Los efectos de la foto que Cristina buscó esquivar

Esa foto. Esquivada, temida y finalmente concretada. Con astucia, eso sí, pero concretada. Julio De Vido y Lázaro Báez ya saben lo que les aguarda de Cristina Kirchner: el desprecio y la distancia. José López es otra cosa, porque él declaró ante la Justicia como arrepentido que los nueve millones de dólares que revoleó en un convento en una noche aturdida y desordenada le habían llegado por orden de Cristina. No merecía su consideración. Pero De Vido fue, en cambio, el operador preferido de los Kirchner en las transas deshonestas con la obra pública, la energía y el transporte. Calló desde que está preso. Y Báez lleva varios años entre rejas con la boca cerrada. No aceptó ningún acuerdo de arrepentimiento. Nadie sabe si lo hace por lealtad o porque espera quedarse algún día con todas las propiedades de los Kirchner que están a su nombre. Sea como fuere, calló. No hay gratitud. Cristina se las ingenió ayer para sentarse dos filas atrás de De Vido y Báez cuando debió estar al lado de ellos. Después de todo, la Justicia la acusa de jefa de una asociación ilícita que integran los otros tres (De Vido, Báez y López). Los eludió en la sala del juicio oral, pero finalmente existen tomas fotográficas que incluyen a la expresidente junto con su exministro de Planificación y su principal socio (¿socio o testaferro?), aunque no están uno al lado del otro. Esa foto definitivamente existe. La historia la registrará, mal que le pese a la flamante candidata a vicepresidenta. ¿También la registrará la campaña electoral e influirá en la intención de los votantes? Esa es una página distinta de la historia.

Después de haber demostrado que mantiene intacta su capacidad para sorprender (un atributo político de la familia Kirchner), a Cristina le toca enfrentar la fuerza de su pasado como presidenta y como integrante destacada de la familia política más poderosa del país durante 12 años. Llegó a ese instante después de que sus abogados trataran vanamente de postergarlo y de que hasta la Corte Suprema hiciera una maniobra dilatoria que no prosperó. En su diálogo a la distancia, implícito, con Mauricio Macri, ella le reprocha al Presidente lo justo y lo injusto sobre el estado de la economía (ella contribuyó mucho a la fragilidad económica actual), y el mandatario le contesta precisamente con el historial de presunta corrupción en la administración de la expresidenta. Por eso, esa foto era claramente inoportuna. De todos modos, están planteados de esa manera los grandes trazos de la campaña dentro de una polarización electoral que aún nadie logró quebrar. La economía inestable y débil de Macri; la corrupción y la insensibilidad institucional de Cristina. La pertenencia por nacimiento del Presidente a un círculo de poder y riqueza; la representación de un progresismo que no es y la defensa del pobrismo, aunque Cristina es seguramente más rica que Macri. El diálogo de la polarización será ese, con muy pocos matices cambiantes.

El supuesto delito que empezó a juzgarse ayer se refiere al direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, donde Lázaro Báez recibió el 86 por ciento de las licitaciones de obras del Estado. Nadie le pidió nunca que certificara si su empresa tenía el volumen necesario para hacerse cargo de semejantes trabajos, que significaron el 86 por ciento de la obra pública en esa provincia durante los años kirchneristas. No terminó ni la mitad de las obras iniciadas, pero el Estado nacional no le debía ni un peso cuando Macri asumió en diciembre de 2015. Era el único empresario de obra pública con el que el Estado estaba al día. Le había pagado hasta lo que no había hecho. Báez es el mismo empresario que comparte otras dos causas con Cristina Kirchner, Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, porque el flamante empresario (empezó a serlo justo en 2003) alquilaba habitaciones en hoteles que nunca ocupaba o edificios que no necesitaba. La catarata de pruebas que se abate sobre la expresidenta es enorme, aunque difícilmente vaya presa mientras sea senadora o vicepresidenta -quién sabe qué será-.

La Corte Suprema decidió postergar ayer el tratamiento de las apelaciones de Cristina Kirchner, porque sus miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre una posición común. Los cuatro que pidieron el expediente la semana pasada ya no son cuatro. Están divididos. Una de las apelaciones se refiere a un pedido de pruebas para que se audite toda la obra pública hecha en el país por el kirchnerismo desde 2003 hasta 2015. Lo que se está juzgando es la obra pública en Santa Cruz, no en todo el país. Las maniobras dilatorias de los abogados pueden llegar a pedir que se constate si todas las personas de la guía telefónica se corresponden con los teléfonos adjudicados. Así es la estrategia para superar el "plazo razonable" para un juicio que ordenan los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en 1994 a la Constitución argentina. Cumplido el "plazo razonable", las causas prescriben.

