Los otros funcionarios del Pro que quedaron en la mira de la oposición
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LA NACIONMarcelo Veneranda
La investigación sobre los aportantes de la campaña bonaerense 2017 de Cambiemos se cobró anteayer su primera víctima política: la gobernadora María Eugenia Vidal apartó a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, quien había sido designada el viernes pasado. Pero Inza no es la única funcionaria de Cambiemos que asumió responsabilidades partidarias en la campaña 2017 y que, por ello, quedó en la mira de las denuncias presentadas por la oposición.
La Justicia ya apuntó sobre dos personas que aparecen como responsables económicos de la campaña bonaerense del frente Cambiemos. Se trata de Carla Silvia Chabán, una joven de 29 años que trabaja en la Secretaría de Legal y Técnica del gobierno porteño, y Alfredo Irigoin, exsenador radical y exintendente de Laprida, de 63 años, actual funcionario del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Ambos fueron señalados por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien lleva adelante la causa iniciada por la denuncia de La Alameda. La fundación acusó de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad de documento público a los senadores Esteban Bullrich y Gladys González , y a los diputados Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores, figuras de la última campaña del oficialismo.
Consultado por el portal LaTecla, Irigoin admitió haber firmado los recibos de los aportes bajo sospecha. "Pero yo no veo cuando entregan la plata", agregó. No mencionó a Inza cuando le preguntaron quién le había acercado esos recibos para firmar, pero habló de una "contadora del Pro". LA NACION intentó contactar a Chabán ayer, pero la joven no se encontraba en su oficina.
Más allá de los delitos denunciados, si la Justicia desaprueba las cuentas de la campaña de Cambiemos, Chabán e Irigoin podrían ser sancionados con una pena de seis meses a diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Es la sanción que la semana pasada recibió el humorista Miguel Del Sel: la Justicia desaprobó los balances del Pro santafesino de 2012 e inhabilitó por seis meses al exembajador en Panamá, quien presidía entonces el partido provincial. También fueron sancionados los tesoreros del Pro de esa provincia: Norberto Principato y Diego Barreto.
Eso estimula a varios dirigentes de la oposición: porque Inza es la tesorera del Pro bonaerense, pero la presidenta del partido es Vidal. Aunque improbable, y más aún por los tiempos de la Justicia, conseguir la inhabilitación de Vidal, principal figura electoral de Cambiemos, aparece como una recompensa fenomenal para el kirchnerismo.
La denuncia que la senadora bonaerense María Teresa García (Unidad Ciudadana) presentó en La Plata, de hecho, apunta contra Vidal, los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús), que son vicepresidentes del partido, y el jefe de gabinete provincial Federico Salvai, quien se desempeña como secretario general del Pro bonaerense.
Como tesorera, Inza figura entre los responsables de informar los ingresos y gastos de campaña del Pro ante la Justicia Electoral. El balance presentado por el Pro consigna cero pesos por todo concepto, porque todos los recursos aparecen en el informe presentado por el frente Cambiemos y firmado por Chabán e Irigoin.
Pero Inza no está sola en esas planillas del Pro: otros dos funcionarios aparecen como los responsables económicos. El primero es Maximiliano Sahonero, legislador porteño del Pro surgido del trabajo social en la villa 20, en Villa Lugano, donde conoció a Vidal. Hoy también es director de la Escuela de Dirigentes Políticos de la provincia.
El otro responsable económico del Pro es Omar Duarte, un joven de 27 años, de La Matanza, que también trabaja en la Legislatura porteña: es director de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, que preside Sahonero.
A tono con Vidal, cerca de Sahonero ponderaron que se avance en una nueva ley de financiamiento político. En diálogo con LA NACION, también se mostraron confiados en la "honestidad y los valores" del equipo que trabajó en la campaña.
La investigación judicial podría afectar a otros funcionarios de Cambiemos. Porque, además de los aportes de la campaña, también quedaron en duda las afiliaciones del Pro: según un análisis de la Justicia Electoral, 99 de 100 casos testigo de personas que figuran como aportantes (y niegan serlo) también aparecen afiliadas al Pro.
De avanzar, esa denuncia activará una causa penal por falsedad ideológica de instrumento público, que usualmente apunta al apoderado del partido y a los "delegados certificantes": los militantes que se dedican a "juntar" firmas de afiliados. Esos delegados deberían surgir de la auditoría pedida por Vidal.
De no aparecer, la mira judicial quedará puesta en los apoderados del Pro bonaerense: Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y "mentor" de Inza, y Patricio Blanco Ilari, asesor general de gobierno de Vidal.
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