La primera semana de Soria en Justicia exhibe sus planes y sus limitaciones

Los movimientos de Martín Soria en su primera semana como ministro de Justicia permitieron esbozar los lineamientos de su gestión y al mismo tiempo las limitaciones a las que se enfrenta para conseguir sus objetivos. Ante la falta de fuerza política para provocar cambios institucionales, Soria prefirió la embestida mediática contra los jueces que no son afines y la reiteración de las denuncias de lawfare, claro que un tono mas abajo de las críticas que descargó el presidente Alberto Fernández.

Las últimas 24 horas ambos se subieron las revelaciones sobre las visitas a la Quinta de Olivos de jueces y periodistas para ver a Mauricio Macri. Fernández afirmó: “Que un juez hable con un presidente no es delito, el problema es que un presidente llame un juez para decirle lo que tiene que hacer o que el juez venga a rendir cuentas de que ha hecho lo que se le pidió. En la institucionalidad uno puede hablar con un juez. Martin (Soria) siguió el caso mucho, porque se metió de lleno en la mesa judicial”, dijo Fernández.

Retomó lo que venía diciendo en la campaña con su lista de jueces en la mira: “El caso del juez Hornos anunciar la medida que iba a tomar, y al día siguiente era tapa de los diarios. Eso sí es gravísimo. Yo en campaña explique que había un circuito en la Justicia penal que empezaba en los fallos de [Claudio] Bonadio [ya fallecido] y de [Julián] Ercolini y seguía en segunda instancia en los fallos de [Martín] Irurzun y [Leopoldo] Bruglia y terminaban en tercera instancia en los fallos de [Gustavo] Hornos y [Juan Carlos] Gemignani. Y cuando uno revisa los casos era un circuito perfectamente urdido, cuidado”, dijo. Bonadio falleció, Ercolini fue objeto de nuevas críticas esta semana, Irurzun fue intimado a renunciar o jubilarse y Gemignani y Hornos denunciados en el Consejo de la Magistratura.

Más allá del análisis político y disciplinario que le cabe al Consejo de la Magistratura por las visitas de jueces a Macri, Soria sumó a la lista de jueces a Mariano Borinsky, compañero de sala de Hornos. Ya hace dos meses habían amagado a ir contra Borinsky, pero había quedado en nada hasta este fin de semana cuando el sitio El Destape publicó sus visitas a la Quinta de Olivos. Borinsky niega cualquier conversación ligadas a casos y en su entorno recuerdan su tarea en la redacción del Código Penal. En el medio pasaron tres cosas significativas: Borinsky firmó el fallo que dejó el caso del espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner y periodistas en Comodoro Py 2002 y no en Lomas de Zamora; hubo condenas en la ruta del dinero K, con la certeza judicial de que la plata que lavó Lázaro Báez provenía de la corrupción en la obra pública y la Justicia debe decidir si habrá juicios en los casos del dólar futuro y el memorándum con Irán contra Cristina Kirchner.

Soria le puso contenido a los registros de entradas y salidas de la Quinta de Olivos. “Se confirma, lamentablemente, el nivel de afectación de la independencia del poder judicial. Es una prueba de la vulneración del Estado de Derecho en el gobierno de Mauricio Macri”, y de paso habló de la “promiscuidad con algunos medios de comunicación”, como si fuera una actividad del lawfare.

“No tengo dudas de que va a haber un escenario jurídico con consecuencias sobre estos hechos que salieron a la luz. Todavía hay que terminar de desentrañar. Tenemos jueces y fiscales entrando a la quinta de Olivos y luego procesando a funcionarios del Gobierno anterior. Es gravísimo”, agregó el ministro. “El Código Procesal Penal establece claramente las reglas para la excusación de un magistrado”, resaltó. Completó el escenario el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, cercano al oficialismo: “Puede caber la figura de cosa juzgada írrita y anularlo”, el fallo contrario. Y adelantó: “El código procesal civil dice que lo que hizo Borinsky es causal de juicio político”.

