La Justicia condenó a Cristóbal López a pagar más de 150 millones de pesos por impuestos impagos

Cristóbal López alterna buenas y malas. Tras quitarse de encima una causa en el fuero en lo penal económico por impuestos y aportes impagos gracias a la moratoria que impulsó el Gobierno, ahora lo condenaron a pagar $154,4 millones de capital adeudado, más intereses resarcitorios y punitorios, por otros impuestos impagos.

El juez federal de Ejecuciones Fiscales, Carlos Faggi, concluyó que López debe afrontar sus deudas por el impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a 2019 y 2020, con más intereses y costas, tras rechazar los planteos del empresario patagónico contra el reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Tanto la defensa de excepción de inhabilidad de título basada en la imposibilidad de pago, como el pedido de suspensión de las actuaciones deben ser desestimados por completo”, determinó el juez, que rechazó el planteo con imposición de intereses -que podrían rondar los $23 millones- y costas.

Al exponer sus argumentos, López había reconocido la existencia de la deuda, pero dijo que se encontraba imposibilitado de afrontarla. Recordó que le pidió autorización al Tribunal Oral Federal para que le dejara pagar sus impuestos, lo que le fue negado, y que apeló y cosechó otro rechazo en la Cámara de Casación Penal.

“Resulta inadmisible –remarcó- que la misma Justicia pretenda por un lado privarme del pago [de las obligaciones tributarias] mediante el decreto de medidas de carácter preventivo [por los embargos en sede penal] y por el otro, mande a llevar adelante su ejecución cuando justamente el incumplimiento se deriva de otra manda judicial”.

Por ese motivo, López reclamó que se suspendiera la ejecución del reclamo de la AFIP, tras sostener que sufrió una “grave persecución del Poder Judicial” que lo llevó a estar detenido durante tres años, además de sobrellevar el congelamiento de todo su patrimonio y bienes, y alegó que fue eso lo que le impidió pagar sus impuestos.

El planteo de la defensa chocó, no obstante, con la posición de la fiscalía, que argumentó que la legislación vigente no habilitaba al ejecutado -en este caso, López- a suspender o extinguir el cobro de una deuda líquida y exigible porque la ley no prevé una causal para eso, planteo que compartió el magistrado.

Una larga pelea con la AFIP

La sentencia significó para López un capítulo más en una disputa que mantiene con la AFIP en los tribunales, donde el organismo tributario le reclama más de $525 millones en impuestos impagos durante los últimos años.

Al defenderse en los tribunales, López siempre reconoció sus deudas fiscales, pero responsabilizó al propio Estado por su imposibilidad de abonar esos impuestos en tiempo y forma, con el argumento de que la justicia penal trabó todos sus fondos como parte de lo que volvió a calificar de una persecución liderada por el entonces presidente Mauricio Macri.

En los años anteriores, la AFIP también avanzó contra el otro socio del Grupo Indalo, Fabián de Sousa, al que le inició al menos tres ejecuciones fiscales, aunque los montos reclamados fueron mucho más bajos, por cerca de $17 millones más intereses.

En todos los casos, la AFIP pidió que se oficiara al Banco Central para que la entidad dispusiera, a su vez, avanzar sobre las cuentas bancarias de los empresarios, sus cajas de seguridad “y/o cualquier otro fondo o valor del cual resulte titular o cotitular”.