Los arrepentidos del Lava Jato apuntaron hacia De Vido y Baratta

"Pagos indebidos", "recursos indebidos", "valores indebidos", "ventajas indebidas" o "ajustes indebidos". Una y otra vez, los documentos judiciales brasileños del Lava Jato consignan eufemismos, pero son elocuentes. Con nombre y apellido, los arrepentidos de la constructora Odebrecht acusan al entonces ministro Julio De Vido y a su lugarteniente Roberto Baratta.

De Vido y Baratta pasan ahora sus días en sus celdas. Pero durante más de una década fueron, según esos documentos brasileños, "dos de los funcionarios más poderosos del gobierno kirchnerista". Así los caracterizan los arrepentidos, que tampoco dudaron en señalar a un intermediario en particular: el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez.

Una y otra vez, también, los arrepentidos del gigante Odebrecht expusieron cómo habría sido la operatoria delictual. Primero, el reparto de la obra pública, coordinada por el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y la supuesta connivencia de otras firmas locales, como Iecsa, Benito Roggio o BTU. Segundo, la contratación de lobbistas, como el "Corcho" Rodríguez. Y, antes y después, el presunto pago de sobornos. "En especie", a veces, y a veces mediante transferencias a "cuentas en el exterior".

De Vido aparece mencionado por uno de los testigos protegidos como protagonista de dos reuniones para definir un proyecto de extensión de las redes troncales de gas, y por otro como receptor de sobornos por una operatoria de Electroingeniería con Transener.

Consultados por LA NACION durante los últimos meses, tanto De Vido como Baratta, Wagner y Rodríguez siempre negaron cualquier conducta ilícita, al igual que todas las empresas contra las que apuntó Odebrecht como parte de un sistema cartelizado de reparto de obras públicas con sobreprecios.

Esos documentos -a los que accedió LA NACION como parte de la "Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas", que lidera el portal peruano IDL Reporteros- integran el Lava Jato, la gran investigación brasileña contra la corrupción que lidera el juez Sergio Moro en su país y que ya cuenta con ramificaciones por toda América latina, pero que en la Argentina no termina de cobrar fuerza por problemas de cooperación bilateral.

Jueces y fiscales argentinos accedieron a esos documentos -o al menos algunos de ellos- durante su viaje a Washington, donde se reunieron con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero también por limitaciones en la cooperación internacional no pudieron incorporar ese material a los expedientes judiciales, ni difundirlos.

Ahora, por primera vez, esos documentos salen a la luz en la Argentina. Abarcan las confesiones del número uno del grupo, Marcelo Odebrecht, su máximo ejecutivo para América latina, Luiz Antonio Mameri, y otro de sus colaboradores, Marcio Faria, además de constancias de las transferencias de dinero negro a sociedades offshore desde y hacia paraísos fiscales, tal como anticipó LA NACION durante los últimos meses.

"Nuestros ejecutivos en cada país mantenían relaciones próximas con los agentes públicos locales", relató Odebrecht a los investigadores brasileños. "Yo tenía conocimiento, pero sin involucramiento directo, que de alguna forma había pagos indebidos en el exterior [...], por nuestros ejecutivos que ya estaban allí, bajo el pretexto o no de contribuciones electorales", detalló, para luego señalar en particular a la Argentina, Colombia y República Dominicana.

Más detallista, Mameri concentró su declaración en dos negociados: el contrato para la construcción del Sistema de Potabilización Área Norte con la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con coimas por al menos US$ 14 millones, y el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, con pagos negros por al menos US$ 3,3 millones, cifra que podría trepar a los US$ 20 millones.

En el segundo proyecto, por ejemplo, Mameri detalló que el por entonces máximo ejecutivo de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues, "fue abordado por un empresario argentino llamado Jorge Rodríguez, que se presentaba como interlocutor de Roberto Baratta", al que a su vez calificó como el "responsable de definir las prioridades de los pagos de las obras del Gobierno".

"En esa ocasión, Jorge Rodríguez propuso que, con cada pago liberado de una factura, el consorcio [del Sarmiento] pagase valores indebidos en cuentas por él indicadas, y que esta era la única forma de priorizar los pagos al consorcio por los servicios ya prestados". Y Mameri añadió que cuando autorizó "ese ajuste indebido, los pagos fueron retomados".

Por su parte, Marcio Faria concentró su relato en otro negociado más: el proyecto para la extensión de las redes troncales de gas. Al igual que Mameri en el contrato con AySA, Faria también involucró a Wagner en la operatoria ilegal. "Demandaba el pago de propinas a agentes públicos miembros del gobierno federal", lo que el propio Faria dice que autorizó, para luego relatar sus dos encuentros con De Vido, quien "siempre demostraba satisfacción con el desarrollo de los contratos", aunque se encargó de aclarar que, en su caso, "nunca tocar el asunto de la propina".

Los testimonios de Odebrecht, Mameri y Faria se suman a otros que la justicia brasileña sí ya envió a Buenos Aires. Entre otros, los de otros dos arrepentidos, Néstor Cerveró, ex director del área internacional de la petrolera Petrobras, y del lobbista brasileño Fernando "Baiano" Soares, quienes declararon que De Vido y su asesor, Roberto Dromi, cobraron coimas por la venta de Transener a la empresa kirchnerista Electroingeniería.

"A pesar de que el negocio estaba cerrado con el fondo americano Eton Park, después de que Cerveró aceptara beneficiar a Electroingeniería, la combinación del pago de una propina y la negativa del gobierno argentino a [aceptar] al fondo americano como comprador de Transener, incluso con la intervención criminal de políticos argentinos, Transener fue comprada por Electroingeniería", asentó el juez Moro en la resolución que dispuso la captura de otros dos lobbistas involucrados en la operación, Jorge y Bruno Luz.

Ya convertido en delator premiado, Cerveró admitió que cobró US$ 300.000 por favorecer a Electroingeniería y destinó ese dinero a la compra de un inmueble en Brasil. Luego apuntó contra el ex ministro argentino: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina".

Declaraciones comprometedoras

Pagos indebidos

El máximo ejecutivo de Odebrecht para América latina, Luiz Mameri, relató a la Justicia que, para participar en la obra de Paraná de Las Palmas, Carlos Wagner le indicó que además de asociarse con tres empresas locales, tendría que pagarle coimas al partido "del Gobierno de los Kirchner", a través de agentes públicos. Si no cumplía las condiciones, Odebrecht sería perjudicada en la licitación.

Coimas por redes de gas

Marcio Faria, delator de Odebrecht, relató cómo era la operatoria para la extensión de las redes de gas. Involucró a Wagner, quien "demandaba el pago de coimas a agentes públicos miembros del Gobierno federal". Y relató que tuvo dos reuniones con el ex ministro Julio De Vido que "demostraba satisfacción con el desarrollo de los contratos", aunque aclaró que en su caso no tocó "el asunto de la coima".