La defensa de Adorni que aceptó el fiscal abre interrogantes sobre el futuro del delito de enriquecimiento ilícito
El exfuncionario atribuyó su patrimonio a ganancias con bitcoins; Pollicita sostuvo que no tenía pruebas para corroborar ni para refutar esa versión y dijo que entonces debía darla por válida; críticas de los especialistas
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Si el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, alegara hoy ante la Justicia que su patrimonio es el resultado de una exitosa apuesta por las criptomonedas, la explicación llegaría tarde, sería contradictoria con declaraciones suyas previas y resultaría, sobre todo, poco creíble. Pero quizás su defensa sería tan difícil de refutar como la que ensayó Manuel Adorni y lo dejó con un pie afuera de una causa por corrupción.
Baratta podría replicar la estrategia del exjefe de Gabinete para justificar al menos la parte del crecimiento patrimonial que se le atribuye desde 2013, año en el que el Bitcoin comenzó a despegar.
Lo mismo podrían hacer los funcionarios que en el futuro sean acusados de enriquecimiento ilícito. Por eso, el caso Adorni dejó flotando una pregunta: ¿su defensa se convirtió en un manual de instrucciones que entreabre una puerta de salida para los acusados de enriquecimiento ilícito?
“En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito”, señala Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional (2017-2023).
“Obviamente -agrega la experta- la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente”, completa.

Con ella coincide Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción. “Es evidente que, así como [Adorni] obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos”, apunta. Pero advierte: “Habrá que ver qué terminan resolviendo los tribunales”. Garrido aclara que “un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia” y que, por el momento, en este caso no hubo “una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria”.
Garrido considera que el caso, incluso, podría motivar una instrucción de la Procuración General de la Nación en cuanto a cómo valorar las pruebas en casos parecidos. “Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración”, señaló.
Según el criterio que aplicó el fiscal Gerardo Pollicita al caso Adorni, para suprimir la acusación por enriquecimiento ilícito podría bastar con acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que las ganancias de esas operaciones explican el crecimiento patrimonial. Adorni no logró demostrar que fuera su titular cuando se realizaron las operaciones, pero la fiscalía dijo que ella tampoco pudo refutar su explicación.
Pollicita reconoció en su dictamen que la versión de Adorni, a priori, era “poco verosímil”. No obstante, basado en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, sostuvo que no había pruebas para derribarla y consideró que todo el caso debía investigarse como una posible evasión.

Para Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), no está claro qué consecuencias podría tener en el futuro que la Justicia acepte la explicación de Adorni. “No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina”, señala.
En concreto, la defensa de Adorni sostuvo que gran parte de su patrimonio -descubierto en la investigación por las compras de inmuebles, las reformas y los viajes- provenía de ganancias obtenidas de inversiones en Bitcoin, en operaciones realizadas entre 2014 y 2018. Es decir, años antes de su llegada al Gobierno y durante un tiempo en el que los requisitos para abrir cuentas en plataformas digitales eran más laxos, lo que dificulta reconstruir quiénes realizaron aquellas operaciones.
Es que en 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que establece estándares internacionales para combatir el lavado, aprobó una normativa orientada a tornar más rigurosos los requisitos para abrir cuentas y progresivamente las plataformas comenzaron a exigir a sus clientes validar su identidad con nombre y apellido.
Adorni mostró que tenía el control actual de ocho billeteras virtuales que registraron 24 movimientos vinculados con plataformas de intercambio pero anteriores a aquella reforma. Otros 17 movimientos apuntados por Adorni no pudieron siquiera vincularse con ninguna plataforma centralizada.
Es decir, que alguien podría conseguir o comprar hoy las claves de una billetera con movimientos de aquellos años, acreditar que tiene su control y presentarla ante la Justicia como prueba.

En Comodoro Py son conscientes del problema. “El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto”, reconoció una fuente judicial que siguió el caso Adorni con atención. Admitió que la antigüedad de las operaciones representa una dificultad para la acusación, pero también, que es no fácil conseguir billeteras con operaciones viejas: “Hay que conseguirlas... no hay un mercado abierto”.
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), no cree necesariamente que el caso Adorni siente un precedente y al igual que Biscay, considera que el problema estuvo en la investigación.
Ambos afirman que el fiscal no agotó las medidas de prueba. Talerico, además, cuestiona que Pollicita, ante la falta de certezas, haya abandonado la acusación de enriquecimiento ilícito.
“Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar”, afirma. “Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe”, afirma.

Biscay apunta que el análisis patrimonial de la investigación no sopesó bien los gastos del exfuncionario y critica especialmente que el fiscal aceptara como suficiente que Adorni tuviera solo el acceso a las billeteras.
“Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia”, dice Biscay; una analogía que también utiliza Ferreira Rubio para explicar el problema.
“En este caso -señala la exdirectora de Transparencia Internacional- la excusa [de las criptmonedas] parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez”, completa, en alusión al juez federal Ariel Lijo, que debe resolver si convalida el criterio del fiscal y envía el caso al fuero penal económico.

