Los gremios estatales reclaman la renovación de 50.000 contratos que vencen a fin de mes y rechazan los exámenes de idoneidad

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió hoy al Gobierno la renovación automática y anual de los casi 50 mil contratos que vencen el 31 de diciembre en la Administración Pública Nacional. A su vez, volvió a manifestar su rechazo por los exámenes de idoneidad que anunció para esta semana el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

“El fraude laboral del Gobierno en el Estado es gigantesco. Se le tiene que empezar a poner fin a la alarmante precarización renovando de manera automática todos los vínculos contractuales que vencen a fin de año hasta su definitiva incorporación en la planta permanente”, señaló Rodolfo Aguiar, jefe de ATE Nacional. Aguiar, que la semana pasada encabezaó una protesta en la Plaza de Mayo en el marco de un paro sectorial, anunció otra movilización para pasado mañana.

“Al congelamiento salarial en la Administración Pública, se le sumaron en las últimas horas nuevos despidos en organismos como el PAMI. Esta semana tenemos que multiplicar las protestas en todo el país”, dijo Aguiar.

“Las firmas de contratos trimestrales que se impusieron desde que asumió esta gestión no sólo generan malestar e incertidumbre en los trabajadores, sino que resienten en cantidad y calidad los servicios que brinda el Estado”, planteó Aguiar.

Exámenes de ideoneidad

También cargó contra las irregularidades planteadas en los exámenes que pretenden tomar a los estatales: “El sistema de evaluación que ilegalmente pretende implementar el Gobierno bajo ningún punto de vista puede condicionar la continuidad de los vínculos laborales. Rechazamos cualquier posibilidad que se vulnere el derecho a la estabilidad”.

La resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señala que estas evaluaciones no son vinculantes y que, por lo tanto, quienes aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral.

Desde UPCN, el gremio mayoritario en la administración pública nacional, también cuestionaron los exámenes de Sturzenegger. “Lo consideramos totalmente rechazable. No tiene sentido tomar a exámenes a compañeros que están trabajando hace diez años en sus puestos de trabajo y desarrollan su tarea con normalidad y pueden ser calificados a partir de esa comprobación. Todas estas cuestiones lo único que hacen es alterar el clima de trabajo y generar miedos”, señaló Andrés Rodríguez, histórico jefe de UPCN.

En un comunicado, UPCN calificó al sistema como “un atropello a la dignidad laboral” y señaló que “solo busca humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país”. El comunicado emitido por la organización sindical sostuvo que estas evaluaciones “no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios” y carecen de transparencia.

El sistema de exámenes afecta a cerca de 58.000 trabajadores estatales con contratos temporarios, según estimaciones gremiales. Estos empleados, muchos de los cuales llevan años en sus puestos, deberán someterse a una evaluación obligatoria para conservar su empleo.

LA NACION

• Conflicto gremial

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