Las pistas que pueden cambiar la causa por los negocios con el dólar blue: un teléfono olvidado, servidores del Banco Central y un arrepentido
La investigación por las maniobras con las divisas oficiales sumará pruebas sensibles mientras está incipiente una disputa por quién debe llevar adelante la causa
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Un teléfono, una serie de computadoras y un arrepentido que quiere ampliar su declaración. Estos tres elementos orbitan alrededor de una de las causas más sensibles para el poder. En distintos procesos judiciales, se investigan las maniobras que habilitaron a un puñado de personas a hacerse de dólares oficiales en tiempos de cepo cambiario, para luego venderlos con una jugosa diferencia en el mercado informal. A la información que, a través de distintos procedimientos, fue recabando el fiscal Franco Picardi -que se suman a la documentación recolectada en causas similares, como la que llevan sus colegas Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita-, se le podrían añadir tres pruebas sensibles.
La primera es el celular de Martín Migueles, sindicado como empresario, expareja (hasta, presuntamente, enero) de Wanda Nara y parte del círculo de Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Ariel Vallejo, tres individuos bajo la lupa judicial por las maniobras con el dólar y por la causa Sur Finanzas, una financiera que selló acuerdos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El teléfono de Migueles fue secuestrado por la Justicia en el marco de la investigación por el intento de extorsión de Piccirillo a Hauque, la punta del ovillo para varios de los procesos mencionados.
El año pasado, cuando la Justicia indagaba sobre este hecho, la Policía asistió a un posible domicilio de Piccirillo. Al llegar, no se encontró con él, sino que el que estaba era Migueles. Migueles le prestaba su casa a Piccirillo, según confirmó la Justicia. Al encontrarse con el empresario, la policía le secuestró su celular, que no arrojó información relevante sobre la trama de la extorsión. El contenido del aparato quedó en Comodoro Py, sin mayor uso para esa causa.
Sin embargo, según pudo saber LA NACION, el análisis preliminar arrojó que sí contiene conversaciones a priori relevantes para la investigación por el rulo financiero. Por este motivo, se pedirá la incorporación de esa prueba, que apuntan como sensible, a la causa que también encabeza Picardi.
La segunda, no menos preocupante para los funcionarios del Banco Central (BCRA) individualizados por la Justicia, son las computadoras de la entidad monetaria. A partir de los allanamientos hechos al BCRA, las oficinas especializadas comenzaron la extracción y procesamiento de los servidores. No solo de las laptops personales de los funcionarios, sino las PC de su lugar de trabajo. Esa información podría dar cuenta del conocimiento de superiores en la pirámide de lo que estaba sucediendo.
En tercer lugar, la semana pasada hubo una aproximación curiosa por parte del expolicía Sebastián Smith. Se trata de un oficial que declaró como arrepentido en la causa de extorsión de Piccirillo. Reconoció su participación en los hechos que llevaron a la detención de Hauque, con ese falso procedimiento en las proximidades del Palacio Duhau en las que se le encontró droga en la camioneta.

Por su aporte de información, se acogió al régimen que le permitirá reducir su pena. Lo sorprendente para los investigadores es que la semana pasada, su abogado dijo que Smith quiere ampliar su declaración porque tendría datos relacionados con la causa por las maniobras por el dólar blue. Resultó extraño, ya que se planteó que sea arrepentido en ese expediente también, aunque debería, en todo caso, presentarse como testigo. Más allá de las cuestiones procesales y de su situación en particular, Smith dice tener conocimiento sobre aspectos claves del rulo. Lo extraño, también, es que no tiene ninguna obligación de hacerlo. Sus motivaciones resultan importantes, ya que no se descarta que pretenda orientar la atención de los investigadores a ciertos individuos y no a otros. Por ahora, no hizo una presentación oficial en la fiscalía.
Mientras tanto, una incipiente discusión sobre quién debe investigar estas maniobras podría refrenar los avances hechos hasta ahora. Lo cierto es que hay una causa anterior a la que tiene Picardi, la que encabeza Stornelli (como jueza se encuentra María Servini), que se asemejan en algunos aspectos de su objeto. Se gestó una sensibilidad por los cambios en el caso de la causa por la mansión de Pilar, que pasó por el juzgado de Daniel Rafecas, luego al Penal Económico, al despacho de Marcelo Aguinsky, y luego a Campana. Este pasamanos despertó sospechas que no se quieren revivir en otra causa sensible para el poder, como la del dólar blue con la presunta venia de funcionarios del BCRA.
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