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La tierra puntana, fértil en escándalos
Hubo muchos casos controvertidos
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De todos los escándalos que ha habido en la Argentina (y que se cuentan por millones a lo largo de la historia), los que tuvieron origen en la provincia de San Luis ocupan un capítulo aparte. Muchos de ellos, asociados los Rodríguez Saá.
La familia Rodríguez Saá estuvo vinculada al poder en la provincia de San Luis desde el siglo XIX, cuando Juan Saá, ancestro de Adolfo y Alberto, gobernó la provincia, en el año 1860.
A partir de allí, el clan contó entre sus filas a varios gobernadores, ministros de gobierno y un presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Fue más de un siglo de matrimonio con el poder, y en el caso de los hermanos, ese lazo se acrecentó desde 1983, cuando Adolfo resultó elegido gobernador por primera vez. Dos años más tarde, Alberto ganó una banca en el Senado y desde allí ambos conformaron una sociedad a prueba de todo.
Uno de los primeros episodios por el que los Rodríguez Saá alcanzaron notoriedad a nivel nacional fue en 1993, cuando denunciaron que Adolfo había sido víctima de un secuestro extorsivo, en el que los delincuentes (con objeto de perjudicarlo políticamente) lo filmaron en escenas comprometidas para extorsionarlo, según denunció el entonces gobernador puntano.
Seis años después, en 1999, un escándalo judicial llegó a los diarios cuando dos juezas de San Luis, Adriana Gallo y Ana María Careaga, denunciaron que fueron destituidas por el poder político puntano por "no ser obsecuentes con las leyes inconstitucionales sancionadas", entre ellas una ley de emergencia judicial, que, según las magistradas, modificaba el funcionamiento de sistema jurídico en beneficio del Ejecutivo local.
Durante sus dos décadas en el poder, los Rodríguez Saá recibieron denuncias de la oposición política por haberse enriquecido en el poder, beneficiarse con la promoción industrial provincial, favorecer a amigos y colaboradores, manipular la Justicia, manejar los medios de comunicación locales y atacar a la oposición.
En diciembre de 2001, tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá se convirtió en presidente de la Nación. Ocupó el cargo durante siete días y cuando dejó el poder, tras denunciar un complot de sectores del justicialismo, escribió un libro sobre su obra de Gobierno. De su paso por la Casa Rosada tal vez el episodio que más se recuerda sea aquel en el que ante la Asamblea Legislativa, en medio de aplausos, el ex presidente declaró el default del país.
Este año, luego de que Adolfo Rodríguez Saá obtuvo el cuarto puesto en las elecciones presidenciales, su hermano resultó elegido gobernador.
En agosto, para descansar del estrés de la campaña presidencial, Adolfo Rodríguez Saá fue descubierto y fotografiado por la prensa argentina en unas vacaciones que lo llevaron por Madrid, Marbella y la isla de Mikonos, en Grecia, y que volvieron a asociar su nombre con el escándalo. Había viajado acompañado por Verónica Bertomeu, sobrina de Carlos Ponce, hasta el mes pasado intendente de la ciudad de San Luis y acérrimo enemigo político de la familia.
El clan volvió a ser noticia hace pocos días, cuando esa misma ciudad tuvo el raro récord de votar a dos intendentes: Daniel Pérsico (opositor a los hermanos) y María Angélica Torrontegui, delfín de los Rodríguez Saá, luego de un conflicto entre los gobiernos municipal y provincial que incluyó ocho disparos al domicilio de Pérsico.
Pedido a Kirchner
- En una carta documento enviada el 27 del mes pasado, el dirigente puntano Juan José Laborda Ibarra pidió al presidente Kirchner que interviniera en el conflicto de la capital de San Luis. Así, "se evitará un posible derramamiento de sangre entre dirigentes locales cargados de odio y sangre de venganza", decía. Laborda Ibarra llegó ayer a esta capital y pidió audiencia con Kirchner.
