Los secretos del regalo de Cristina Kirchner a Alberto Fernández

A veces, si uno analiza, mira con detenimiento o presta atención a los detalles y matices, los hechos intrascendentes o triviales pueden estar cargados de una extraordinaria densidad. Con el acto de conmemoración del 2 de abril, que se realizó el sábado en el Congreso de la Nación, pasa algo así, sobre todo con el regalo que le hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner al presidente Alberto Fernández.

Lo primero que hay que destacar de ese acto, es que nos encontramos ahí con una Cristina de muy buen humor y, sobre todo, no enojada. Y ese estado de ánimo parece que le desplegara más la imaginación o la ironía o el sarcasmo. Por ejemplo, empezó burlándose y chicaneando a la vocera del Presidente sobre el regalo de cumpleaños de Alberto Fernández, aun cuando no había sido invitada al festejo. En cambio, sí fue invitado Pepe Mujica, Fernando Lugo, Evo Morales. Pero no la vicepresidenta.

Después, Cristina Kirchner se refirió a Sergio Massa y dijo que le había regalado el mismo libro “al presidente”. Así lo nombró a Massa, a quien se le puso la piel de gallina. Pero rápidamente aclaró que se refería al presidente de la Cámara de Diputados. Que Massa no se haga ilusiones. Luego, el diputado veterano de Malvinas que habló durante ese acto, Aldo Leiva, le dijo a Cristina Kirchner: “Para mí Usted es la presidenta y siempre lo va a ser”. Es decir, hay como una especie de multiplicación de presidentes, que crecen como hongos, que no le debe gustar demasiado a Alberto Fernández.

Volviendo al tema del libro: ella le regala a Alberto un título que ha sido desde que se publicó un bestseller para aquellos a quienes les interesa la historia, la política y la economía. Se trata de las memorias de Juan Carlos Torre, Diario de una Temporada en el Quinto Piso. El autor es un gran historiador, sociólogo, intelectual que reproduce su experiencia como colaborador e integrante del equipo económico de Juan Vital Sourrouille, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. El libro hoy figura como el más vendido por Amazon en español. Es una narración cruzada por reflexiones personales y teóricas, todas del presente aquel. Es un libro que nos muestra lo que él iba escribiendo en aquel momento sobre las dificultades de asentar un programa económico en el terreno de la política argentina.

¿Cuál es la primera curiosidad de este regalo? Algunos dicen en la Casa Rosada que se lo mandó sin dedicatoria. Pero desde la presidencia del Senado contestan que no dedican libros que no hayan escrito. “Bastante que le hizo un regalo”, dicen otros. Porque al parecer hay una pequeña ofensa en el universo de Cristina Kirchner que tiene que ver con un mensaje de la primera dama que dice: “Llevo en mi vientre al primer bebé en la historia que nacerá en la quinta de Olivos, es algo histórico”. Lo escribió Fabiola Yañez. Se olvidó de que la nieta de Cristina Kirchner, Helena, hija de Florencia, nació en Olivos. Esa nenita es la luz de los ojos de la vicepresidenta, a quien le dedica muchísimo tiempo. Hubo un desperfecto histórico, de los que molestan.

Más allá de esto, la ironía está en otro lugar. La vicepresidenta le regala un libro para que entienda cómo funcionaba el equipo económico del que él formó parte, porque durante el gobierno de Alfonsín, Fernández era el subdirector de asuntos jurídicos de ese equipo. Las memorias son del quinto piso, pero él estaba en el séptimo piso y dependía de la directora de asuntos jurídicos que en aquel momento se llamaba Estela Cáceres Monié, casada con un dirigente misionero, luego dirigente porteño, Horacio Calzón Flores. Antes de estar en esa dirección había sido dependiente en la Dirección de Sumarios. Quiere decir que Fernández debería conocer mejor que Cristina como funcionó el equipo de Sourrouille, porque forma parte de una de las etapas de su vida. No sabemos si el regalo incluyó esta ironía o si fue solo una casualidad.

