La trastienda del fallo que le puso un freno, momentáneo, a Lijo, Milei y Lorenzetti
La coincidencia de García-Mansilla con Rosatti y Ronsekrantz permitió construir una nueva mayoría; el juez federal esperará al Senado
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LA NACIONHernán Cappiello
La votación que rechazó la licencia del juez federal Ariel Lijo para sumarse como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia fue el debut del nuevo tribunal de cuatro jueces y exhibió la foto de una nueva mayoría. Al mismo tiempo, fue la evidencia de que la Corte, cuando se lo propone, puede frenar el avance del Gobierno cuando fuerza la Constitución hasta el límite.
El último juez designado por decreto, en comisión y por un año, por el presidente Javier Milei, el académico Manuel García-Mansilla, votó este jueves contra los deseos del Gobierno: se alineó con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Estos tres votos, juntos, bastaron para imponerse sobre Ricardo Lorenzetti, que tenía la voluntad de apoyar la licencia de Ariel Lijo.
Tras el voto de García-Mansilla, la Casa Rosada dejó traslucir desagrado. Desde el Gobierno hicieron saber que esperaban otra actitud del magistrado al que habían sentado en el máximo tribunal.
Apenas conocido el fallo, en los tribunales se comenzó a especular con que esta votación es un anuncio de lo que podría ser una nueva mayoría en el máximo tribunal, al menos en la decisión de las cuestiones de superintendencia, administrativas. O al menos hasta que García-Mansilla logre estabilidad como juez, ya que su designación por decreto en comisión vence a fin de año. Si no es que antes el Senado decide apartarlo del cargo.
Esta mayoría no se apreciaría, sin embargo, en las decisiones judiciales, donde cada juez tiene posiciones sentadas en diversos temas, como los asuntos previsionales, laborales, de federalismo, autonomía municipal, seguros. Allí las mayorías cambiarán según el caso.
Pero si se consolidara esta nueva “mayoría administrativa”, se pondría en tela de juicio el deseo de Lorenzetti de sumar la voluntad de los nuevos cortesanos para dirimir sus diferencias con Rosatti y Rosenkrantz.
Por ahora podría decirse que hay sintonía de García-Mansilla con Rosenkrantz en muchos aspectos jurídicos y que ahora se alinearon en lo administrativo. Y aquí Rosatti cuenta con el apoyo de Rosenkrantz.
En la vocalía de Lorenzetti se cansan de explicar que no son peleas, no son diferencias personales, sino diversas miradas sobre el rol de la Corte como cabeza del Poder Judicial y su administración.
Lorenzetti confiaba en que contaría además con el voto de Lijo, a quien prohijó para que pudiera llegar a la Corte. Pero, por ahora, no lo logró.
Sus colegas no le permitieron que se quedara con dos cargos: el de juez de la Corte y el de juez federal. Debía renunciar a uno y Lijo no renunciará a su juzgado, con lo que ahora todo queda en manos del Senado.
Tras el revés en la votación de la Corte, el Gobierno comunicó que no va a retirar el pliego del Lijo en el Senado, donde tiene un dictamen aprobado con nueve firmas, incluidas dos del kirchnerismo. Además, el oficialismo espera que cuando se traten los pliegos, en una inminente sesión que está pidiendo la oposición, Lijo consiga los votos necesarios para ser juez de la Corte, con estabilidad y hasta los 75 años, de modo de renunciar a su juzgado de Comodoro Py sin riegos.
Todo este proceso, que lleva un año desde que Milei envió al Senado ambos pliegos, dejó en evidencia alguna situaciones: el Gobierno le viene ganando la primera mano a la oposición, pues ya logró colocar a un juez en la Corte, aunque no haya sido del modo en que esperaba lograrlo.
Y se demostró que la desconfianza entre el oficialismo y el kirchnerismo es tal que ni siquiera pudieron acordar un plan de ampliación de la Corte para avanzar en la negociación.
El proceso dejó en claro que la Corte, si quiere, puede frenar a Milei. Contra sus deseos, le dijo que no a la licencia de Lijo, sobre la base de la doctrina del propio tribunal. Y puede ser una voz de institucionalidad que le ponga un límite a las decisiones del Gobierno que fuerzan hasta el límite la Constitución.
Otra lección de este año es que el Gobierno es audaz y siempre va más allá. Y la oposición no logró aún juntarse para dar una señal ante estos avances de la Casa Rosada. Hasta los aliados más amigables no estaban conformes con la designación por decreto de los jueces para resolver este asunto.
Lo que debería ser un proceso normado, con una votación en el Senado, terminó siendo un proceso con fórceps, donde los tropiezos de Lijo le impidieron llegar, por ahora, al tribunal. El decreto fue un atajo, que terminó chocando con el primer obstáculo. Ahora enfrenta otro: que, en rechazo el decreto, el kirchnerismo y la oposición dialoguista confluyan para rechazar ambos pliegos.
En paralelo a este proceso, Milei defiende la constitucionalidad de las designaciones y argumentó que con el juramento que le tomó la Corte a García-Mansilla implícitamente convalidó el decreto como herramienta de designación.
Sin embargo, no es así. El profesor Roberto Gargarella recogió una disidencia de principios del siglo XX del juez del máximo tribunal Luis María Boffi Boggero relacionada con la jura de José María Guido como presidente. Allí mencionó que “por principio, los actos en que la Corte o su Presidente tomando juramento, no importan decisión sobre la validez de la investidura ostentada por quien lo presta” y que “lo contrario entrañaría prejuzgamiento”.
Tomar esta decisión de la Corte como un aval de constitucionalidad es considerar que está respondiendo a una pregunta que no le formularon.
La jura de García-Mansilla, más allá de la constitucionalidad o no del decreto que lo nombra, lo posicionó en el primer acuerdo de la Corte más cerca del binomio Rosatti-Rosenkrantz, soldando una mayoría contra Lorenzetti.
Ahora, la discusión no está zanjada, ya que un grupo de ONGs se presentó en la Justicia con una acción de amparo y pidió anular el decreto de designación de ambos jueces y dejar sin efecto la asunción de García-Mansilla en la Corte. Un caso que llegado el momento deberá resolver en su constitucionalidad la propia Corte Suprema de Justicia.
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