La Justicia acelera un pedido de Cristina Kirchner para anular la causa del Pacto con Irán

Con una audiencia oral que podría tener lugar antes de la feria judicial, la Justicia aceleró un proceso que puede declarar nula la causa en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de encubrir el atentado a la AMIA, a partir de la denuncia que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

En un intento de evitar la audiencia, los familiares de víctimas de la AMIA Luis Czyzewski y Mario Averbuch recusaron a los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini, y al fiscal Marcelo Colombo, para que se aparten.

Los jueces argumentaron el viernes pasado que las razones esgrimidas en la recusación no son causales previstas en el Código. Además, enviaron ese reclamo a que sea resuelto por otro tribunal oral y, mientras tanto, siguen adelante con la audiencia de nulidad que pretende Cristina Kirchner.

En cuanto a la recusación del fiscal Colombo, debe resolverse en otra audiencia “de juicio oral y sumario” que el tribunal citó para el miércoles 7 de julio.

Una vez despejados estos problemas, hay voluntad de hacer la audiencia sobre la nulidad la semana siguiente, antes de la feria judicial de invierno, que comienza el 19 de julio. No está confirmada la fecha de esa audiencia, pero los jueces están sincronizando calendarios para hacerla de manera virtual lo antes posible. Puede durar uno o dos días, dado que son 11 acusados, y muchos de ellos, incluida Cristina Kirchner, podrían querer hablar personalmente. El argumento del tribunal es que no quieren embarcarse en un juicio extenuante, con 300 testigos, 50 cuerpos, años de duración, complejo y de alto voltaje político, sin antes analizar estas cuestiones que plantean las defensas.

Así lo sostuvo la jueza López Iñíguez al rechazar su recusación y defender la decisión de convocar a una audiencia oral. Dijo que esta iniciativa “recoge la necesidad de que las dudas planteadas por las personas imputadas a partir de hechos sobrevinientes [las visitas a Mauricio Macri por parte de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos] sean despejadas con anterioridad al despliegue del enorme esfuerzo que implica la puesta en marcha de un debate en una causa de más de cincuenta cuerpos, con más de trescientos testigos admitidos, once imputados, y dos querellas (además, claro está, del Ministerio Público Fiscal) a lo que se aduna la innegable trascendencia de su objeto procesal, en fin con la enorme complejidad que todo ello supone”.

Las querellas, en cambio, dijeron que es un armado político para que Cristina Kirchner saque partido, como hizo en la causa del dólar futuro, donde fue sobreseída tras una audiencia pública en la Cámara de Casación.

La denuncia de encubrimiento proviene del fiscal Alberto Nisman, quien la presentó cuatro días antes de aparecer muerto en su casa, el 18 de enero de 2015. Según sostuvo, la firma del pacto con Irán iba a hacer caer los pedidos de captura internacional contra los iraníes sospechosos.

Esa denuncia estuvo dormida dos años, sin avanzar hasta que fue reabierta por la Cámara de Casación con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa. Tras ese fallo fueron procesados y tienen procesamientos firmes Cristina Kirchner, y otros 10 imputados, entre los que se cuentan Carlos Zannini, Andrés Larroque o Luis D’Elía, entre otros.

El caso fue elevado a juicio, pero antes de que comience Cristina Kirchner pidió ser sobreseída, que se anule toda la causa y que el juicio nunca se haga. El pedido va más allá, pues una vez que obtengan el fallo que esperan y que quede firme, el abogado Alberto Beraldi pidió que la Justicia y el Consejo de la Magistratura analicen la actuación de estos jueces a los que ahora señalaron. Les endilga haber tenido “una conducta delictiva de gravedad institucional”.

Lo mismo pidieron el resto de los acusados. Los cuestionamientos se centraron en las denuncias que realizó el ahora ministro Martín Soria, entre otros, acerca de que los jueces Borinsky y Hornos ingresaron a la quinta de Olivos, el primero, y a la Casa Rosada, el segundo, cuando Mauricio Macri era presidente.

Ante este pedido de nulidad, y con la anuencia del fiscal Colombo, los jueces del tribunal oral convocaron a una audiencia pública donde los 11 acusados puedan argumentar sobre la nulidad de la causa. Y a pedido de las partes pidieron alguna documentación para tener a la vista en esa audiencia, donde se juega el futuro de la causa.

El eje de los cuestionamientos de las defensas es que no fueron juzgados por jueces imparciales y centran sus planteos en las visitas a Macri, donde suponen que se acordaron los fallos que determinaron la reapertura del caso. También cuestionan que los jueces no se hubieran apartado de este caso, que hubieran resuelto en un proceso paralelo reabrir la causa, y señalan también que no eran los jueces naturales de la causa. Los relaciona con las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de seguir adelante con la denuncia de Nisman.

El planteo de Beraldi es un compendio de lo que el kirchnerismo llama la persecución sufrida en la era Macri. Enumera todas las causas contra Cristina Kirchner, las tareas de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la AFIP y hasta la AFI en el espionaje ilegal sobre propios y extraños. Las detenciones de los exfuncionarios por casos de corrupción, las denuncias contra jueces en el Consejo de la Magistratura y la mención de la mesa judicial de cambiemos.

Del otro lado, la querella señala que los fallos que permitieron reabrir el caso están firmes, fueron confirmados por la Corte, y fueron también firmados por la jueza Figueroa, a la que no se la puede tachar de macrista, que las presiones que denunció la magistrada se refieren a la causa de la constitucionalidad del memorándum, señalan que no correspondía dejar el caso en manos de la Sala II de la Casación (como se decidió en 2006 con todas las causas ligadas al caso AMIA), porque esta causa es por encubrimiento y no sobre el atentado en sí.

Pero el meollo del asunto son las visitas a Macri que Cristina Kirchner dice que son contemporáneas de hitos de este caso. Borinsky y Hornos dijeron públicamente que esas visitas se referían a la redacción del nuevo Código Penal, en el primer caso, y por una relación social y para hablar de cárceles, en el segundo. Hay denuncias penales y ante el Consejo de la Magistratura por esas visitas, pero en ambos procedimientos no hubo ninguna conclusión.

Beraldi argumentó que en otro expediente pidió que se constatara si registraba visitas a Olivos, pero no le hicieron lugar a esa prueba, por lo que ahora señala que le ocultaron ese asunto adrede. Asimismo, dijo que hubo una maniobra de forum shopping porque se reabrió la denuncia de Nisman merced a una causa paralela que los propios Borinsky y Hornos validaron. La querella contesta que estas decisiones fueron convalidadas por la Corte.

Este es el asunto que tienen en sus manos ahora los jueces López Iñíguez, Obligado y Michilini. Una nulidad en esta expediente podría tener consecuencias sobre esta causa y sobre los jueces denunciados, pero también puede impactar en otros expedientes que enfrenta Cristina Kirchner.