La oposición reclama ampliar las audiencias públicas por la reforma de la ley de Glaciares
Ante la avalancha de pedidos de participación, la oposición solicita sumar nuevas jornadas de debate; inquietud del oficialismo por la suerte de un proyecto clave para Milei
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LA NACION
La Cámara de Diputados se apresta a instalar un récord: en apenas una semana, 18.000 personas se anotaron para participar de las audiencias públicas convocadas para debatir la reforma de la ley de Glaciares, iniciativa que desata un interés tal que incluso supera al que en su momento despertó la ley de despenalización del aborto, que convocó en total a 800 expositores.
Ante esta avalancha de pedidos de participación, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) solicitó hoy, mediante nota remitida a las autoridades de la Cámara baja, que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencia públicas. En principio, éstas fueron programadas para el 25 y 26 de este mes: la primera jornada de manera presencial y la segunda, de carácter federal, con la modalidad virtual.
El oficialismo sospecha que semejante cantidad de solicitudes de participación tiene como objetivo demorar la aprobación de la reforma, la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien la semana pasada accedió, a pedido de la oposición, a convocar a audiencias públicas para cumplir con las normas y tratados internacionales vigentes -y, así, evitar una posterior judicialización de la norma-, lo cierto es que no parece dispuesto, a priori, a modificar el cronograma previsto. Su intención es llevar la iniciativa al recinto después de Semana Santa.
“Entendemos que las condiciones actualmente previstas para la audiencia pública no satisfacen el ejercicio efectivo del derecho a la participación pública reconocido por el Acuerdo de Escazú -advirtió el diputado Ferraro-. En consecuencia, solicitamos que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo”.
El legislador señaló que limitar el acceso a la palabra de un número reducido de expositores “no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática” y advirtió que “un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú”.
En el oficialismo no disimulan su inquietud ante esta situación. “Queremos garantizar a todos la participación en este debate, pero con 18.000 personas ya anotadas no hay foro ni capacidad posible para llevar adelante una audiencia pública”, indicó un legislador libertario, quien no descartó que se trate de una maniobra para “sabotear” el tratamiento de la reforma.
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