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Los Rodríguez Saá, en la mira por su patrimonio
Galeano los investiga por presunto enriquecimiento ilícito
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Los hermanos más poderosos de la provincia de San Luis quedaron a un paso de ser acusados formalmente por la justicia federal de haberse enriquecido en forma ilícita en sus respectivos pasos por la función pública.
El ex presidente Adolfo Rodrí-guez Saá y su hermano Alberto, ex senador nacional y actual gobernador de San Luis, quedaron muy comprometidos en la investigación que instruye el juez federal Juan José Galeano, que estima casi probado ya que ambos se enriquecieron sin fundamentos.
Un informe reservado de la AFIP complicó a los Rodríguez Saá, pero Galeano pidió informes al Banco Central (BCRA) para obtener datos sobre el comportamiento de algunas sociedades anónimas vinculadas con los hermanos puntanos.
Así lo confirmaron a LA NACION funcionarios judiciales abocados a la causa, quienes detallaron que Galeano pretende verificar "cuál es el origen de los fondos utilizados en algunas transacciones bancarias por esas sociedades", para lo cual debe eximir al BCRA del secreto bancario que rige sobre la información de bancos y particulares.
Galeano ya consideró terminada la investigación preliminar sobre el actual gobernador puntano, ya que a criterio de sus investigadores se detectó un "apreciable incremento patrimonial" desde su ingreso en la administración pública, en diciembre de 1983.
El juez tiene decidido avanzar sobre el binomio puntano y requerirles que justifiquen su evolución patrimonial, aun cuando el fiscal federal Jorge Di Lello prefiere escuchar primero la opinión de un perito contador oficial.
Pero Galeano evalúa, incluso, pedir a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas o a la Oficina Anticorrupción que efectúen el requerimiento necesario, dada la reticencia del fiscal federal, dijeron a LA NACION los funcionarios judiciales.
Di Lello pidió que un perito contador analice las cajas repletas de declaraciones juradas, resúmenes de tarjetas de crédito y de cuentas bancarias, y que coteje la evolución patrimonial de los hermanos y de su entorno, que incluye a varios familiares y allegados.
Cruce de datos
El peritaje incluiría el entrecruzamiento de datos y operaciones efectuadas por empresas y sociedades locales y extranjeras, todas sospechadas de pertenecer a los Rodríguez Saá o a sus supuestos testaferros, dijeron a LA NACION desde el Ministerio Público.
Galeano, que sucedió en la causa a Gustavo Literas, también podría extender el pedido de justificación patrimonial a María Mazzarino, ex esposa del fugaz ex presidente de la Nación, y a otros familiares y allegados puntanos.
Desde la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Di Lello, coincidieron en que los patrimonios de los Rodríguez Saá muestran numerosas "inconsistencias", pero insistieron en que debe convocarse a un experto contable. Y sólo luego del descargo de los imputados, afirmaron, podrían fijarse sus indagatorias, aunque Galeano dejó poco margen de discrecionalidad.
Galeano, que ya procesó por presunto enriquecimiento a María Julia Alsogaray, registró que el actual gobernador declaró poseer en 1983 dos lotes en El Durazno, una casa en la capital puntana, un Renault 6, una camioneta Fiat y el 50% de dos propiedades.
Para 2000 había adquirido tres vehículos -como una camioneta Ford Explorer y un automóvil BMW-, propiedades en el exterior -una casa y un terreno en Punta del Este-, y acciones o participación en empresas de San Luis, incluidos diarios. Y sumó once campos, seis terrenos, dos departamentos y seis casas, pero ningún balance de una serie de sociedades en las que tendrían participación accionaria.
La investigación comenzó con una denuncia del ex diputado provincial Juan José Laborde Ibarra. Acusó a Alberto Rodríguez Saá de haberse enriquecido en al menos $ 22 millones y a su hermano, el ex presidente, de ser "junto con Menem, uno de los dos políticos más ricos de la Argentina".
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