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La Iglesia podría aceptar una reforma del obispado castrense
La anulación del convenio con el Vaticano sí generaría un serio conflicto
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LA NACIONDaniel Gallo
La voluntad que expuso en los últimos días el Gobierno para eliminar el obispado castrense fue sentida, como pocas veces en estos tres años de conflicto, entre quienes conocen la tarea de los capellanes en las Fuerzas Armadas.
Aunque no existen negociaciones en curso, fuentes bien informadas aseguran que es posible un camino intermedio para destrabar el problema: una reforma completa en la tarea de contención religiosa de los militares para sumar a otros credos en la tarea.
Realizar ceremonias ecuménicas; eliminar el sostén económico de fondos públicos (unos 380.000 pesos al año); una clara separación del Estado y la Iglesia; la redefinición de la cantidad de capellanes, y el trabajo por hacer para dar contención espiritual a los integrantes de las Fuerzas Armadas serían puntos que no rechazarían las autoridades religiosas si el Gobierno pide una revisión del acuerdo con el Vaticano para crear el obispado castrense.
"La idea, más que prohibir la religión, debería ser dirigida a una mayor apertura. En lugar de pensar en discriminaciones, podrían asegurarse los derechos de todos, tanto de los no creyentes como de los creyentes. Hoy, los propios capellanes consiguen al pastor evangélico cuando un militar se lo pide, así que no se encontrarían trabas al respecto por parte de la Iglesia", afirmó un habitual confidente de sacerdotes.
Diferente podría ser el caso si se procede directamente a la anulación por decreto de esa sede religiosa. Por lo pronto, se trataría de una situación sin antecedentes en el mundo. No hubo otro ordinariato castrense que fuese cancelado por decisión de un gobierno. Ni siquiera el presidente venezolano, Hugo Chávez, con habituales choques con los obispos de su país, abolió el trabajo pastoral de la Iglesia con los militares.
Nadie aventura cómo seguiría el tema si se cancela ese obispado. "Seguramente, el papa Benedicto XVI daría las instrucciones de cómo continuar, porque, por más que existiera una decisión política, los fieles seguirán estando y los curas, también; un decreto no puede eliminar el trabajo pastoral", asegura un hombre con muy buenas relaciones con la Iglesia.
El Gobierno analiza en estas horas la posibilidad de desconocer el acuerdo con el Vaticano como contrapartida a la no aceptación de Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia, como embajador argentino en la Santa Sede por su condición de divorciado.
Complicaciones
Informalmente, la Casa Rosada deslizó que podía eliminarse el obispado castrense por decreto o por ley, con intervención de los legisladores. Pero el proyecto de ley ingresado el año último en el Congreso prohíbe los temas religiosos en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de seguridad. Eso suscitaría otro problema.
El obispado castrense abarca la tarea religiosa en la Gendarmería y en la Prefectura. Sin embargo, la Policía Federal cuenta con una capellanía propia que, por la ley orgánica que creó esa fuerza, la determina como División Clero Policial. El nombramiento del capellán general se produce por un acuerdo entre el jefe de la Policía Federal y el arzobispo de Buenos Aires; de esa manera, entra en la directa órbita del cardenal Jorge Bergoglio.
Las policías provinciales también tienen capellanías mediante convenios con obispados locales.
En la Argentina, unos 170 sacerdotes forman parte del obispado castrense. Sólo 40 tienen dedicación exclusiva a los fieles del ámbito militar; el resto se conforma con titulares de parroquias cercanas a los cuarteles. "Los militares ya van a la Iglesia del barrio", comentó a LA NACION un hombre que sabe cómo es la vida religiosa de los uniformados.
Es más: se asegura que parte de la labor de asistencia espiritual de los capellanes pasa por la inserción de los militares en la comunidad civil que rodea a las guarniciones. También se realiza un trabajo de ayuda social con soldados que no tienen recursos para alojarse en Buenos Aires cuando deben asistir a algún familiar internado en los hospitales castrenses.
Si prosperara el proyecto de ley para eliminar el obispado castrense, deberían quitarse las imágenes religiosas. El retiro del cuadro de Videla del Colegio Militar no es comparable con quitar estatuillas de la Virgen, menos con las obligadas ceremonias religiosas que deberían realizarse antes de abandonar los altares consagrados.
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