La UIF apeló el fallo que dejó libres a los miembros del "clan Ale"

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó hoy a la Cámara Nacional de Casación Penal que anule la sentencia dictada la semana pasada por un tribunal tucumano que ordenó liberar a 12 miembros del “clan Ale”, vinculados con la desaparición de Marita Verón , ocurrida en 2002. El organismo es querellante en el juicio que se realiza en esta provincia contra los integrantes de esa organización criminal, que es liderada por los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y Angel “El Mono” Ale, acusados de asociación ilícita, extorsión, narcotráfico y lavado de activos, entre otros delitos.

“Como querellantes, consideramos que el fallo que ordenó la liberación de todos los integrantes del ‘clan Ale’ es escandaloso y creemos que tiene que ser revertido”, expresó el subdirector de la Agencia Regional Norte de la UIF, Eduardo Sylvester, quien brindó una conferencia de prensa en la capital tucumana para informar sobre los pasos que seguirá la UIF en el proceso. El funcionario indicó que se solicitó a Casación “que se revoque esta decisión, que es totalmente arbitraria y fuera de cualquier regla de derecho aplicable al caso”.

El miércoles de la semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por los jueces Alicia Noli, Domingo Batule y Gabriel Casas, dispuso el cese de la prisión preventiva de 12 de los 16 miembros del “clan Ale” que permanecían detenidos y ordenó su inmediata liberación. La medida benefició a “La Chancha” y “El Mono” Ale, a la ex esposa del primero, María Jesús Rivero, Fabián González, Hernán Lazarte, Marcelo Manca, Enrique Chanampa, Ernesto Santos Catulo, Sergio Parrado, Carlos Ocampos, Víctor Alberto Suárez y Oscar Roberto Dilascio. Los imputados son juzgados por los delitos de asociación ilícita; lavado de dinero proveniente de distintas actividades ilícitas, incluida la trata de personas con fines de explotación sexual; de supuesta producción y comercialización de drogas; de tenencia ilegítima de armas de fuego y de cobro extorsivo de acreencias propias y de terceros.

En el fallo que ordenó la liberación de los miembros del “clan Ale”, los magistrados señalaron que “transcurrida la mayor parte del desarrollo de este juicio (comenzó en diciembre de 2016), ha desaparecido el peligro de entorpecimiento de la producción de prueba”. Además, el tribunal consideró que “el cumplimiento de la prisión domiciliaria sin haberse producido ningún intento de fuga, sin perjuicio de que ha sido cumplida mediante el sistema de control electrónico, ha hecho desaparecer también ese riesgo”. Según los magistrados tucumanos “ha recuperado plena vigencia el derecho de seguir el juicio en libertad, teniendo en cuenta los tiempos de detención que llevan los imputados”.

El planteo de la UIF

Sylvester dijo que “preocupa mucho” a la UIF el hecho de que los integrantes del tribunal tucumano “han tomado en cuenta un solo parámetro para otorgar la libertad, que es el tiempo transcurrido de la prisión preventiva, sin tomar en cuenta el contexto del proceso, donde se denuncia a una organización delictiva que se dedicó a cometer ilícitos en Tucumán durante mucho tiempo”. Y recordó que el organismo le aportó al tribunal que lleva adelante el juicio contra el “clan Ale” constancias “sobre más de 100 expedientes de delitos que fueron cometidos por esta banda, de los cuales al menos 38 se refieren específicamente a coacción, violencia e intimidación a testigos y a denunciantes”. En este sentido, Sylvester advirtió que “dejar en libertad durante el juicio a personas que tienen este tipo de antecedentes claramente pone en riesgo el resultado posible del proceso, que para la UIF debe ser una condena”.

El funcionario nacional dijo que “lo más llamativo del caso es que entre las 12 personas que fueron puestas en libertad, dos de ellas (Suárez y Dilascio) ya se habían fugado y estuvieron prófugos”.

Sylvester sostuvo que es necesario que los imputados vuelvan a prisión “para proteger a los testigos que se animaron a dar la cara”. Finalmente, el referente de la UIF recordó que “quedó demostrado en el juicio que esta es una asociación que ha cometido ilícitos reiteradamente en Tucumán y eso genera un riesgo de que haya problemas para que el juicio pueda ser llevado a cabo como corresponde”.

Vínculos políticos

Durante el juicio, quedaron expuestos presuntos vínculos entre los integrantes del “clan Ale” y funcionarios del gobernador peronista Juan Manzur . Al brindar testimonio ante el tribunal, el abogado Armando René Cáceres denunció que en 2008 fue extorsionado por los hermanos Ale para cederle una propiedad a Armando “Cacho” Cortalezzi, titular de la Caja Popular de Ahorros, entidad que controla el juego en Tucumán. Tras este episodio, la UIF le envió una carta a Manzur advirtiendo sobre los supuestos lazos entre Cortalezzi y la organización criminal, propietaria de Point Limits SRL, firma dedicada a la explotación de máquinas tragamonedas. El organismo sospecha que los vínculos entre los Ale y Cortalezzi podrían haber facilitado el lavado de activos.

La carta de la UIF a Manzur no tuvo respuesta. La UIF apeló el fallo que dejó libres a los miembros del "clan Ale"