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Le asignan un presupuesto de $100.000 millones a Educ.ar, la firma que contrató a Scatturice
Es lo que le atribuyó el presupuesto nacional para todo 2026; todavía está vigente el vínculo con el polémico empresario
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LA NACIONCamila Dolabjian
Bajo la sombra garantizada por su intervención, se consolidó dentro de una empresa pública un negocio millonario que ya tiene sus números asegurados para 2026. Educ.ar, la firma dedicada a proveer de soporte tecnológico y un entorno digital al sistema educativo, tiene presupuestado para este año $100.000 millones.
El dato ya sería tan relevante por sí mismo, ya que se trata de una de las pocas empresas públicas que no sufrió recortes. Pero es más significativo porque se trata de una firma que tiene un contrato de casi 80 millones de dólares otorgado a Leonardo Scatturice, fundador y CEO de OCP Tech y nuevo controlante de Flybondi, un empresario de estrecha relación con Santiago Caputo y con aceitados vínculos en el mundo de la inteligencia y el trumpismo. Educ.ar está bajo el control de personas cercanas a Caputo, especialmente de Manuel Vidal, uno de sus más cercanos asesores.
El salto en las cifras oficiales confirma la magnitud de la apuesta financiera volcada a esta estructura. De acuerdo con los datos del portal de Presupuesto Abierto, el Programa 75 —destinado a la asistencia financiera de empresas públicas de la Secretaría de Educación— experimentó una expansión meteórica durante el ejercicio 2025, elevando su presupuesto vigente de un inicial de $41.020 millones a una cifra que hoy alcanza los $80.433,26 millones pagados a fines de 2025. Este incremento, que fue ejecutado en más de $92.000 millones, blindó los fondos necesarios para sostener los compromisos asumidos en moneda extranjera, como el contrato de US$78,6 millones con OCP Tech, garantizando que el flujo de caja acompañe la celeridad de los pagos ordenados por la intervención.
La trama comenzó a gestarse en julio de 2024, cuando el Gobierno dispuso la intervención de Educ.ar, designando inicialmente a Eduardo Roberto González. En agosto de ese mismo año, OCP Tech presentó una propuesta para renovar 223.828 licencias de soporte para las redes de wifi de todas las escuelas estatales del país por un valor de US$78.650.000. Aunque la infraestructura previa de redes locales (Cisco Meraki) había sido instalada entre 2017 y 2018 en más de 40.000 establecimientos, la forma en que se decidió esta nueva adjudicación rompió con los antecedentes de transparencia de la compañía.
Ahora, el presupuesto 2026 detalla que, entre las principales iniciativas de inversión pública para 2026, se ha reservado una partida de 0,1 billones de pesos (equivalentes a $100.000 millones) específicamente para transferencias a Educ.ar bajo el concepto de equipamiento tecnológico y conectividad escolar. Así se desprende del análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta asignación representa el 1,5% de la participación total en proyectos de inversión nacional, situando a la empresa estatal a la par de obras de infraestructura crítica y superando en prioridad a desarrollos estratégicos como la construcción del reactor multipropósito RA-10 o diversas mejoras ferroviarias de escala federal.
Según las planillas de distribución de límites del gasto para el Programa 75, el total de $100.300 millones se reparte con $50.000 millones destinados a gastos corrientes, mientras que los restantes $50.300 millones se asignan a gastos de capital. Esta estructura permitiría absorber tanto la operatividad diaria de la red de wifi en las escuelas como la millonaria renovación de las 223.828 licencias de Cisco Meraki, un proceso que, a pesar de las advertencias de los síndicos sobre la falta de licitación pública y los sobreprecios detectados, ya cuenta con el respaldo de las partidas presupuestarias del sector educativo.
El expediente de contratación de Scatturice, al que LA NACION tuvo acceso de forma completa, reveló un contraste: mientras que en 2021 la renovación de las licencias se realizó mediante una licitación pública adjudicada por US$16.864.496, la gestión actual, oportunamente, la hizo por contratación directa con una abrupta multiplicación de los costos.
Para blindar la operación, se interpuso un velo de opacidad. En septiembre de 2024, la Secretaría de Educación firmó un convenio con Educ.ar que incluía una cláusula de confidencialidad, prohibiendo la divulgación oral o escrita de cualquier información derivada de estas acciones.
Simultáneamente, se elaboró un informe técnico que advertía sobre un posible “apagón masivo” de conectividad si no se renovaban las licencias de Cisco Meraki, argumentando que los dispositivos quedarían inoperativos. Esta dependencia técnica fue utilizada para justificar que OCP Tech era la “única opción viable”, basándose en una carta de Cisco que la certificaba como el único canal de reventa autorizado en Argentina, a pesar de que otras empresas como Dinatech S.A. y DTE S.A. habían presentado presupuestos que no fueron debidamente integrados al expediente de evaluación.
Uno de los momentos más críticos de ese recorrido ocurrió en octubre de 2024. El interventor Eduardo González se tomó una licencia por una semana, delegando la firma en el gerente general, Matías Hanono. Fue precisamente durante esos días de ausencia, el 10 de octubre, cuando Hanono suscribió el millonario contrato con la empresa de Scatturice.
Este movimiento no pasó desapercibido para los síndicos de Educ.ar, quienes el 23 de octubre enviaron una carta a González solicitando la anulación del contrato y la convocatoria a una licitación pública. Los síndicos denunciaron que la firma de un compromiso de tal magnitud bajo una delegación limitada a asuntos administrativos era una irregularidad que invalidaba el proceso. Sin embargo, esa nota de advertencia fue borrada del sistema oficial GEDO, y poco tiempo después, tanto González como el titular de la Sigen, Miguel Blanco, fueron desplazados de sus cargos.
El nuevo interventor, Gastón Mariano Martín, asumió el 1 de noviembre y, tras una revisión veloz, ratificó todo lo actuado apenas dos semanas después. El 19 de noviembre de 2024 se emitió la resolución formal y la orden de compra. La celeridad no se limitó a la aprobación: aunque el contrato estipulaba que el primer pago del 40% (unos US$31,4 millones) debía realizarse a los 30 días de la activación, el Estado emitió la orden de pago apenas un día después de notificada la orden de compra, el 20 de noviembre.
Esta urgencia financiera se dio en un contexto donde el propio interventor Martín reconoció, en un informe del 15 de noviembre, que los precios de las licencias ofrecidas por OPC Tech habían sufrido incrementos injustificados de entre el 10,3% y el 40,8% en comparación con el contrato de 2021. El informe señalaba que, incluso con descuentos comerciales del fabricante, la carga tributaria y la merma en beneficios podrían estar encubriendo una actualización de precios desproporcionada.
La figura de Scatturice añade una dimensión política inquietante. Además de su cercanía con Santiago Caputo, el empresario ha estado envuelto en polémicas previas, como el aterrizaje de un avión de su propiedad en Aeroparque con equipaje que evadió los controles de Aduana, y su reciente adquisición de la aerolínea Flybondi. Con más de 260 procesos administrativos con el Estado nacional, Scatturice se ha consolidado como un proveedor omnipresente.
Por Camila Dolabjian
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