La Justicia avanza en la investigación de funcionarios del Ministerio de Industria
El juez federal Sebastián Casanello pidió informes a la AFIP y la IGJ sobre 15 sociedades investigadas por el reparto discrecional de subsidios
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La Justicia pidió informes a la AFIP y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre 15 sociedades investigadas en la causa por el supuesto reparto discrecional de subsidios en el Ministerio de Industria de la Nación, por una investigación publicada en LA NACION .
Esta acción se tomó entre otras medidas de prueba ordenadas en la causa penal iniciada por la diputada nacional Elisa Carrió.
En sendos oficios enviados a la AFIP y a la IGJ, el juez federal Sebastián Casanello pidió la "totalidad de los antecedentes" y "copia de los legajos de sociedades" de las firmas Laboratorio Morgan SA, Meycampcord SA, Indecar Maquinarias SA, Construcciones Lorest SA, Inmuideas SA, Grupo Salud Sa, Verdes del Interior SA, Aceitera Patagonica SA, Medipack SA, Logistica SGR Sa, American Salud SA, Indecar Baumer SA, Indelu SA, Aceitera Areco SA e Intertec Sa, informaron fuentes judiciales.
Además se libró oficio al rectorado de la Universidad de Buenos Aires para que informe si posee "convenios con el Ministerio de Industria para el otorgamiento de subsidios por la fabricación de bienes de capital" y que, si es así, se envíen al juzgado.
Al Ministerio de Industria se requirió informar si posee "planes de estímulo por los cuales se otorgan subsidios y en caso afirmativo se remita la normativa y o convenios". Además, el juzgado pidió a la Oficina Nacional de Contrataciones que indique si esas firmas están registradas como proveedoras del Estado.
Casanello quedó a cargo de la causa tras la denuncia penal presentada por la diputada Elisa Carrió y que impulsó el fiscal federal Gerardo Di Massi. La denuncia se basó en la nota periodística publicada en LA NACION el 8 de octubre pasado bajo el título "Funcionarios de Industria reparten subsidios a sus propias empresas" y que fue adjuntada por Carrió.
La investigación
En octubre de este año LA NACION publicó una nota en la que denunció que funcionarios del Ministerio de Industria que deciden el pago de subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital son, al mismo tiempo, los dueños de un conglomerado de empresas destinatarias de esos fondos. Así lo demostraron documentos comerciales, copias de expedientes administrativos, registros informáticos y memorándum internos que LA NACION cotejó durante los últimos meses.
La operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de parte de los involucrados, todos ellos asesores o agentes vinculados con la cartera que conduce Débora Giorgi y, al mismo tiempo, en algunos casos, profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es el costado más oscuro del régimen de reintegros a la producción de bienes de capital, compensación con la que el Gobierno busca incentivar anualmente a las empresas del sector.
Esos bonos, que el Estado ofrece desde 2001 para saldar la desventaja que supone haber sacado los aranceles de importación, son reintegros de 14% en las ventas de lo que fabrican las empresas.
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