Conflicto de intereses: la Cámara de Tucumán recusó al juez de Santiago del Estero que había beneficiado a Tapia y Toviggino
El tribunal hizo lugar a un planteo del fiscal Pedro Simón; antes el juez Sebastián Argibay rechazó los pedidos de detención y pidió que el caso pase al juzgado de Campana
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LA NACION
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a la recusación del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, que esta misma mañana había cerrado la causa donde se proponía la detención del presidente y el tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
“Hacer lugar a la recusación impetrada por el Ministerio Público Fiscal, en contra del Sr. Juez Federal, Sebastián Diego Argibay a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Santiago del Estero", dice el fallo de la Cámara al que accedió LA NACION.
Argibay había sido recusado por el fiscal Pedro Simón porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.
El juez se defendió diciendo que “la sola circunstancia de que un familiar directo (su hija) haya intervenido en un negocio inmobiliario que constituye objeto de una investigación, no es causa suficiente para solicitar su apartamiento”.
El tribunal igualmente decidió hacer lugar al planteo de recusación.
Apenas unos minutos antes que se conozca ese fallo, el magistrado había declarado la incompetencia de su juzgado en la denuncia contra Tapia y Toviggino y decidió enviarla las actuaciones al juzgado federal de Campana, donde tramitan otras causas contra los jerarcas de la AFA.
“Se advierte que de la propia descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal surge que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto pasivo principal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que, conforme surge de las actuaciones, presuntamente tendría domicilio legal en Pilar, Provincia de Buenos Aires”, dice la resolución firmada por Argibay.
Y agrega: “El relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa”.
Argibay regresó hoy de sus vacaciones y en tiempo récord firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia. “El requerimiento (del fiscal) no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, ni describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación”, opinó Argibay.
Fuentes de la Fiscalía anticiparon a LA NACION que la decisión será apelada ante la Cámara Federal de Tucumán. Antes, de todas formas, la Cámara apartó al juez.
El viernes pasado, el fiscal había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
A la cabeza de la organización estaban Tapia y Toviggino, pero en total hay 26 personas imputadas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon); y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.
La primera etapa de la maniobra, siempre según la investigación, era insertar el dinero que provenía de las maniobras ilícitas en el sistema financiero a través de estas sociedades.
Muchas de las empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias.
La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. “Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón, que pidió una larga lista de medidas de prueba.
El siguiente paso fue la compra de bienes. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino). Solo de vehículos, son casi 20 páginas.
LA NACION
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