Lo importante es el mensaje, cuando explica por qué eligió ese libro. Tiene que ver con la concepción que tiene de la vida pública el kirchnerismo, pero sobre todo ella. Se trata de una concepción discutible -aún más cuando se la exagera- que consiste en pensar que cualquier receta económica, técnica, es absolutamente trivial, intrascendente y accesoria respecto de la orientación de la política. Se cree entonces que la que manda es la política, que lo que conduce a un gobierno, a un proceso público, es la orientación general que le impone quien lo lidera, y es ahí donde ella le plantea a Alberto Fernández que hay un déficit.

Hay una segunda capa en esta idea: cómo se define un liderazgo. Para Cristina Kirchner es a partir de un conflicto de intereses. Para ella, como para el pensamiento de izquierda en general, la política es conflicto y el liderazgo consiste en tomar partido. Acá está lo que ella detecta como déficit en Alberto Fernández. La pregunta es si eso que ella desea sería posible, dado que ella lo eligió con un tuit. Muy probablemente desde el comienzo eso que ella espera no está. No puede estar. Habría que preguntarse qué pasaría con Cristina Kirchner y La Cámpora si un día Alberto Fernández se despierta queriendo ser un líder. Tal vez lo primero que haga es ir contra ellos y eso empeoraría las cosas.

El problema que ella formula responde a una enorme insatisfacción que tiene que ver con todo el proceso político que estamos viviendo y que vive el oficialismo. Es cuando cabe volver a Alfonsín, pero no al de los ‘80 sino al de los 2000/2001. En ese entonces era el líder del radicalismo, con un poder mucho más frágil que el que tiene Cristina en el peronismo. Un Alfonsín que miraba cómo una experiencia concreta de administración, la de Fernando de la Rúa, iba dilapidando el capital político de su partido. Pero tampoco De la Rúa era Fernández, sino que era un hombre que había realizado todo el cursus honorum de la política, había sido muchas veces exitoso electoralmente y había llegado por su propio merito a la presidencia. Aun así, empezó un proceso de aislamiento de De la Rúa respecto del partido, de quienes creían que lo habían llevado al poder, y eso generó una inquietud creciente en Alfonsín.

Pero, ¿qué proceso disparó este desencuentro entre Alfonsín y De la Rúa? Como siempre en la historia nada es comparable a nada. Pero hay un aire de familia con este problema entre Cristina y Alberto. Alfonsín pensó primero en intervenir el gobierno. Le pedía a De la Rúa casi públicamente organizar un gobierno con unidad nacional. Quería desembarcar con Duhalde como jefe de gabinete y con Jorge Remes Lenicov como ministro de economía, antes de la derrota electoral de las parlamentarias de 2001. La idea era terminar con la convertibilidad, que nos estaba asfixiando, a partir de una alianza con el peronismo. De la Rúa, que tenía grandes condiciones para el cinismo, le decía: “Pero si tenemos un gobierno de unidad nacional, ¿o no está Cavallo?”. Justamente, Cavallo era a quien Alfonsín quería extirpar de ese gobierno. Como hoy Cristina, La Cámpora y un sector del kirchnerismo pretenden desacoplar a Fernández de Guzmán, y con él del enfoque de la economía que impone el acuerdo con el Fondo. Un enfoque que ya es prácticamente irreversible, aunque ellos crean que no.

Entonces Cristina, La Cámpora y el kirchnerismo están mirando a Fernández como una especie de dilapidador del propio capital político, del propio voto. Así se demostró el año pasado cuando el oficialismo perdió respecto del 2019 el 40% de los votos y se preguntan: “¿Y si esto siguiera así a donde vamos? ¿Por qué no abre el juego?”. Aquí hay que decir, para no caricaturizar, que el planteo que proviene de la vicepresidenta excede el tema de las personas como Guzmán, Cafiero o Kulfas, que pueden no gustarle. Lo que le están pidiendo es que abra la mesa de las decisiones políticas.

