La Haya avaló a Botnia, pero criticó a Uruguay por violar un tratado

LA HAYA.- La Argentina obtuvo ayer una victoria moral cuando la Corte de Justicia Internacional (CJI) condenó a Uruguay por "no haber respetado su obligación de informar, negociar y notificar" en el caso Botnia. Pero no logró satisfacción en ninguna de sus otras reivindicaciones: los jueces no encontraron pruebas suficientes de contaminación ambiental, desestimaron la pretensión argentina de ser indemnizada y se opusieron a un desmantelamiento o deslocalización de la pastera.

"Lo que sucedió demuestra que teníamos razón", dijo ayer en Caracas la presidenta Cristina Kirchner después de entrevistarse con su par venezolano, Hugo Chávez. "No estoy conforme porque hubo conflicto. Me hubiese sentido conforme si todos hubiéramos cumplido con lo que estaba firmado. Me hubiera gustado no tener razón y que esto no hubiera ocurrido", insistió la mandataria.

La sentencia puso punto final a la controversia jurídica originada en la denuncia del gobierno de Néstor Kirchner, en mayo de 2006, contra Uruguay, al que acusó de haber violado el Estatuto del Río Uruguay con la autorización inconsulta de la instalación de la pastera Botnia.

La Corte Internacional sentenció que "la constatación de la violación [de Uruguay] por parte de la Corte" debe constituir "una satisfacción apropiada" para la Argentina.

El gran mensaje subyacente de los jueces fue, sin embargo, que ambos países deben recomenzar a trabajar juntos y, sobre todo, asumir juntos la preservación del río Uruguay.

"El fallo de la Corte ha garantizado el retorno a la cooperación histórica que existió entre nuestros dos países en el cuidado del medio ambiente y específicamente del río Uruguay", declaró la representante legal de la Argentina, embajadora Susana Ruiz Cerutti, inmediatamente después de la lectura de la sentencia.

Por 13 votos contra 1, la Corte afirmó que "la República Oriental del Uruguay no respetó las obligaciones de naturaleza procesal que le incumbían en virtud de los artículos 7 al 12 que regulan el estatus del río Uruguay desde 1975". Uruguay no consultó a su vecino antes de autorizar el emplazamiento y la construcción de la pastera y la terminal portuaria que, con US$ 1100 millones, constituye la principal inversión extranjera en la historia uruguaya.

El contenido perentorio de esa primera parte del veredicto, leído en medio del silencio casi sepulcral de la austera sala de audiencias de la Corte, sobrecogió al escaso público y los medios de comunicación que asistían a la sesión.

"Uruguay no tenía derecho de autorizar la construcción de la usina ni del puerto", sentenció el vicepresidente de la CJI, el eslovaco Peter Tomka, al término de casi tres horas de lectura de considerandos y decisiones parciales.

Vestido de rigurosa toga negra, iluminada por una corbata blanca de encaje plisado, Tomka estaba flanqueado en el tribunal por otros 13 jueces, siete sentados a su derecha y seis a su izquierda. Los jueces ad hoc presentados por las partes ocupaban ambos extremos de la mesa.

Cerutti se congratuló del contenido de ese fallo, "que va mucho más lejos" de lo que esperaba. A juicio de la diplomática, la conclusión práctica más importante es que no va a haber más pasteras de Uruguay sobre el río sin consultar a la Argentina.

Pero el optimismo argentino ocultaba el hecho de que la CJI no siguió al país en ninguna de sus reivindicaciones de fondo. Los jueces desestimaron la pretensión argentina de recibir indemnización por supuestos daños y perjuicios a sus industrias turística y agrícola. También hicieron oídos sordos al pedido de relocalizar la planta de UMP (ex Botnia), argumentando la "falta de evidencia" de contaminación del río Uruguay, y se declaró incompetente en cuanto a una eventual contaminación visual y sonora.

Buenos Aires, que interpuso su demanda ante la máxima instancia judicial de la ONU en 2006, esperaba que el tribunal estimara que la planta está contaminando el río y ordenara su demolición y relocalización. La planta está capacitada para producir más de un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa. Montevideo defiende, por su parte, la inocuidad de la planta, que en diciembre fue transferida por la empresa finlandesa Botnia a su compatriota UPM.

En un sentido más amplio, se podría incluso afirmar que la decisión de la CJI sanciona el statu quo en la zona de Fray Bentos y exige que ambos países trabajen juntos de ahora en más para evitar una eventual contaminación futura.

"Si bien la Corte fue durísima al condenar a Uruguay, todo hace pensar que lo hizo de esa forma para poder decir después a la Argentina «nada cambiará». El gran objetivo de los jueces fue hacer entender a ambos países que lo mejor que pueden hacer es olvidar los enfrentamientos y volver a trabajar juntos", analizó el argentino Nicolás Baya Lafitte, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de París (Sciences Po) y especialista en estudios sociales de las ciencias y la tecnología.

La reacción de los delegados uruguayos contrastó con la manifiesta satisfacción argentina. Los miembros de la comitiva, encabezada por el embajador ante Holanda, Carlos Mora Medero, rehusaron comentar la decisión de la Corte. La interpretación llegó poco después desde Montevideo, donde el canciller Luis Almagro expresó "la más amplia disposición" a transitar caminos de "entendimiento, desarrollo y diálogo" con la Argentina.

"La Corte nos ha llamado la atención a ambos países, señalando que tenemos la obligación de dar vuelta la página y volver a trabajar juntos por el futuro", dijo a LA NACION el dirigente del Partido Independiente Heber Gatto cuando abandonaba el Palacio de la Paz tras la sentencia.

Después de cuatro años de enfrentamientos, ambos países parecían ayer decididos a transitar el camino de la reconciliación. Más allá de los triunfos o los reveses, el fallo de la Corte de La Haya parece haber tenido el mérito de crear en la conciencia de unos y otros la necesidad de un ineludible consenso.

LA DEFINICION DE LA CORTE INTERNACIONAL

PRIMERA DECISION

13 a 1

El estatuto
Casi por unanimidad, la Corte resolvió que Uruguay ha faltado a las obligaciones procesales que le competen por el Estatuto del Río Uruguay.

SEGUNDA DECISION

11 a 3

La contaminación
La Corte sentenció que Uruguay no incumplió sus obligaciones de fondo, relacionadas con el cuidado ambiental del río.

TERCERA DECISION

14 a 0

Las otras demandas
Los jueces rechazaron de plano los reclamos relacionados con la relocalización de la planta, la contaminación visual y auditiva, y los pedidos de resarcimiento económico por la supuesta caída del turismo.

PUNTOS CENTRALES

• "Las obligaciones de informar, de notificar y de negociar constituyen un medio apropiado, aceptado por las partes, para lograr el objetivo que ellas se fijaron en el artículo primero del estatuto. Uruguay incumplió esa obligación."

• "No está establecido que los efluentes de Botnia hayan excedido los límites fijados por las normas."

• "No hay evidencia que apoye el alegato argentino de que la planta de Botnia no cumple con las mejores tecnologías en términos de efluentes."

• "Ordenar el desmantelamiento de la planta de Orion (Botnia) no va a constituir un remedio apropiado."

• "Ningún artículo del Estatuto de 1975 aborda la cuestión de la contaminación visual."

• "Uruguay debe continuar monitoreando la planta y asegurar el cumplimiento del estatuto, a través de la CARU."

Por Luisa Corradini

---

Conforme a