La reforma laboral que impulsa el Gobierno será por sectores y por ahora no se prevé un proyecto de ley

Jorge Triaca reunió hace ocho días a las principales espadas del bloque legislativo de Cambiemos y les aseguró que no habrá por ahora un proyecto oficial para modificar la ley de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales. La estrategia es otra: negociar acuerdos sectoriales con empresarios y gremialistas con el eje en la modificación de convenios colectivos para así bajar los costos laborales y reducir la conflictividad. Para facilitar herramientas retóricas durante la campaña electoral, el ministro de Trabajo ratificará hoy su plan en un encuentro con los candidatos oficialistas que competirán en las elecciones de octubre.

Desde que Brasil puso el debate en la agenda doméstica, los empresarios locales reclaman más celeridad en la implementación de cambios en el mundo laboral. Y en el Gobierno tomaron nota y exhiben por el momento dos acuerdos modelos: el sellado con los petroleros, en Vaca Muerta , y el de los lecheros de Atilra a partir del derrumbe de SanCor.

En tren de dinamizar la llegada de inversiones al yacimiento de Vaca Muerta, el gremio petrolero cedió beneficios salariales. Uno de ellos, las denominadas “horas taxis” (traslados y viáticos) y una disminución de la cantidad de operarios por cada equipo de perforación. En el Gobierno proyectan que se reducirán aproximadamente en un 25% los costos de la producción del gas no convencional. “En Vaca Muerta se aumentó el fracking (la extracción de gas y petróleo del subsuelo( de 1,5 por día a seis. Es un salto de productividad importantísimo”, dijo Triaca a LA NACION.

El moyanista Guillermo Pereyra, el jefe sindical petrolero que selló el acuerdo con Mauricio Macri por Vaca Muerta suele argumentar que estaba en una encrucijada: tenía miles de afiliados de brazos cruzados, con riesgo de perder el puesto. Otro gremio petrolero, pero de Chubut, acordó atar algunos beneficios laborales al valor mundial del barril del crudo. Pero nada de ello es garantía de estabilidad laboral: por ejemplo, Tecpetrol, del grupo Techint, mantiene en pie su plan de reducción de personal, que ya estaría en marcha, según denunciaron desde los sindicatos del sector.

En la industria láctea, el Gobierno acordó en mayo con empresarios y el gremio de lecheros de Atilra un plan para “impulsar el sector y reinsertarlo en la senda de la competitividad y el desarrollo”. Se avanzó en la modernización del convenio colectivo de Atilra y se convino reducir de 3000 a 1500 pesos el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste sería aún mayor (de $ 3000 a 750) para las empresas más pequeñas. El aporte especial de las empresas para las obras sociales es una práctica común que suele destrabar las negociaciones salariales. Lo aplicó en varias oportunidades el Sindicato de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri, un aliado del macrismo.

Se exploran otros acuerdos en el sector marítimo, en el automotor y en la industria manufacturera. “La intención es reducir los aportes patronales del convenio mediante un acuerdo con las partes y no mediante una ley”, reconoció un jerárquico del Ministerio de Trabajo.

Y agregó: "La intención es ayudar a Pymes y a las regiones en la que los acuerdos nacionales impiden su desarrollo".

Desde la CGT se mostraron abiertos a la negociación, aunque trazaron un límite. “No cederemos los convenio colectivos, como ocurrió en Brasil, ni aceptaremos cambios en la ley de trabajo ni en la de asociaciones sindicales y obras sociales”, coincidieron Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, dos de los tres integrantes del triunvirato de mando.

El canal de diálogo con la CGT se reactivó tras la determinación de una mayoría de gremios de neutralizar el paro que impulsaba el camionero Pablo Moyano. El martes que viene habrá una reunión clave en Azopardo: se reflejaría allí el aislamiento en el que quedó atrapado el hijo de Hugo Moyano.

Hasta el momento, el Gobierno dio a conocer en dosis homeopáticas su plan de reformas, que avanza más allá de las meras modificaciones sectoriales de los convenios colectivos. Se anunciarán en el corto plazo un proyecto de ley o un decreto sobre el blanqueo laboral y los alcances que tendrá el auxilio a empresas que regularicen a sus empleados.