¿Este conflicto podría tener la misma lógica que aquel de 2001? ¿Habrá una intención de intervenir a la administración? ¿Y después habrá un despegue? Porque lo que hizo Alfonsín es decirle a De la Rúa “el partido radical se va”. Es cierto, en un contexto absolutamente distinto, en medio de esa convulsión de finales de 2001, con muertos en la Plaza de Mayo. Pero habría que ver si la secuencia, ahora, no es igual. Sobre todo cuando se agote esta tregua muy tensa, que puede durar un par de meses.

Mientras tanto, en esta discusión hay un tema central que le va a poner velocidad al entredicho: el problema de las tarifas de servicios públicos. El impacto que generan los aumentos de tarifas en la población desencadena cacerolazos. Está llena América Latina de dificultades de gobernabilidad que empiezan o que entran por esa ventana. Hay también un acuerdo con el Fondo de reducir subsidios que son, aparte, un capítulo principal del gasto público. Esa reducción supone un aumento de tarifas. La Cámpora definió que, para ellos, no puede haber una suba superior al 20%. Y Guzmán pactó con el Fondo un acuerdo segmentado de aumento que, en promedio, da 80%. Esto es importante porque los que tienen que decidir administrativamente el aumento son funcionarios que responden a Cristina Kirchner y no a Fernández. Es evidente que hay una cabeza estratégica detrás de esto, que es la de la vicepresidenta, que se cuidó muy bien de reservarse dentro del área de gobierno los lugares donde se decide en materia energética, del mismo modo que se garantizó las palancas judiciales: Zannini, Mena, Ustarroz.

¿Qué va a pasar cuando llegue el aumento de tarifas? ¿Los funcionarios de La Cámpora lo van a admitir o se van a ir? ¿El kirchnerismo empezará a hacer planteos judiciales? Este es un gran signo de interrogación que está en el horizonte inmediato, porque la suba debe producirse en abril o mayo. ¿Realizarán audiencias públicas? ¿O se dictarán solo por resolución? Este será el campo de batalla de este conflicto.

Mientras tanto, en el kirchnerismo, desde la atalaya desde donde miran Cristina o Máximo Kirchner, aparecen dos escenas que se tramitan en dos sectores cruciales para el poder de Fernández: el sindicalismo ortodoxo, tradicional, de la CGT, y el club de gobernadores, es decir, el frente federal. Y en esos dos lugares empieza a haber fisuras. No es cierto que Cristina o Máximo Kirchner están detrás de esas fisuras, porque los actores que las producen tienen suficiente autonomía y una lógica de intereses propios que no responde a la interna entre el Presidente y su vice. Es más, los gobernadores y los sindicatos ya demostraron que querían respaldar al Presidente respecto del proyecto de Cristina de ir a otra negociación muchísimo más dura con el FMI. E hicieron que sus diputados voten el acuerdo de Guzmán.

Aun así, en el frente sindical empieza a haber movimientos, como el reemplazo de Antonio Caló, un hombre de Fernández, al frente nada menos que de la Unión Obrera Metalúrgica, el principal sindicato industrial de la Argentina, con una larga tradición, que se remonta a Lorenzo Miguel, a Rucci y a Vandor. De ahí reemplazaron a Caló y la conducción coronó a Abel Furlán, un hombre de Campana, donde está la gran planta histórica de Techint. Furlán tiene un vínculo especial, porque fue diputado con y es amigo de Máximo Kirchner. Muchos creen que Furlán reemplazó a Caló porque Caló no fue suficientemente ambicioso en la definición de la paritaria metalúrgica. Si es así, los que felicitan a Furlán desde el kirchnerismo están pidiendo que el sindicalismo se endurezca en relación con los salarios, un mensaje que va a contramano del que quiere emitir Alberto Fernández en un ciclo de alta inflación.

El otro dato es la foto de Máximo Kirchner con Pablo Moyano que, según la información que trasciende de Camioneros, no la está pasando bien. Estaría enfrentado con su padre, quien atraviesa algunos achaques importantes de salud. No sabemos si lo que está sucediendo en el seno del sindicato es que la cúpula está viendo el eclipse de Hugo Moyano y no quiere verlo reemplazado por Pablo. Más allá de esta interna sindical, la foto con Máximo es importante porque estamos hablando del transporte, en un momento en que se dispara el precio del gasoil. De hecho, está anunciado para el lunes que viene el comienzo de un paro de una semana de las empresas que transportan granos, logística que es fundamental porque tiene que ver con la liquidación de los dólares que faltan en el Banco Central.

