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Los aliados esperan respuestas de Milei sobre privatizaciones y un impuesto crucial para las provincias
Los bloques que podrían garantizar la media sanción del proyecto de “Ley de Bases” esperan una señal del Gobierno para discutir la cuestión fiscal; el oficialismo todavía no tiene los votos para aprobar puntos claves
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El proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei pasará esta semana por otra prueba de fuego. Superada su aprobación en general, se encaminará este martes a la votación artículo por artículo, donde podría -de no sumar las adhesiones necesarias- continuar con el proceso de desgranamiento que inició desde que comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con quienes deberá conciliar posiciones si no quiere sufrir un recorte sustancial de sus iniciativas troncales, esperan un gesto formal del Poder Ejecutivo para discutir la cuestión fiscal de las provincias así como para mejorar la transparencia del proceso de privatizaciones de empresas públicas.
Los planteos de estos tres bloques, con terminales concretas con 12 de los 24 gobernadores, ya fueron hechos al Gobierno. Se dio la semana pasada antes de la aprobación en general del proyecto de “Ley de Bases”, cuando sus emisarios transmitieron al oficialismo que buscarían las garantías para aliviar el rojo de las cajas provinciales durante su revisión en particular. Horas antes, el Ejecutivo había decidido postergar la discusión de un nuevo pacto fiscal, pero frente a esta condición decidió retrotraer la eliminación de dos artículos claves sobre esta materia referidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y al impuesto PAIS.
Fue un primer paso para acercar posiciones con los legisladores dialoguistas. No obstante, la letra chica todavía está en discusión. En el bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, donde conviven diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora -quien motorizó la demanda-, exigen que se reformule el destino de FGS para que se garantice el flujo de pago de aquellas cajas jubilatorias que armonizaron sus estándares con la Nación, como las de Córdoba y Santa Fe. Si el oficialismo no cumple con esto, apuntarán a forzar la coparticipación de una porción de lo recaudado por el impuesto PAIS, una de las principales cajas tributarias.
Actualmente, el 70% de este impuesto se lo lleva la Anses y el 30% se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), a cargo de los líderes de movimientos sociales, como Juan Grabois. Los dialoguistas le piden que las provincias controlen el 21% a la vez que el 9% se distribuya a Renabap.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó el sábado que los acuerdos para el debate parlamentario de esta semana están “prácticamente todos bastante cerrados”, aunque aclaró: “Quedan algunos temas para terminar de acordar en particular, pero no muchos”, afirmó Francos en declaraciones a Radio Mitre.
En las bancadas dialoguistas, en tanto, ponen en duda estas afirmaciones y aseguran que no han tenido ninguna devolución del Gobierno. “No hubo ninguna respuesta. En la medida que siga así, veo lo del impuesto PAIS más factible que avance”, señaló a LA NACION uno de los legisladores de Hacemos Coalición Federal que sirvió de nexo con el oficialismo durante la última semana de frenéticas negociaciones. A esta cruzada se podrían sumar también los gobernadores del PJ kirchnerista, quienes ya están en diálogo con los cordobeses. En UCR confirmaron la falta de feedback oficial y anticiparon que mañana a las 11 se congregará su bloque por zoom “para definir algunos de los puntos de la votación en particular, entre ellos el de las privatizaciones”.
Es que el radicalismo puja para que el proceso por el que se pretende vender 27 compañías del Estado sea más transparente y tenga un exhaustivo control parlamentario. Concretamente, piden que la valuación patrimonial de las empresas sea hecha de forma independiente. Si bien en la última contrapropuesta enviada por el Ejecutivo a los bloques aliados se incorporó un artículo sobre este tema, en lugar de asignar ese rol a la Auditoría General de la Nación (AGN) -como solicitaba la UCR-, se atribuyó esa tarea a la Jefatura de Gabinete de Ministros. En ese caso, la “independencia” que exigen los correligionarios no estaría garantizada.
En este nuevo round parlamentario, que se preanuncia más complejo y extenuante que el de la semana pasada, serán determinantes los gestos del Ejecutivo para evitar un nuevo desmalezamiento de puntos claves para su objetivo fundacional: el déficit cero. Las facultades legislativas que el Gobierno pretende arrogarse por un año y la autorización para tomar deuda en moneda extranjera sin el aval del Congreso son dos de los temas más relevantes. Si bien la primera medida podría superar el ripio del recinto -el Ejecutivo recortó de 11 a seis las emergencias-, se descarta que el segundo no correrá la misma suerte.
La pelota nuevamente está del lado del oficialismo, que se muestra reacio a hacer nuevas concesiones a pesar de que son conscientes de que podrían ver naufragar muchas de sus propuestas. Esto desconcierta a los bloques cercanos, que miran perplejos la falta de ortodoxia política del Presidente y su gabinete.
“Nos generó un estrés institucional y personal muy importante, porque hubo una permanente agresión a los diputados, sobre todo, a los dialoguistas. Milei quedó en modo campaña. Eso impide lograr consensos y nos lleva a que, a pocas horas de la votación en particular, todavía no tenemos los acuerdos. Esta metodología de buscar siempre un culpable o un adversario, aunque sea falsa esa apreciación, erosiona los acuerdos”, resumió el diputado de Hacemos Coalición Federal, Emilio Monzó, en una entrevista con LA NACION.
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