La estrategia es que quienes fueron afectados por fallos de Borinsky y Hornos (casi todos los kirchneristas en problemas judiciales, desde Cristina Kirchner, Amado Boudou hasta Julio De Vido o Ricardo Jaime), impugnen esos fallos, aleguen que esas sentencias deben ser anuladas y promuevan juicio político a los jueces. Todo con pocas perspectivas de que prospere y siempre con la Corte Suprema como último tribunal en estos casos,

Esta entrevista fue su última actividad oficial de una semana de la que informó en su cuenta de Twitter sobre jura y dos actividades públicas: una reunión con la ministra de Salud, Carlos Vizzotti, para analizar el avance del Covid en las cárceles federales, área bajo su jurisdicción y su intervención en un conversatorio sobre cuestiones de género y Justicia organizado por Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad.

Esta última reunión y sus entrevistas dan una pista sobre algunas ideas que estructuran su tarea. Aunque su gestión parece más determinada por los tuits y declaraciones altisonantes -todo un cambio con respecto a la gestión de la moderada Marcela Losardo-, que por las acciones. Aún no está claro que cuente con el respaldo político para realizar las transformaciones profundas que plantea, ya sea removiendo jueces, cambiando la arquitectura del sistema judicial o promoviendo reformas en el funcionamiento e integración de la Corte Suprema.

En este aspecto cuenta el origen de la llegada de Soria al ministerio. Tras una operación de desgaste continuo desde el Instituto Patria, se dio la salida de Losardo, una albertista pura. Tras una danza de nombres de una semana sin que el presidente se decidiera, se instaló que Soria era un candidato de Cristina Kirchner. Sin embargo, en el kirchnerismo dicen que Soria no era una propuesta suya. En el Gobierno, por otro lado, señalan que Soria es “100 por ciento Alberto”.

Los Soria y los Kirchner desde antaño no se llevaron bien. Carlos “el Gringo” Soria, el padre del ministro, fue designado por Eduardo Duhalde jefe de la SIDE (hoy AFI). Al poco tiempo Néstor Kirchner lo fue a buscar a Duhalde indignado porque decía que Soria lo estaba espiando. Y más aún le reprochaba que tenía una carpeta de su esposa, la entonces senadora Cristina Kirchner, recordaron esta semana en diálogo con LA NACION excolaboradores de Duhalde.

Si esto es así, de todos modos, la gestión de Soria estará monitoreada por el kirchnerismo. Tras la confirmación de su designación, la primera larga reunión, hasta medianoche, la tuvo con Gerónimo Ustarroz, hermano de Wado de Pedro, el ministro del Interior y el hombre del Gobierno en el Consejo de la Magistratura y con Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia. Mena es el hombre de Cristina Kirchner allí, controla todo. Está desde hace 15 años, entró de pasante, fue jefe de gabinete del ministerio y toca la botonera de la gestión.

Mena seguirá en su cargo, al igual que Horacio Pietragalla en Derechos Humanos y María Laura Garrigós a cargo del Servicio Penitenciario.

Pero Soria debe nombrar a los subsecretarios que lo acompañarán. Allí se verá si pone a su gente, deja a la de la era Losardo. Son importantes las personas a cargo de la administración, el dinero, y los que manejen por ejemplo la relación con el GAFI, pues este año la Argentina deber rendir examen sobre sus políticas antilavado.

Públicamente Soria habló solo con medios afines, para descargar críticas contra los jueces, la Corte, el procurador interino Eduardo Casal y reiterar la necesidad de acabar con el lawfare, categoría que el Gobierno utiliza para descalificar las sentencias judiciales que le son adversas a sus funcionarios y ex funcionarios. “Casal es insostenible”, repite. Para que el Gobierno nombre a su Procurador necesita cambiar la ley del Ministerio Público porque la actual le exige los votos de los dos tercios de los senadores y no cuenta con ellos, ni con el auxilio de la oposición. Por eso el Gobierno le dio media sanción en el Senado a una nueva ley que establece que se puede designar Procurador con la mitad más uno de los senadores, exigencia al alcance del oficialismo. Para que esa norma sea aprobada en la Cámara de Diputados son necesarios al menos 8 votos, que el Gobierno no tiene.