El otro frente es el federal. Empieza a haber inquietud de los gobernadores por la forma en que Alberto Fernández conduce el Gobierno. No es nuevo. Después de las elecciones primarias hubo una reunión en La Rioja, organizada por Juan Manzur, que se siente representante de los gobernadores en el gabinete. El Presidente fue con Massa y Wado de Pedro. Pero le pidieron que entre solo y le hicieron una cantidad de reclamos respecto de la forma un poco indefinida, ambigua, falta de carácter o de orientación con que gobierna los asuntos del Estado. Ese planteo vuelve ahora porque, el jueves de la semana pasada, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), hubo una reunión de gobernadores donde dos de ellos fueron muy duros con la gestión de Fernández. Uno es Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y el otro es nada menos que Omar Perotti, un moderado santafesino que, además, tiene un vínculo muy especial con Schiaretti y otro con Bordet, de Entre Ríos, que es, en ese club, quizá el más fiel a Alberto. Habría un informe de esta reunión crítica que le ha llegado al Presidente durante el fin de semana.

No será la única reunión. Los gobernadores se comprometieron a juntarse sistemáticamente. Estamos en el punto de partida de algo nuevo, que los que siguen la política argentina y, sobre todo, el mundo federal, conocen. Siempre se activa el club de gobernadores cuando hay un acuerdo con el Fondo. Porque los gobernadores empiezan a ver que, si hay un ajuste fiscal, muy bien puede comenzar por sus provincias y con los giros que le realiza el Gobierno para sostener el gasto público provincial, que es el que siempre se resisten a ajustar. Es un problema que, por supuesto, se observa minuciosamente desde la casa de Cristina Kirchner, el Senado, y desde la conducción de La Cámpora. Un detalle: la reunión del CFI se produjo después de que Wado de Pedro se reuniera con ellos en la Casa Rosada para hostigar a Larreta, o para presionar a la Corte, en la discusión del Estado nacional con la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Eso no quiere decir que el ministro del Interior la haya instigado.

Estamos viendo que hay un conflicto en la cúpula del frente gobernante que empieza a reproducirse en otras zonas del oficialismo, como la sindical o la federal. ¿Por qué? Quizá la respuesta está en los resultados de un sondeo realizado por Federico Aurelio de Aresco. Según la encuesta, ocho de cada diez argentinos evalúan como mala o muy mala la situación económica del país. La mitad cree que empeoró en los últimos meses y solo uno de cada diez de los consultados cree que mejoró. Además, siete de cada diez cree que la situación empeorará.

Asimismo, cinco de cada diez encuestados creen que las retenciones no controlan los precios internos y lo importante: dos de cada diez consideran que la inflación tiene una resolución medianamente rápida con un plan de shock, es decir, hay muy poca expectativa de que se pueda resolver ese problema.

Otra consultora, Fixer, de Tabakman y Fernández Spedale, consigna que, para el 62% de los argentinos, el mayor problema es la inflación -una cifra más dramática que el 50% que registraba una encuesta de la Universidad de San Andrés días atrás-. Es la primera vez en los últimos tres años (incluye el último de la presidencia de Macri) que la inflación supera la barrera del 60% en la preocupación de la gente. Y el 69% cree que va a ser mayor. Acá se ha desatado una expectativa que lleva al remarque de los precios con independencia de los factores objetivos que puedan determinar su suba. Es un problema que hace que la inflación pase a otra escala.

El 52% en esta encuesta de Fixer cree que la situación económica va a ser peor en los próximos dos años. Esto nos remite a un debate de los economistas que empiezan a plantear, con distintas propuestas, que tiene que haber un plan económico de shock para la inflación, tipo convertibilidad, tipo Plan Austral, aunque después haya mil discusiones. Dentro de este marco es que aparecen algunas figuras que plantean la dolarización. Conviene leer con mucho detenimiento un estudio que acaba de elaborar Miguel Kiguel, con su consultora Econviews, donde primero plantea que el piso de este año para la inflación va a ser de 60%. Piensen que Guzmán pactó con el Fondo, en el peor escenario en 48%. Pero 60% será el piso, según Kiguel.

