Las cajas oscuras del sistema de salud

Eugenio Zanarini murió de un infarto el 4 de mayo pasado y fue encontrado en su casa por su chofer. Estaba al frente de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de controlar a las obras sociales. Respondía directamente a Ginés González García, incluso cuando el exministro de Salud ya había dejado el gabinete por el escándalo de las vacunas vip. Zanarini había tenido un antecedente cardíaco reciente: sucedió el mismo 31 de diciembre en el que Alberto Fernández dejó sin efecto el aumento del 7% otorgado a las prepagas.

Tras pasar el fin de año internado en una clínica privada, Zanarini, un funcionario de aceitados vínculos con la CGT y los empresarios de la salud, fue una de las pocas voces oficiales que reaccionaron públicamente contra la reforma del sistema sanitario que sugirió Cristina Kirchner. “Un sistema único e integrado es inviable”, dijo a mediados de enero, cuando desde el Instituto Patria presionaban por una reestructuración profunda. Su rechazo es hoy algo anecdótico ante el renovado planteo de la vicepresidenta. El debate que instaló Cristina, y que avaló después el Presidente, difícilmente prospere con la pandemia en curso y mucho menos con el calendario electoral encima, sostienen fuentes oficiales, sindicales y empresarias del sector.

El sistema de salud en la Argentina es complejo, con tres actores protagónicos: el Estado, las obras sociales sindicales y las prepagas. Los gremios y las prestadoras privadas dan cobertura médica a 18 millones de personas, aproximadamente. La gran mayoría se atiende en el sector público o en prestadoras estatales, como PAMI o IOMA. Funcionarios, gremialistas y empresarios entrecruzan sus intereses dentro de una estructura que cuenta con múltiples cajas, millones de pesos en danza que muchas veces son motivo de disputas judiciales y hasta de sospechas de financiamiento de la política. Alcanza un breve repaso a determinados ejemplos de irregularidades para verificar que el interés por la salud va mucho más allá que el control de los fondos.

Intervenida durante el macrismo, la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM), vinculada al SOMU, el gremio que conducía Omar “Caballo” Suárez, sirve como botón de muestra. El exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral ubicó a Sergio Ramiro Tejada, su cuñado, como interventor de la prestadora médica. El control judicial duró hasta el 22 de marzo de 2018, según el certificado de autoridades emitido por la Superintendencia. Sin embargo, Tejada entregó la administración el 24 de abril de 2019, trece meses después. ¿Qué sucedió durante ese período?

La OSPM, que se suponía saneada tras el paso del cuñado de Canicoba Corral y la intervención macrista, está hoy nuevamente en crisis, con una deuda millonaria con el prestador Iter Medicina, con limitación de servicios para cada vez menos afiliados, y con la necesidad de recibir asistencia financiera permanente del SOMU. A Raúl Durdos, el moyanista que está a cargo del gremio, sus opositores le demandaron por escrito para que documente los $30 millones que transfirió a la OSPM. Durdos prefiere por ahora el silencio.

Tras la intervención, la OSPM designó en mayo de 2019 una suerte de apoderado administrativo que conoce el negocio de las obras sociales. Se trata de Sebastián Miguel Gramajo, procesado junto con Hernán Capaccioli, exjefe de la SSS. Ambos están señalados como responsables de una presunta maniobra de lavado de dinero para incorporar a la campaña electoral de 2007 de Cristina Kirchner y Julio Cobos “fondos de procedencia delictiva” vinculados al mundo de los medicamentos. El caso está elevado a juicio.

Mafia de los medicamentos

Capaccioli, que fue muy cercano a Alberto Fernández cuando el Presidente era jefe de Gabinete de Cristina, está también involucrado en la denominada “mafia de los medicamentos”, una investigación judicial en la que se busca probar el nexo entre droguerías, obras sociales y el propio Estado para obtener reintegros indebidos por supuestos tratamientos médicos de alta complejidad. Por este caso cayó preso en 2009 el bancario Juan José Zanola y hay hoy decenas de obras sociales sindicales en la mira. El Tribunal Oral Federal N°5 tiene la llave para activar el juicio de un expediente que lleva más de una década y que involucra, entre otros, a Hugo Moyano.

