Los jueces de la Corte de Santa Cruz se dieron un aumento que llevará sus sueldos hasta los $24 millones
La medida generó una fuerte reacción del gobernador Vidal; días atrás, los jueces le negaron un suba a otros magistrados por razones presupuestarias
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EL CALAFATE.− Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz dispusieron un aumento escalonado de sus sueldos, que acumularán una suba del 42% en octubre, lo que llevará los salarios de algunos magistrados a 24 millones de pesos. El aumento generó el fuerte repudio del gobierno provincial y sumó así un capítulo al enfrentamiento entre los poderes del estado.
“30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios”, cuestionó hoy el gobernador Claudio Vidal a través de X.
La noticia del aumento se conoció luego que trascendiera una resolución firmada por los cuatros vocales del TSJ cercanos al kirchnerismo, que no solo consolidó los incrementos ya otorgados durante el 2025, sino que fijó aumentos anticipados hasta octubre de 2026. El esquema aprobado establece subas del 4% acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% acumulativo entre agosto y octubre, garantizando de antemano una mejora sostenida del poder adquisitivo de los magistrados.
La Resolución lleva la firma de los jueces Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, los mismos que en diciembre pasado declararon inconstitucional la ampliación de la corte provincial de 5 a 9 miembros, aprobada en la Legislatura, y se negaron durante meses a pagarle los sueldos a los cuatro vocales designados a propuesta de Vidal en septiembre pasado.
Vidal, quien se encuentra enfrentado con las actuales autoridades del Poder Judicial, cuya crisis se acrecentó cuando desconocieron a los nuevos vocales, hoy cuestionó los aumentos. “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz. 30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, afirmó en un mensaje en la red social X.
$24.000.000
— ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) January 13, 2026
Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia.
Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz.
30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios.
Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del…
Según fuentes oficiales consultadas por LA NACION, los sueldos de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, pasarán de $11 y $16 millones en diciembre pasado a $17 y $24 millones en octubre. Las diferencias se deben a la antigüedad de los magistrados en el cargo.
La resolución sostiene que el anteproyecto de presupuesto ya fue aprobado en la Legislatura. Sin embargo, fuentes del gobierno aseguraron a este medio que los aumentos no estaban discriminados en el presupuesto presentado.
Si bien la fijación de los salarios judiciales se encuentra dentro de las prerrogativas constitucionales de un poder independiente, la decisión generó una fuerte polémica por los porcentajes establecidos, que superan mes a mes los índices inflacionarios y contrastan con la política salarial aplicada al resto de los empleados públicos, cuyos aumentos se limitaron durante el año pasado a acompañar la inflación.
La resolución dada a conocer ayer generó una fuerte reacción del gobierno provincial: “Estamos atravesando un proceso de ordenamiento y administración responsable, trabajando con los municipios y ese esfuerzo debería involucrar a todos los poderes del estado y todos deberían encolumnarse. No están viendo la realidad que estamos viviendo como país y como provincia”, afirmó a LA NACION María Belén Elmiger, ministra de Gobierno
“Ellos [por los miembros del tribunal] el 17 de diciembre se opusieron al aumento de los nuevos miembros de la Corte hablando de una crisis presupuestaria y, 20 días después, se olvidan de estas complicaciones financieras y se dan un aumento salarial”, recordó Emilger.
La ministra, que estuvo al frente de la Caja de Previsión Social, agregó: “Hay una contradicción moral, hoy tenemos trabajadores en las municipalidades que cobran $500.000, el haber mínimo jubilatorio en la provincia es de $774.000 y ellos se aumentaron el equivalente a un haber mínimo jubilatorio por mes”.
El aumento alcanza a todo el escalafón de empleados judiciales, según las planillas enviadas desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo hoy, luego de que ayer trascendiera la resolución de los vocales del TSJ con la disposición del aumento fechada el 30 de diciembre pasado.
Según datos oficiales, a los que accedió LA NACION, la masa salarial para los 1646 trabajadores del Poder Judicial pasará de $9700 millones a $11.500 millones (casi 7 millones de pesos en promedio); en tanto que la masa salarial de los 956 pasivos judiciales pasará de $2200 millones en diciembre a $3200 millones en octubre e impacta directamente en déficit de la caja jubilatoria provincial.
En los fundamentos, el propio Tribunal argumenta que la medida responde a un criterio de “equidad” y de “razonabilidad”, y sostiene que los sueldos de los jueces de Santa Cruz “no pueden alejarse de forma grosera” de las remuneraciones que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del orden federal, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia vinculados a la intangibilidad de los salarios judiciales.
Otro punto que alimenta la controversia es que ningún funcionario judicial de Santa Cruz tributa el impuesto a las ganancias sobre sus salarios, a diferencia del resto de los empleados estatales de la provincia.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), también rechazaron el aumento. A través de un comunicado, el secretario general Carlos Garzón calificó el aumento como “obsceno” y denunció que los jueces “se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control, sin debate público y de espaldas a la realidad social de la provincia”.
El dirigente cuestionó que la Justicia no rinde cuentas, no paga Ganancias y aún así se asegura aumentos muy por encima de la inflación. ATE le exigió al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar estos aumentos.
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