Las fallas que la tragedia impidió ocultar

Si la tragedia de Once hizo visibles los 51 rostros de los muertos que dejó la corrupción y les puso nombre a las miles de víctimas que se suceden año tras año, la investigación sobre sus causas probó con precisión jurídica lo que los pasajeros ya sabían por sus padecimientos: los empresarios se quedaban con la plata que recibían del Estado para mantener los trenes y los funcionarios no controlaban porque eran sus cómplices.

Así, el choque no fue excepcional, sino que el desmanejo continuado alimentó una bomba que estalló el 22 de febrero de 2012. La investigación del juez Claudio Bonadio y del fiscal Federico Delgado puso números y evidencias al descontrol.

Hubo escasa inversión de las empresas TBA y Cometrans, que recibieron subsidios y no los trasladaron al mantenimiento de la red ferroviaria. Los empresarios hicieron una "cadena de la felicidad", que permitió distraer parte de esos fondos a sus bolsillos, dijo el juez. TBA tenía el récord de descarrilamientos (21 entre 2004 y 2006) y se le impusieron 500 multas por $ 70 millones.

El 81% de los ingresos de la empresa era de los subsidios y no iba a inversión, sino que en parte era girado a otras empresas del grupo Cirigliano. Bonadio detectó una treintena, algunas de las cuales facturaban servicios a TBA. Por ejemplo, entre 2004 y 2010, la facturación de Cometrans a TBA representaba un 97% de los ingresos de la primera. El dinero era distribuido entre los directivos como utilidades.

La renovación completa en las 24 formaciones del Sarmiento de todos los compresores, como los que no permitieron frenar adecuadamente el tren que impactó en Once, cuesta $ 17.280.000. TBA le pagó a Cometrans $ 130 millones por asesoramiento. Podían haber invertido en arreglar el problema, dijo Bonadio.

Otras sumas fueron derivadas a otras empresas, por ejemplo para pagar vuelos privados de los Cirigliano, financiados con subsidios. También se pagó con esa plata la compra de objetos suntuarios y hasta muebles polinesios y una cartera italiana. Entre 2007 y 2001, TBA recibió casi $ 2522 millones en subsidios, dijeron los peritos en la causa. La Auditoría General de la Nación advirtió que entre 2006 y 2010 los subsidios aumentaron un 146%.

El fiscal completó el panorama: "Se privilegió el negocio sobre el servicio". Y la Cámara Federal coincidió: "El fatídico suceso no es más que el producto de la indiferencia".

Los trenes, a todo esto, tenían problemas. Informes oficiales en poder de la CNRT y la Secretaría de Transporte advertían que el estado de los vagones y de las vías era desastroso. Se hacían inspecciones, se imponían multas, pero no se pagaban y se hacía un control formal.

Ahí quedaron en evidencia todos los que tenían que controlar: los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sicaro y Pedro Ochoa Romero.

"Ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal", dijeron los camaristas. El fiscal directamente los tildó de "cómplices necesarios". Concluyó: "El Estado inyectó fondos, pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar", y describió que "esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal".

En este contexto, el maquinista Marcos Córdoba manejó con imprudencia y no frenó a tiempo.