La reforma laboral de Macri que nunca pudo despegar

Reducir el cálculo de las indemnizaciones o reemplazarlas por un fondo de cese laboral; igualar los derechos y las obligaciones del empleador con los del empleado; promover la figura del trabajador "autónomo" con un régimen especial; reinstaurar las pasantías como vínculo de empleo, y fomentar la tercerización en áreas como seguridad, higiene, informática y transporte, excluyendo al gremio principal de la actividad.

También, restringir la facturación de los sindicatos exclusivamente a la cuota de afiliación. Estos fueron algunos de los ejes del primer intento del Gobierno para reformar la legislación laboral vigente y avanzar en su plan de reducción de costos y plantear nuevas reglas de juego.

Hoy, a tres años de aquel primer intento que se frustró dos veces en el Senado, la Casa Rosada se conforma con dos iniciativas más light: el blanqueo laboral y la creación de una agencia de tecnología médica. Ambos proyectos cuentan con relativo aval sindical, ya que los gremios y sus respectivas cajas serían los grandes beneficiarios. Pero ni siquiera así existen garantías de su progreso. La oposición legislativa no estaría dispuesta a darle un triunfo al macrismo en medio de la campaña electoral.

En el Gobierno fantasean con una suerte de "efecto dominó": si avanza el blanqueo, luego se podría intentar con los puntos más resistidos. Difícil, pero tal vez posible en un eventual segundo mandato. Como atajo, Dante Sica logró que Macri institucionalice una mesa de diálogo con gremios y empresarios, en la que el ministro intentará acelerar reformas sectoriales, como lo hizo con la UOM, donde se convino reducir las jornadas de ocho horas a seis o a cuatro en industrias en crisis. En el mismo sentido se explica la creación del Consejo Asesor, integrado por laboralistas expertos que preparan su primer documento referido al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Una suerte de mensaje para aquellos gremialistas que se rehúsan al avance del tiempo.

En la Casa Rosada hay voces que ensayan una inusual autocrítica cuando revisan el derrotero del proyecto laboral. Afirman que si la iniciativa se hubiera impulsado antes que la reforma previsional, que derivó en violentos incidentes en los alrededores del Congreso, habría sorteado fácilmente el filtro peronista en ambas cámaras. Una lectura improbable.

El blanqueo laboral está empantanado en el Senado, pero todavía no caído. Según los gremios, el proyecto sufrió modificaciones de último momento que no figuraban en el borrador inicial, vinculadas a la deuda de los aportes patronales no realizados. Señalaron a Daniel Funes de Rioja, el representante de los empleadores, como el artífice de la jugada. Funes de Rioja no habría actuado si no es con la venia oficial. El martes que viene la iniciativa podría quedar sentenciada, si la CGT finalmente decide quitarle el hombro.

Lo de la creación de la agencia de tecnología médica viene de la mano. A los gremios los desvela el asunto porque blindaría a sus obras sociales de la ola de amparos judiciales que disponen la cobertura de servicios médicos no cubiertos por el Programa Médico Obligatorio.

El vínculo entre el Gobierno y la CGT , de todos modos, se distendió a partir del decreto presidencial que agilizó recientemente el reparto de $13.000 millones para las obras sociales. Fue una manera de "comprar paz" para evitar que la central obrera se sume al paro general que convocaron Hugo Moyano y sus aliados para fin de mes. Un exfuncionario macrista puso en duda la maniobra oficial y la comparó con el síndrome de Estocolmo: "Yo te doy, pero vos no me hacés paro, y así se genera una complicidad que en algún momento se tiene que cortar".

Sin proponérselo, Moyano y sus laderos de la CTA le dieron una ayuda al Gobierno. Cayeron con críticas feroces contra la conducción de la CGT por haber negociado con Macri y escaparle a la huelga, pero también contra los transportistas por activar un paro un 1° de mayo. Los cuestionamientos llegaron justo cuando en la cúpula cegetista se había dinamizado el debate sobre la posible adhesión a la huelga. Ahora, ya es tema cerrado.

Las críticas de los más combativos apuntaron contra Roberto Fernández, el jefe de los colectiveros de la UTA, el gremio que cuenta con el músculo más vigoroso para garantizar la efectividad de una huelga. Un dato: el transporte urbano de colectivos se lleva $2600 millones mensuales en subsidios. Fernández, que participa de esa negociación con Guillermo Dietrich y que tiene a su hijo a sueldo en el gobierno porteño, sumó hace poco un puente más con el poder: ubicó al abogado de su gremio en el Consejo Laboral, el comité que asesora a Sica en cómo avanzar con la reforma laboral a pesar de los obstáculos legislativos.