La Justicia federal aceptó un amparo contra el Gobierno por el estado de la Ruta 151
La medida había sido planteada por el gobernador de Río Negro ante la falta de obras de mantenimiento y el riesgo de accidentes
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia Federal reconoció la acción de amparo colectivo presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y cámaras empresariales para garantizar la seguridad en la Ruta Nacional 151.
Hace dos meses, el gobierno de Río Negro había denunciado a la gestión de Javier Milei por la falta de obras. Ahora, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, aceptó el amparo y definió avanzar en “los tramos específicos de la ruta incluidos en la cautelar solicitada, para evaluar la necesidad de obras de conservación hasta la sentencia definitiva”.
El juez también pidió la participación de peritos de parte, “para producir luego un examen científico que precise tanto las medidas requeridas como las defensas planteadas por la demandada”.
El gobierno provincial, la Defensoría del Pueblo, intendentes de diversos municipios y entidades empresariales habían advertido sobre el “deplorable estado” de la Ruta Nacional 151.
“Agotamos todas las instancias, solo nos quedó la vía judicial. El estado calamitoso de la Ruta Nacional 151 es un símbolo del abandono del gobierno nacional hacia el interior productivo del país”, afirmó Weretilneck. Y agregó: “Basta de abandono. La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no”.
Luego de que se aceptara el amparo, el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, señaló que “es un paso indispensable para dejar en evidencia la gravedad del abandono de la Ruta 151 y exigir medidas urgentes que resguarden la seguridad de los rionegrinos”. Pérez Estevan añadió: “El propio Estado Nacional reconoció que en dos años no ejecutó obras sustanciales y que lo hecho hasta ahora es claramente insuficiente. Esa confesión deja en claro que la provincia tenía razón al plantear esta acción judicial”.
Además, el Fiscal de Estado sostuvo que Río Negro no se va a resignar a que la desidia nacional ponga en riesgo vidas humanas: “Vamos a seguir insistiendo hasta que se ordenen las obras mínimas de conservación y se cumpla con el deber básico de garantizar rutas seguras. Llevamos meses reclamando medidas mínimas mientras la causa se demora en trámites que no se condicen con la urgencia del caso. El amparo no puede transformarse en un juicio ordinario: la Justicia debe actuar rápido porque está en juego la vida de quienes transitan todos los días esta ruta”.
La acción de amparo colectivo, presentada ante el Juzgado Federal de General Roca, fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, los intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, así como por cámaras empresariales de las localidades afectadas.
“Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas”, indicó Weretilneck.
Desde el inicio, la intención del amparo fue que la Justicia exigiera a Vialidad Nacional un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa. Se trata de una ruta muy utilizada también por los turistas que viajan a la Patagonia, especialmente en verano.
Entre los puntos centrales de la presentación se detalló que el estado de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, la educación (afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2300 docentes de 70 escuelas), así como actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, esta última vinculada a la producción del 72% del petróleo y el 42% del gas.
La demanda también subrayó la desnaturalización del régimen de financiamiento vial: advierten que, pese a existir recursos específicos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles que debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, “esos fondos han sido desviados, dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso”.
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