Las provincias alertan que la reforma laboral les quitará fondos coparticipables
La iniciativa propone cambios en Ganancias y elimina impuestos internos a los artículos suntuarios; “es una reforma tributaria encubierta”, advierte la oposición
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LA NACIONLaura Serra
Será un verano tórrido para el Gobierno, en particular para el ministro del Interior, Diego Santilli. No tanto por las altas temperaturas, sino por la intensidad de las negociaciones en torno al proyecto de modernización laboral que deberá encarar con los gobernadores, quienes ya advirtieron que el capítulo impositivo incluido en la iniciativa implicará fuertes recortes en los ingresos que reciben por coparticipación.
Los mandatarios pusieron en la mira las modificaciones propuestas en el impuesto a las Ganancias, uno de los tributos que más gravita en la coparticipación.
El proyecto propone reducir las alícuotas que pagan las sociedades en los tramos más altos, como así también la exención de este tributo por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación. De ser aprobada la ley, este alivio impositivo sería financiado en gran parte con menores envíos automáticos a los distritos.
En efecto, de acuerdo a un informe de IARAF, se estima que el costo fiscal directo inicial anual de estas modificaciones en el impuesto a las Ganancias sería de 0,22% del PBI ($1,9 billones anuales). De este total, al gobierno nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA. $1,12 billones.
La distribución de esa pérdida no es homogénea. Según el informe de IARAF, Buenos Aires asumiría el recorte mayor, con $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).
Más allá del argumento oficial de que la reducción del impuesto a las Ganancias a sociedades busca mejorar la rentabilidad y estimular inversiones, el reparto de costos y beneficios genera resistencia en las provincias en momentos en que enfrentan menores ingresos por la caída de la actividad económica.
Transferencias automáticas
Si bien el año pasado las transferencias automáticas que se giraron a las provincias cerraron con una variación positiva del 1,7% real respecto de 2024, lo cierto es que la cifra se mantiene por debajo de todos los años desde 2018 a 2023, señala en su último informe Politikon Chaco.
Los gobernadores hacen cuentas y advierten que si bien los giros automáticos aumentaron en promedio un 1,7%, esa suba estuvo mayormente impulsada por los envíos por compensación del Consenso Fiscal de 2017, los cuales el Gobierno distribuyó de manera discrecional en favor de las provincias amigas.
En efecto, según el informe, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan tuvieron alzas mayores al 200% en términos reales. En cambio, provincias menos amigables como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero no llegaron al 50% de variación.
Las cifras hablan a las claras de un gobierno que se muestra dadivoso con los gobernadores dialoguistas y severo con aquellos enrolados en la oposición, estrategia que hasta ahora le dio resultado con la aprobación del Presupuesto 2026. Habrá que ver si esto le alcanzará para ir más allá con la ley de modernización laboral, la cual, así planteada, les rebanará a todas las provincias una tajada importante de su coparticipación.
“Esta reforma laboral es, en realidad, una reforma tributaria encubierta”, advirtió el senador Jorge Capitanich (Fuerza Patria) al advertir que la propuesta de reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias a las sociedades beneficiará a un porcentaje mínimo de empresas (las más grandes) en detrimento de las provincias.
En efecto, en su artículo 190, el dictamen propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3, reemplazando la alícuota del 30% por una del 27% y la del 35% por una nueva alícuota del 31,5%. Sólo el tramo 3 representa el 76% de la recaudación del impuesto porque compete a las que declaran más de mil millones de pesos anuales: solo 1856 sociedades, el 1% del total.
Capitanich calculó que el costo fiscal de este beneficio para las empresas treparía a US$2179 millones. A ello se suma otra serie de modificaciones tributarias incluidas en el proyecto que, aunque menor, también tendrán impacto en la coparticipación que reciben las provincias.
El artículo 191 del dictamen, por caso, propone “dejar sin efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley” los impuestos internos para los rubros de “los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves”.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el costo fiscal de este beneficio –que beneficia a los contribuyentes de más altos ingresos- alcanza los U$S 334 millones anuales. Capitanich estima que el impacto fiscal sería mayor –U$S 548 millones-, pero más allá de las diferencias en los cálculos, advierte que este alivio tributario resulta irritante en momentos en que el Gobierno se resiste a aplicar las leyes de financiamiento a las universidades y al servicio de asistencia a las personas con discapacidad.
“Estamos hablando de derogar los impuestos internos a vehículos de marca y de lujo, yates y artículos suntuarios. Son impuestos que se coparticipan desde 1996. Son recursos indispensables para las provincias. Debemos repensar esta situación”, advirtió.
El ministro del Interior y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, saben que las negociaciones serán arduas con la oposición y, en particular, con los gobernadores. Tras despachar el dictamen en los últimos días del mes pasado, la senadora Bullrich tiene previsto continuar la ronda de conversaciones a partir de la segunda quincena de este mes y llevar la iniciativa al recinto a mediados de febrero. Descuenta que se le incorporarán modificaciones al dictamen oficialista: el gran interrogante es si el capítulo tributario –una imposición del Ministerio de Economía- se mantendrá incólume o no.
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