“Golden visa”: el Gobierno evalúa ajustar el programa para otorgar ciudadanía argentina a inversores extranjeros
La iniciativa busca atraer capitales al ofrecer la naturalización sin residencia previa; en el oficialismo mencionan inversiones desde US$500.000 y la oposición advierte sobre riesgos de discrecionalidad y lavado de dinero; el tuit de Juliana Santillán
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El Gobierno analiza ajustar el programa que permite otorgar ciudadanía argentina a extranjeros que inviertan en el país, un esquema inspirado en las llamadas “golden visa” que aplican varios países para atraer capitales. La iniciativa, que todavía se encuentra en evaluación dentro del Ministerio de Economía, busca ofrecer facilidades migratorias -incluida la naturalización sin residencia previa- a cambio de inversiones productivas.
La idea fue confirmada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que su equipo trabaja en el tema “desde hace algo más de un año”.
El tema cobró visibilidad la semana pasada cuando la diputada libertaria Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, escribió en X que el Gobierno analizaba “implementar” un programa de residencia por inversión. En su publicación mencionó que se evalúa un piso de US$500.000 destinado a proyectos productivos, inmobiliarios o tecnológicos.
El mensaje generó ruido dentro del propio oficialismo. “Se mandó sola”, resumió un referente oficialista al relativizar el planteo de Santillán. El programa ya fue creado por decreto y todavía se están definiendo sus criterios específicos.
Un experimentado diplomático consultado por LA NACION advirtió, sin embargo, una confusión conceptual. “Si el beneficio es el acceso directo a la ciudadanía argentina, sin residencia previa prolongada, entonces más que una visa se trata directamente de otorgar ciudadanía”, señaló.
La base normativa del esquema fue establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que reformó la política migratoria con un enfoque orientado a la seguridad nacional y a la sostenibilidad de los servicios públicos.
Entre otras modificaciones, la norma creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo destinado a evaluar proyectos y promover la llegada de capital extranjero. El decreto también habilitó que los inversores puedan acceder a la naturalización argentina sin cumplir el requisito habitual de dos años de residencia mínima en el país.
Posteriormente, un decreto reglamentario (524/2025) precisó el funcionamiento del programa. Allí se estableció que los extranjeros que realicen una “inversión relevante” podrán solicitar la ciudadanía directamente ante el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el texto no fija montos ni sectores específicos: esa definición quedó delegada al Ministerio de Economía.
El procedimiento prevé que la nueva agencia analice cada caso y solicite informes de seguridad a organismos como la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad. Con ese análisis técnico, la Dirección Nacional de Migraciones tiene la decisión final y dispone de 30 días hábiles para otorgar o rechazar la ciudadanía.
Desde la oposición surgieron cuestionamientos. El diputado de Unión por la Patria y excanciller Jorge Taiana advirtió que este tipo de esquemas requiere controles estrictos sobre el origen de los fondos para evitar riesgos de lavado de dinero.
“En algunos países los programas de golden visa han sido cuestionados por su vinculación con operaciones de lavado de activos. Es fundamental garantizar que las inversiones sean reales y generen empleo local”, afirmó.
En la misma línea, el diputado peronista Santiago Cafiero, también excanciller durante el gobierno de Alberto Fernández, advirtió sobre los riesgos reputacionales que podría generar el programa si no se establecen criterios claros.
“Así como está planteado, se parece más a una venta de pasaportes que a una política de inversión. Si no hay reglas transparentes, Argentina corre el riesgo de quedar como un país que vende ciudadanía”, señaló.
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