La otra crisis que amenaza a Axel Kicillof
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
La provincia de Buenos Aires tiene 45.000 presos en cárceles que tienen capacidad para 24.000 y, en el mejor de los casos, considerando la "capacidad adaptada", para 28.000. Tiene además 3800 detenidos en comisarías. Los peores números de la historia. Con este escenario, a una amenazante crisis humanitaria se suma un dilema político: el gobierno de la provincia no tiene intenciones de aparecer promoviendo liberaciones en masa.
En el gabinete de Axel Kicillof coinciden en que hoy no hay "clima" para impulsar leyes que faciliten las excarcelaciones o reduzcan las penas. Tienen suficientes problemas con la crisis económica y el riesgo de default. Por eso, este mes el gobierno bonaerense rechazó expresamente la idea, adjudicada a la Comisión Provincial de la Memoria, de promover la liberación de entre 10.000 y 15.000 presos.
A nivel nacional, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, tampoco querría ver su nombre asociado a una ola de liberaciones. Losardo no es Sabina Frederic. En el Frente de Todos abundan las diferencias ideológicas y este es un tema que las deja a la vista. "No hay otra. En algún momento va a haber que cambiar las leyes", dijo esta semana a LA NACION un funcionario de la línea más progresista. Todos coinciden, no obstante, en que ni el gobierno nacional ni el provincial van a hacerlo ahora.
¿Cómo se resuelve entonces esta crisis? Es un problema que recae, centralmente, en el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. Con décadas en la política, sabe que tiene enfrente una granada sin seguro y está en gestiones permanentes con la Justicia de la provincia. La Suprema Corte bonaerense y la Casación ya instaron a los magistrados a hacer un "uso racional" de las prisiones preventivas y a morigerar en lo posible las detenciones.
En la misma línea, el procurador Julio Conte Grand, que antes de ser el jefe de los fiscales bonaerenses fue secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal, firmó en las últimas semanas dos resoluciones que refuerzan las atribuciones de los fiscales para analizar en cada caso concreto si realmente es necesaria la prisión. Cuando Kicillof llegó al gobierno, un sector del kirchnerismo duro presionaba para conseguir la renuncia de Conte Grand. Ahora, ya no se habla del tema. El oficialismo está muy lejos de tener los votos para iniciarle un juicio político (su cargo es vitalicio), él no tiene planes de renunciar, Alak nunca quiso avanzar en su contra y quienes sí querrían tienen peleas más urgentes que dar.
Pero más allá de los diálogos –de la "mesa" oficial o informales-, las decisiones sobre la suerte de acusados y condenados la tienen los jueces. Y el Poder Ejecutivo tienen que alojar a los presos. La salida obvia, si las cárceles no alcanzan, es construir más cárceles. Pero si el número de internos no baja, habría que duplicar los establecimientos que existen hoy. Con obras como el nuevo penal de Lomas de Zamora y las ampliaciones de Florencio Varela y La Plata, con suerte, van a sumar 1400 plazas, estiman.
Las tobilleras no alcanzan
Ante este escenario, la esperanza está puesta en los sistemas de vigilancia electrónica: las tobilleras. Es una opción que muchos jueces aceptan como alternativa y que en el gobierno supera la grieta ideológica. Hay dos modalidades: con GPS, que permite el seguimiento de quien la tiene puesta, y de radiofrecuencia, que suena cuando quien la lleva se aleja de la base, ideal para arresto domiciliario. 7000 tobilleras le pidió Alak a Losardo.
El gobierno provincial tiene hoy en uso unas 2000. El nacional tiene 2950 contratadas (940 las destinó al sistema federal, 400 se las dio a la provincia de Buenos Aires y el resto, a las demás provincias) y no tiene forma, dicen en la Nación, de conseguirle esas 7000. En primer lugar, porque el sistema federal tiene su propia superpoblación -es en otra escala, no llega al 20%, según fuentes oficiales-, pero además por un motivo presupuestario.
Dos semanas antes de dejar el poder, el gobierno de Mauricio Macri aprobó la licitación pública para la contratación de "hasta 6000 servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico" por dos años a la firma Surely SA "por un importe de hasta 4.298.280.000 pesos, aproximadamente 980 pesos por día". Hoy en el oficialismo advierten que no puede ejecutarse lo resuelto porque esos fondos no están.
"Se le hace saber que su pedido de incorporación quedará pendiente hasta tanto se cuente materialmente con los dispositivos licitados", le contestó esta semana el Ministerio de Justicia a un juez que había pedido tobillera para un acusado que hoy cumple prisión preventiva. Va a tener que esperar. Tiene cientos de pedidos antes que el suyo. "La asignación de los nuevos dispositivos se hará dando prioridad a aquellas personas que se encuentren en particulares condiciones de vulnerabilidad y detenidas en una unidad carcelaria", le avisó. Primero, mujeres embarazadas, madres con niños pequeños y personas enfermas que ya estén en cárceles.
La última reforma del Código Procesal Penal de la Nación prevé expresamente, como alternativas a la prisión preventiva, "la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo de electrónico de rastreo" y "el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga". Otro motivo de la demanda creciente de tobilleras es que cada vez son más los jueces que, cuando ordenan un arresto domiciliario, lo hacen con el requisito de que sea con tobillera (y a veces, con tobillera y consigna policial). Ningún juez penal quiere ver su nombre en la televisión, señalado como el responsable de haber sacado de la cárcel a quien después mató o hirió gravemente a alguien.
En el caso del Poder Ejecutivo, al temor por la situación intramuros y la preocupación por la mirada interna se suma la necesidad de responder a la fiscalización externa. En marzo, la Argentina va a recibir una nueva visita de expertos de Naciones Unidas en lucha contra la tortura, que van a poner el foco en la situación carcelaria, un tema en el que los organismos internacionales llaman la atención del país desde hace ya muchos años. Esta vez, el oficialismo podrá decir que acaba de llegar al poder, que al problema lo heredó, pero necesitará un plan porque esta visita no va a ser la última.
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