El hecho de que la Corte no haya tratado si acepta -o no- las apelaciones de Cristina plantea una situación extraña para el tribunal del juicio oral que comenzó ayer. La Corte planea sobre ese tribunal, porque puede tomar una decisión en cualquier momento después de que se quedó con la fotocopia del expediente principal de la causa. Hay un pregunta que inquieta a los jueces del tribunal oral: ¿qué sucedería si los jueces supremos del país aceptaran las apelaciones y ordenaran que se hagan las pruebas pedidas por la expresidenta? Lo más probable que ocurra es que los abogados defensores de Cristina recusarían a los actuales jueces del juicio oral con el argumento de que no escucharon toda la verdad y que, por lo tanto, su opinión puede resultar parcial. El juicio que se inició ayer podría ser convertido en nulo e iniciarse un nuevo juicio cuando estén las pruebas, que podrían demorar años en terminarse. Si, en cambio, la Corte rechazara las apelaciones de Cristina, no estaría haciendo un acto de dejación de justicia, como denuncia el cristinismo. La Corte Suprema siempre tiene la última palabra para establecer si un juicio respetó -o no- todas las garantías constitucionales, pero luego de que exista una sentencia definitiva. Esa es su función en la vida para no interferir en las instancias ordinarias de la justicia. Por algo, la apelación ante la Corte se llama "recurso extraordinario"; es decir, está por encima de los trasiegos ordinarios. Por eso, también, cuando pidió la semana pasada el expediente y amenazó con postergar el juicio, la Corte se "ordinarió", según el neologismo creado por un importante juez del fuero federal.

No pueden faltar en ese contexto las últimas declaraciones del candidato a presidente de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, quien el lunes señaló en Río Gallegos que "tendremos que revisar varias sentencias". Fernández es abogado, profesor de la Facultad de Derecho y uno de los discípulos de Esteban Righi, que ocupó con dignidad el cargo de procurador general de la Nación (jefe de los fiscales) hasta que Cristina Kirchner lo echó por no defender a su vicepresidente Amado Boudou. Esa pléyade de discípulos está integrada también por los actuales jueces federales Julián Ercolini, Daniel Rafecas y Ariel Lijo, entre otros. Algunos de ellos fueron alumnos y ayudantes de cátedra de Alberto Fernández, que formaba parte, a su vez, de la cátedra de Righi. Ercolini es el juez que hizo la impecable investigación del juicio que comenzó ayer y formó parte de la lista de jueces amenazados por Fernández. Ercolini fue secundado por una prolija tarea de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, redactores de un informe demoledor sobre la obra pública en manos de Lázaro Báez.

Pero lo importante es establecer qué quiso decir Fernández cuando advirtió que deberían revisarse varias sentencias. Si él llegara a la presidencia de la Nación, no tendrá facultades, como no la tiene ningún presidente, de modificar decisiones del Poder Judicial. Ni siquiera el Consejo de la Magistratura puede juzgar a los jueces por sus sentencias, sino por los delitos que puedan cometer (como el enriquecimiento ilícito, por ejemplo). ¿O, acaso, Alberto Fernández estaba adelantando la posibilidad de un indulto a Cristina Kirchner? Es altamente improbable que en diciembre, cuando asuma el nuevo presidente o reasuma Macri, haya sentencia definitiva sobre las causas que asedian a Cristina Kirchner. Una de las condiciones para el indulto es que haya sentencia definitiva, pero ya Carlos Menem quebró esa jurisprudencia cuando indultó en 1989 a jefes militares y guerrilleros con causas judiciales que no habían terminado. En definitiva, si Alberto Fernández se imagina presidente, como debe imaginarse, y quiere revisar las sentencias que pesan sobre Cristina, el único camino que le queda es el de indultarla. Una facultad arbitraria del presidente que viene de los tiempos de las monarquías absolutas, pero facultad al fin.

Con indulto o sin indulto, con razón o sin ella, lo cierto es que Cristina debió posar ante una foto detestada. Justo ella, la mujer más poderosa de la Argentina durante 12 años, sentada en el común banquillo de los acusados. Esa foto formará parte de la campaña electoral, tanto como su capacidad para sorprender a la política. Es lo que no quería: esa foto.