Los gobernadores reclaman negociar el presupuesto 2026 antes de avanzar en las reformas laboral y tributaria
Los mandatarios que asistieron al encuentro con el Presidente rescatan la voluntad de diálogo, pero esperan una señal concreta: obras públicas y cajas previsionales, los puntos conflictivos
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Por Laura Serra y Gabriela Origlia
Tras el encuentro con el presidente Javier Milei el jueves pasado, los gobernadores esperan que la voluntad de apertura y diálogo que pregona el Gobierno se traduzca en un primer gesto concreto: el presupuesto 2026. Los mandatarios provinciales sostienen que previo a acompañar las reformas laboral y tributaria –prioridades del Gobierno para la segunda etapa de la gestión–, se debería avanzar en una ley de presupuesto negociada que atienda también sus intereses.
Este es el espíritu común que enlaza a los 20 gobernadores que asistieron al encuentro con Milei –del que fueron excluidos algunos mandatarios kirchneristas–, más allá de su grado de cercanía con la Casa Rosada. Si bien todos coinciden en la importancia de un presupuesto con equilibrio fiscal –y así se lo expresaron al Presidente–, creen también que el texto debería contemplar al menos dos cuestiones claves y que están minimizadas o bien ignoradas en su letra chica: obras públicas –y los avales que necesitan de la Nación para llevarlas adelante con fondos de organismos internacionales–, como así también el déficit de las 13 cajas previsionales que no se transfirieron a la Nación.
El tiempo apremia. Salvo que el oficialismo confirme que va a convocar a sesiones extraordinarias durante el receso legislativo, queda apenas un mes antes del cierre del período ordinario para sancionar la ley de leyes en ambas cámaras del Congreso. La oposición emplazó a la Comisión de Presupuesto –que preside Alberto “Bertie” Benegas Lynch– a que este martes se firme el dictamen correspondiente para garantizar la sanción antes del 30 de este mes.
“Nosotros estamos para despachar nuestro dictamen este martes. El cronograma votado en el recinto debe respetarse”, enfatizó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, sostiene lo mismo.
El oficialismo pretende postergar este trámite –al menos la aprobación del Senado– hasta después del 10 de diciembre, cuando vea robustecidas sus bancadas tras la renovación parlamentaria. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya inició gestiones con legisladores que responden a gobernadores dialoguistas para postergar el dictamen.
Los gobernadores replican que no impondrían objeciones al respecto, pero quisieran ver una señal del oficialismo de que efectivamente hay vocación de negociar. Dos de esos mandatarios apuntaron que existe la posibilidad de que haya un dictamen de minoría que “después sea consensuado” con el del oficialismo. Entiende que esa sería la vía para que algunos de los planteos en los que coinciden todos los mandatarios sean atendidos.
“Las negociaciones todavía están verdes y no sabemos qué están dispuestos a ceder”, deslizó un mandatario provincial cercano a la Casa Rosada.
Los fondos para las provincias
El proyecto de presupuesto 2026 que envió el Gobierno trae buenas y malas noticias para las provincias. La buena noticia es que para el año próximo está previsto un aumento del casi 50% en términos nominales de las transferencias corrientes por fuera de la coparticipación federal. Son las llamadas transferencias no automáticas, las cuales se distribuyen en distintas partidas. Algunas de ellas prevén importantes incrementos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que subirán un 306% respecto del monto vigente.
Por contrapartida, el presupuesto asigna apenas $122.763 millones para cubrir los déficits de las 13 cajas no transferidas a la Nación. Los mandatarios afectados advierten que con esta partida se cubre una fracción menor al 10% del monto que anualmente debería girar Anses sin incluir la deuda. Nación, hasta ahora, no reconoce ni cancela ese pasivo.
Entre las transferencias corrientes tampoco se advierte la partida que la Nación debe girarle a la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación tras el fallo de la Corte Suprema de 2022. Por otra parte, según el informe que elaboró la Oficina de Presupuesto (OPC) sobre el proyecto oficial, se prevé una caída de las transferencias de capital a las provincias el año próximo respecto del crédito vigente (-44% nominal); entre las partidas afectadas figuran las obras viales incluidas en los convenios que la Nación firmó con distintas provincias.
Durante la reunión con el presidente Milei, los gobernadores no hicieron mención puntual a estos problemas pero luego, consultados por LA NACION, media docena de ellos coincidieron en que el país no puede pasar un año más sin presupuesto y que este debe contemplar los intereses de las provincias.
“La voluntad de todos, al menos lo que se habló, es que haya presupuesto. Pero también, en los pocos segmentos de la reunión en que se hizo referencia al tema, se indicó que tienen que atender los pedidos que se vienen acumulando”, indicó a este diario un mandatario norteño.
“Hay consenso de que el país necesita un presupuesto −indicó una fuente cercana al santafesino Maximiliano Pullaro–, pero no se profundizó sobre cuestiones concretas. Eso debe definirse a la brevedad”. Desde el círculo del cordobés Martín Llaryora ratificaron también su vocación de diálogo y que será el bloque de Provincias Unidas el que sugerirá las modificaciones.
Tras la reunión, distintos mandatarios hicieron públicos estos reclamos, cuyo tono –algunos más conciliadores, otros más críticos– varía según su cercanía o no a la Casa Rosada.
“Los gobernadores venimos planteando hace tiempo un diálogo con el gobierno nacional; todos queremos una Argentina mejor –sostuvo el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, de Provincias Unidas–. Hay una idea de trabajar y acompañar al Gobierno. También hicimos nuestros planteos, que ya son conocidos, por ejemplo, la obra pública: muchos de los convenios que se firmaron con el Gobierno no se terminaron de ejecutar bien. Otras provincias llevaron el problema del déficit de sus cajas jubilatorias no transferidas. También está la cuestión de cerrar las cancelaciones recíprocas entre la Nación y las provincias: algunos gobernadores pudieron solucionarlo, otros no. El Presidente se mostró receptivo; igualmente hay que trabajar y eso se dará en el Congreso”.
El salteño Gustavo Sáenz coincidió. “La Argentina necesita un presupuesto, necesita previsibilidad. Obviamente vamos a trabajar en tener presupuesto y allí tiene que estar reflejado el potencial de todo el interior productivo”, enfatizó.
Desde La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto –acaso el más crítico de los gobernadores que asistió al encuentro– relató que, cuando él pidió la palabra, hizo públicas las inquietudes de la mayoría de sus colegas. “Le dije que el país necesita un presupuesto. Pero ese presupuesto también tiene que contener los intereses de las provincias. Más aún cuando [las provincias] nos hemos hecho cargo de un sinnúmero de competencias que le corresponden al gobierno nacional. Y que era necesario hacer las modificaciones que correspondan”, relató.
Por Laura Serra y Gabriela Origlia
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