Como sucede con tantas otras, la obra social de los camioneros es asistida financieramente por el sindicato. “Está fundida y la banca el gremio”, dice tajante la diputada nacional Graciela Ocaña, una de las impulsoras de las denuncias contra Moyano por presunto desvío de dinero a favor de las empresas de su esposa, que le brindan servicios a la obra social. Se trata del famoso holding de compañías que Moyano y Liliana Zulet construyeron bajo la órbita de Camioneros.

A pesar de la crisis, Moyano evalúa expandir sus negocios. Está interesado en adquirir dos centros médicos a la obra social del Sindicato de Peones de Taxis, según admitieron fuentes sindicales. Son 8000 metros cuadrados equipados a 15 cuadras del Congreso que el taxista Jorge García, sucesor de Omar Viviani, está dispuesto a vender. Será clave para anudar la millonaria operación la validez de la asamblea virtual de taxistas a la que García convocó para el martes próximo y que fue objetada en la Justicia por sus opositores. En tiempos de cepo al dólar, Moyano es capaz de reunir una montaña de billetes verdes para quedarse con un inmueble. Su gremio ya cuenta con más de 280 propiedades distribuidas por todo el país, entre sanatorios, hoteles, terrenos y edificios. Ahora va por otro.

Otra obra social complicada económicamente y surcada por los escándalos es la de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), un gremio que reúne a vigiladores privados, espías, patovicas y policías exonerados, y que tiene un particular interés para el poder. Ángel Alberto García, un viejo aliado de Luis Barrionuevo, controla desde hace tres décadas la Upsra y la obra social.

García fue denunciado el año pasado por fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Los acusan de haber desviado 185 millones de pesos entre 2016 y 2020, según la presentación judicial que hizo el dirigente opositor Roberto Alejandro Ramírez. La denuncia de Ramírez, que se presentó como querellante, es en verdad una ampliación del expediente que está en el juzgado de Ariel Lijo. La acusación original fue realizada en 2019 por Patricio Lombilla, un exinterventor que detectó desde adentro del gremio las irregularidades en el manejo de los fondos.

Como sucede en otros sindicatos, como en Camioneros, García constituyó un holding de empresas cercanas que les prestaron servicios al gremio y a la obra social. Se detectaron firmas vinculadas a la medicina, transporte, limpieza, administración de predios, publicidad y hasta servicios jurídicos, según la denuncia. La obra social de los vigiladores está intervenida por disposición de Alberto Fernández y Carla Vizzotti desde el 21 de abril último. El Gobierno ubicó hace unos meses como interventor a Ricardo Bellagio, el reemplazante en 2009 de Capaccioli en la Superintendencia tras el escándalo de “la mafia de los medicamentos”. Bellagio, que en su momento le abrió las puertas al abogado de Moyano para manejar el reparto de fondos de los tratamientos de alta complejidad, afronta hoy denuncias de las delegaciones de Upsra del interior por dejarlas “sin internet”.

El interventor militante

Los desmanejos también suceden en obras sociales empresariales, como es el caso de Osdepym, vinculada a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Intervenida durante el macrismo por presuntas irregularidades, la gestión de Fernández resolvió extender el control estatal y ubicó como interventor a Horacio Alonso, un dirigente peronista con influencia en Tres de Febrero. Desembarcaron también con cargos jerárquicos Marcela Durrieu, suegra de Sergio Massa, y Yanina Paula Zanarini, hija del jefe del organismo que debía auditar las tareas de la intervención.

Más allá de las sugestivas designaciones, la gestión de Alonso está en la mira de la Justicia por la compra de alimentos y juguetes por casi 108 millones de pesos a una empresa constructora llamada Estructura Base SRL. El gasto habría sido hecho en concepto de “responsabilidad social” y se realizó entre abril y septiembre del año pasado, durante el aislamiento estricto por el avance del coronavirus, según los registros que obtuvo LA NACION. Durrieu, la suegra de Massa, dijo que renunció a su cargo “al inicio de la pandemia” y tomó distancia de la intervención. Hay una denuncia en contra de Alonso en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 que se realizó en octubre del año pasado. Acusan al interventor y al fallecido Zanarini de presunta asociación ilícita y defraudación.

Detrás de esta barahúnda, surgió ahora el debate por una posible estatización del sistema de salud.

Por Nicolás Balinotti

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