Soria dijo públicamente que su tarea será convencer a los diputados aliados del Gobierno que lo apoyen. “Es indudable que hay que buscar el consenso para sacar la ley. Es de imperiosa necesidad debatir este tema. Se está trabajando en comisiones y charlando con la oposición. La idea es buscar los consensos necesarios, abrir el diálogo, pero la idea es avanzar con ambos proyectos”.

Por ahora es solo una declaración. Consultados por LA NACION fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijeron que ellos no están trabajando en eso, sino que su prioridad es “una propuesta para pymes para seguir el tema alivio fiscal”, luego de la aprobación de la ley que reduce el universo de personas que debe pagar impuesto a las ganancias. En el mismo sentido, una fuente del bloque del Frente de Todos, cerca del kirchnerismo, señaló que en “el bloque nadie está con ese tema y que no está en agenda inmediata, la que está dominada por la pandemia”. Un escenario yermo en el que Soria se propone avanzar, en el cual -en otro contexto de menor confrontación- la oposición estaría dispuesta a conversar pero que por ahora aparece en el que Soria quiere avanzar.

Al otro proyecto de ley, el de reforma judicial, aprobado en el Senado con la creación de decenas de cargos de jueces federales en todo el país y otros en la ciudad de Buenos Aires para acabar con el poder de Comodoro Py 2002 todos lo dan por muerto, hasta en el oficialismo.

Soria cuestionó además el funcionamiento de la Corte Suprema, pero al igual que con las leyes, no tiene los votos para hacer nada con ella. Anunció que pedirá una audiencia en la Corte, como lo hacen todos los nuevos ministros de Justicia al asumir. Al Palacio de Justicia aún no llegó ninguna solicitud. Cuando ocurra lo analizarán.

Pero el estilete que puede usar el Gobierno para avanzar contra algunos jueces es la falta de una política de género en el Poder Judicial. Wado de Pedro lanzó el ultimátum a los jueces hace un mes: “O se transforman o se van”, les dijo. En el medio pasaron cosas que agravaron la situación con más femicidios y con actitudes machistas de los jueces.

Por eso es que la primera actividad oficial de Soria fue participar del conversatorio de Gómez Alcorta sobre Justica y Género. Allí descargó sus críticas sobre el juez Juan Carlos Gemignani de la Casación, denunciado en el Consejo de la Magistratura por destratar con comentarios machistas a las mujeres en su día. Es un “bochorno”, le dijo. Y sin olvidar su pasado de intendente, hizo anuncios de ampliar la cantidad de centros de acceso a la justicia y extender a todo el país los consultorios jurídicos gratuitos para casos de violencia de género.

En el Consejo de la Magistratura el Gobierno va a avanzar sobre Gemignani y su colega Gustavo Hornos, denunciado por Soria por sus visitas a Mauricio Macri en la Casa Rosada cuando era presidente. Ahora se suman las visitas de Borinsky a la Quinta de Olivos. Otra vez no tiene el Gobierno el caudal político suficiente para remover a estos jueces, pero sí está dispuesto a rigorearlos, darle latigazos mediáticos cada vez que los tenga a tiro y hacerlos dar explicaciones en el Consejo de la Magistratura. Hasta sancionarlos, pero hasta allí llegan.

Soria se plantea así en sus pocos días de gestión: rebencazos mediáticos, exposición pública de los jueces que a su juicio son parte del armado de causas e injerencia con críticas en las causas judiciales que avanzan contra el kirchnerismo y elogios cuando exponen a los funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri. Sus últimas 24 horas son una demostración exhibición acabada de estas planes, que en lo institucional por ahora se quedan ahí.

Por Hernán Cappiello

• Justicia

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