La Justicia investiga a De Vido por sobreprecios en el edificio de Evita

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quedó en la mira de la Justicia por las irregularidades en la licitación para remodelar el edificio de Evita. La causa quedó a cargo del juez federal Sergio Torres luego de que el fiscal Carlos Stornelli radicara una denuncia por presunta administración fraudulenta de fondos públicos.

El fiscal también pidió una investigación sobre el rol del secretario de Obras Públicas, José López, por haber digitado una serie de decisiones que podrían haber beneficiado a Teximco, ganadora de la obra que costó $ 110 millones.

La denuncia de Stornelli fue realizada a partir de una serie de notas publicadas entre el 6 y el 10 de marzo por LA NACION.

La obra atravesó un proceso inusual: López anuló la licitación para "reducir costos", pero luego, en un segundo concurso, concedió un aumento de $36 millones en el presupuesto. En la primera licitación, la firma Bricons-Lanusse había hecho la mejor oferta al proponer realizar la obra por $ 87.777.014, pero el Ministerio de Planificación lo rechazó por considerarlo elevado. Semanas después, el ministerio le adjudicó la obra a Teximco SA por un total de $110.500.605.

Además, este medio reveló maniobras realizadas por los funcionarios durante el proceso. Fueron dos resoluciones oficiales las que, en lo formal, cambiaron el rumbo del concurso que culminó con un extraño aumento del 49% en el presupuesto. Por un lado, Planificación cambió las condiciones para participar del proyecto. Por el otro, aceleró los plazos para hacer la adjudicación y dejó afuera a una de las firmas que quería presentarse.

El primer y el segundo pliego presentaban textos iguales, con una excepción: se agregó como requisito que las firmas interesadas debían contar con "antecedentes en obras de restauración de edificios declarados Monumento Histórico Nacional", elemento que no había sido contemplado en un principio. Teximco, ganadora de la obra, era la única de las oferentes que contaba con ese beneficio.

"Dicha condición podría haberla colocado en un lugar privilegiado por parte de los funcionarios que llevaron a cabo dicho expediente, resultando llamativo que sólo obrara una oferta de quien resultara luego adjudicada", sostiene Stornelli en su denuncia.

La celeridad con que se concretó el proceso fue el otro motivo que desconcertó a las empresas. Desde que se ordenó revocar la primera licitación hasta que se adjudicó la obra pasaron 78 días.

La investigación de LA NACION