Libertarios denuncian que Río Negro le otorgó subsidios millonarios a Cristóbal López: la provincia responsabilizó a Milei
La diputada Villaverde advirtió de un pago de $4000 millones a la firma Alcalis; desde la gobernación apuntaron a los “aumentos discriminados” de gas
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La diputada Lorena Villaverde acusó al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck de “girar millones del Estado” para la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat), de Cristóbal López. Desde el gobierno provincial respondieron hoy que la asistencia financiera “responde a la necesidad de tratar de acompañar y asegurar el mantenimiento de la principal generadora de puestos de trabajo en el este rionegrino”.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada nacional y referente de La Libertad Avanza en Río Negro indicó que Weretilneck otorgó un subsidio de más 4000 millones de pesos para Alpat. “Cristóbal López, uno de los empresarios más beneficiados por la corrupción kirchnerista, y amigo de Weretilneck, hoy vuelve a llenarse los bolsillos, pero esta vez, con la plata de los rionegrinos. En vez de auditar, recortar o exigir eficiencia, el gobernador le gira millones del Estado. Esto es otro negocio político para sostener estructuras decadentes de los amigos del poder”, sostuvo Villaverde.
A su vez, la diputada sostuvo: “A Cristóbal López la Justicia lo procesó por evadir 8000 millones de pesos durante el kirchnerismo. Este modelo fracasado ya lo conocemos. Por eso desde La Libertad Avanza decimos basta. Basta de usar al Estado como caja política de los amigos K”.
Consultado por LA NACION, desde el gobierno rionegrino aseguraron que el principal objetivo de la medida es garantizar el sustento laboral de las casi mil familias vinculadas a la producción de carbonato de sodio.
“El subsidio provincial está destinado exclusivamente a solventar parte de los gastos en consumo de gas de la empresa, pudiendo mantenerse así la operatividad y asegurando la permanencia de los puestos de trabajo. Precisamente, el aumento indiscriminado de los valores del gas avalados por el gobierno nacional, sumado a la apertura de importaciones por parte del gobierno centralista de productos similares a los producidos en la planta de San Antonio Oeste, pusieron en peligro la producción y consecuentemente, la continuidad de los puestos de empleo con la posibilidad de cierre de la empresa”, subrayaron.
Agregaron que la medida se enmarca en el Plan de Mantenimiento del Empleo Rionegrino, dispuesto por el gobierno de Río Negro. “Los fondos provienen del bono por la renegociación de concesiones hidrocarburíferas, en línea con lo establecido por la Ley 5733, que permite destinarlos a políticas sociales”, indicaron.
Según sumaron desde el gobierno provincial, la ayuda asciende a $793.300.000 mensuales y fue aprobada por el Ministerio de Hacienda: se extenderá entre mayo y septiembre y “se destinará a cubrir el impacto del costo del servicio de gas natural, que representa el 46% de los costos de producción y que llevó a la firma a declarar un escenario crítico”.

La planta de Alpat es la única productora de carbonato de sodio de América Latina y aporta cerca del 50% de la actividad económica de San Antonio Oeste. “El gas que se consume en invierno implica un costo alto, y el hecho que se empiecen a sincerar las tarifas en el país impacta directamente en las empresas que tienen un flujo de fondos conforme a un modelo económico que, al cambiar, necesita sí o sí el acompañamiento del Estado. Ya hemos visto lo que sucede cuando una empresa tiene una crisis: o cierra o impacta de una manera que puede ser irrecuperable. En el camino, el costo humano es incontable. Por eso, es decisión de este gobierno sostener el empleo de los trabajadores en estas épocas complejas”, había dicho hace unas semanas el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo rionegrino, Fabián Gatti.
La decisión del gobierno de Río Negro de asistir financieramente a la empresa Alpat fue adoptada luego de una serie de audiencias encabezadas por la Secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz, en las que se construyó un marco de diálogo con la empresa y los gremios para garantizar la paz social, cuidar las fuentes de empleo y avanzar en medidas complementarias.

“Como parte del acuerdo, Alpat presentará un flujo de fondos proyectado para los próximos 12 meses y se designarán dos veedores: uno de la Secretaría de Trabajo, para supervisar el cumplimiento de los compromisos laborales, y otro contratado por la empresa, para monitorear su situación financiera”, añadieron desde el gobierno provincial.
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