADC dejó en claro que para la Constitución el PAMI es el Estado, tiene relación directa con el Poder Ejecutivo, y administra fondos públicos. Por ende, tiene la obligación de dar información.

En segundo lugar, la audiencia de la Corte se llevó a cabo en un momento clave. De no ser tratado por la Cámara de Diputados antes de fin de mes, la media sanción del proyecto de ley de acceso a información pública perderá definitivamente estado parlamentario. La convocatoria del máximo tribunal pareciera sugerir que para el Poder Judicial el tema del acceso a información merece atención prioritaria por parte del Estado. En tal sentido, se trata de un derecho humano fundamental reconocido por nuestra Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Por alguna razón, de los miles de casos que llegan a la Corte, se eligió uno de acceso a información para ser tratado en el marco de una audiencia pública.

En tercer lugar, resulta frustrante, ineficiente y anacrónico que a casi 30 años de la transición democrática recurramos de manera sistemática a los tribunales para hacer efectivo el ejercicio de un derecho fundamental. Esto denota un serio problema de calidad institucional. Cuando la mayoría de los países de la región ya han sancionado legislaciones en la materia, la Argentina se mantiene –junto a Venezuela y Paraguay– en el club de la opacidad. Cuando todos avanzan para implementar nuevos paradigmas de gestión pública, como la Iniciativa para el Gobierno Abierto, nuestro país se aferra al pasado.

Las organizaciones de la sociedad civil y los líderes sociales hemos ofrecido de manera constante nuestra colaboración al Congreso y las Legislaturas provinciales para subsanar esa deficiencia. Si bien se ha recorrido un largo camino, nuestra democracia sigue esperando el compromiso de algunos sectores políticos. La Corte ha asumido un claro liderazgo; esperemos su ejemplo sea imitado.