Las causas del caos en la votación porteña: máquinas que no funcionaron, autoridades que faltaron, improvisación y una necesidad política

Una necesidad política y el ausentismo de las autoridades de mesa, sumados a una acumulación de errores de gestión y técnicos, derivaron en las fallas que presentaron las elecciones a jefe de gobierno porteño, que pusieron en riesgo incluso la elección de autoridades nacionales realizadas en las mesas dispuestas en la ciudad de Buenos Aires.

Estas son las fallas que describen autoridades judiciales nacionales y de la Ciudad consultadas por LA NACION.

En principio hay que distinguir que fueron dos elecciones superpuestas y simultáneas con diferentes responsables: la elección de presidente y vice fue organizada por la Justicia Nacional Electoral, y puntualmente, por tratarse de la Ciudad, por la jueza federal María Servini, como en las últimas 30 ocasiones. Pero en paralelo se realizó una elección a jefe de gobierno, que organizó el gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de Gestión Electoral, que eligió la votación electrónica.

La justicia nacional electoral, desde la Cámara Nacional Electoral hasta la jueza Servini, tiene una posición crítica desde hace años sobre este mecanismo de voto electrónico. Sostienen que no es suficientemente seguro y que en la mayoría de los países del mundo lo están dejando de lado. Hubo un oficio de Servini a las autoridades de la Cámara advirtiendo sobre estos problemas de organización, y un comunicado de la Cámara que directamente habló de “un mal sistema” de votación de la Ciudad. Todos responsabilizaron al Instituto de Gestión Electoral porteño por los problemas. Para curarse en salud, Servini dijo que si hay problemas con el voto electrónico, esas dificultades no debían detener la votación de presidente y vice con las boletas de papel. Quería proteger así la votación de las autoridades nacionales.

Pero además, le critican a la Ciudad que las elecciones porteñas las organizó un organismo sin experiencia y sin autoridades formalmente designadas.

Esto es lo que en tribunales denominan una “falta de institucionalidad” de parte de la ciudad de Buenos Aires, pues el Instituto de Gestión Electoral era presidido por Ezio Emiliozzi, un funcionario radical, cuya designación no había sido refrendada por la Legislatura y que se mantenía merced a un decreto de Horacio Rodríguez Larreta. Emiliozzi, antes de ser director electoral, era director general de la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

En pleno proceso electoral, y días después de firmar una licitación de 26 millones de dólares en favor de la empresa MSA (Magic Softwarre Argentina), a quien otorgó la realización de los comicios con estas máquinas de votación electrónica, Emiliozzi renunció. Fue el 14 de julio, hace un mes.

Adujo el agravamiento de una cardiopatía. Sin embargo, quienes estuvieron con él dijeron que lo vieron en buen estado de salud aunque apenado por el fallecimiento de un familiar. Emiliozzi se llevaba mal con Servini y había serios problemas de coordinación con la justicia nacional electoral, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

En el macrismo señalaron que Emiliozzi se fue porque se veía venir esta desorganización en las elecciones y dio un paso al costado. Ante estos problemas, hoy eligieron callarse las boca.

En su lugar, el gobierno porteño designó a Federico Fahey Duarte, un joven funcionario recibido de abogado en la UBA en 2005, con una maestría, y que era gerente operativo de Administración de Procesos Electorales del Instituto.

En abril, Larreta anunció que se iban a hacer elecciones “concurrentes” y que se iba a votar a jefe de gobierno de manera electrónica, pero no hubo una organización al detalle en estos cuatro meses. Y esto se vio en la elección porteña. Fue la necesidad política de cumplir con el radical Martín Lousteau, lo que motivó la separación de los comicios y el anuncio de este mecanismo de votación. Fue la raíz de un problema que no se conjuró a tiempo.

Desde que se supo que este era el mecanismo se activaron las charlas de capacitación para autoridades de mesa y se instalaron máquinas en las esquinas de la Ciudad para que los electores practicaran. Se realizaron 11.000 charlas de capacitación, incluso hasta ayer, en la Legislatura y en los Tribunales.

Pero la otra dificultad fue justamente producto del ausentismo de las autoridades de mesa, señalan en el Instituto de Gestión Electoral, donde reconocen problemas, pero los adjudican a este fenómeno. Las ausencias provocaron que no se abrieran las mesas a tiempo o que los que llegaban a votar se convirtieran en presidentes de mesa sin capacitación. Valga el ejemplo de una mesa en la Facultad de Ingeniería, donde el presidente de mesa se levantó y se fue, harto de la desorganización y de los insultos que recibía de cada elector. Una chica de 22 años se ofreció como voluntaria y sacó adelante la mesa.

El problema fue también que en algunas mesas se votó de manera simultánea con la boleta de papel y la electrónica, pero en otras no se respetó este mecanismo, lo que demoró el proceso. Si se hacía en simultáneo, la fila debía fluir, si se hacía por separado, una votación después de otra, todo demoraba más.

La justicia electoral convocó a tres y hasta cuatro autoridades por cada mesa, pero aún así no fue suficiente y esto explica por qué hubo mesas con más demoras que otras, dijeron en la Ciudad.

La otra dificultad fue técnica. Se descompusieron 111 máquinas de votación, según los datos de la Ciudad -y 240 según los datos de la justicia nacional electoral-. Lo cierto es que en cada caso actuó la empresa MSA, proveedora de las máquinas de votar, que debía acudir a cada colegio a hacer los reemplazos. Pero esta tarea no se podía efectuar sin la autorización de la justicia electoral.

En la Ciudad dijeron que el problema de las demoras no puede explicarse por las máquinas rotas, ya que son menos del 2% del total. Señalaron que se usaron 8770 máquinas en toda la elección porteña y que las fallas de las descompuestas no bastan para explicar las dificultades.

En otras elecciones en Salta o Neuquén, la empresa MSA actuó de manera independiente, reemplazando de inmediato los equipos que no funcionaban. Sostienen en la justicia electoral que si bien se realizó una auditoría sobre las máquinas que fue superada con éxito, hubiera sido necesario seguir haciendo pruebas para evitar inconvenientes técnicos.