En el mismo estudio, desmonta todos los argumentos a favor de la dolarización, donde demuestra académicamente que es inviable como salida. En esto coincide con una visión más descarnada todavía del problema de Alfonso Prat-Gay, quien planteó en una entrevista con Luis Majul, en LN+, que los que hablan de dolarización, como Javier Milei, tienen que avisar a la gente que ese plan viene después de una hiperinflación o de un Plan Bonex, que licue la gigantesca masa de pesos que hay en el mercado.

Al igual que los distintos candidatos que aparecen en la oposición, Kiguel y Prat-Gay plantean un plan de shock que enfrente todas las variables al mismo tiempo y que pueda resolver el problema de la inflación, como sucedió con el Plan Austral, permitiéndole a Alfonsín ganar las elecciones de 1985. Aunque después esa estabilidad se desbarrancó.

El problema de la espiral inflacionaria preocupa a los amigos de Alberto Fernández, porque ellos también están viendo que no hay un liderazgo claro por parte del Presidente. Pero, sobre todo, se están preguntando cuánto aguanta Guzmán con este deterioro del salario que tenemos delante de nosotros. Los números de los primeros tres meses del año da una inflación anualizada da algo así como 78%. Entonces, el esmerilado contra Guzmán no viene solo de Cristina Kirchner, sino sobre todo de dentro del propio Gobierno donde se plantean si lo puede suceder Emmanuel Álvarez Agis, que tiene en la mochila el peso de haber trabajado hasta hace poco en temas privados con José Luis Manzano. O el propio Sergio Massa, otro amigo de Manzano, que a lo mejor contaría con el respaldo de la vicepresidenta. Respaldo paradójico porque si hubo alguien que se abrazó al acuerdo con el Fondo y trató de conseguirlo, casi a la altura de Alberto Fernández, fue Massa.

Las presiones sobre Fernández empiezan sobre su propio círculo y se reproducen en otros ámbitos. Por ejemplo, los movimientos sociales le piden que arme un ministerio de la economía popular, y aunque el mandatario dice que no, no descarta crear una agencia a donde iría el Movimiento Evita. Piensan que podría estar encabezada por Alexander Roig, un sociólogo francés encargado en el Gobierno del área de cooperativas, o por Esteban “Gringo” Castro, otro de los líderes del Evita al lado de Pérsico. Mientras tanto, Pérsico fantasea que para seguir vendiéndole al Gobierno paz social necesita 500 mil planes sociales más del millón doscientos que maneja. También se discute la alianza con Juan Grabois, que es muy crítico de la administración. Muchos amigos del Presidente preferirían ver en su lugar a Luis D’Elía.

Como vemos, el poder de Fernández también empieza a ser impactado desde su propio núcleo y todo esto se corrobora con Massa, que dice: “Yo el 23 y 24 de abril armo un Congreso de mi partido y decidimos si nos quedamos o nos vamos del Frente de Todos”. ¿Esto es una iniciativa de Massa o es el primer portazo de otros portazos que anticipan nuevamente que la relación entre Cristina y Alberto Fernández adquiere la lógica de la que hubo entre Raúl Alfonsín y De la Rúa en el año 2001? Esta es la gran pregunta.

En la oposición también empieza a haber inquietudes, demandas por parte del electorado y de los sectores de poder para que haya respuestas. Patricia Bullrich, por ejemplo, acaba de estar en la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) a donde fue con un economista no ortodoxo, que los dueños de casa no esperaban: Luciano Laspina. Le empiezan a preguntar cuáles son los planes para esta crisis, en medio de un Juntos por el Cambio muy afectado internamente por algunas cuestiones judiciales. La más importante afecta a Macri, pero sobre todo a dos funcionarios que son el calvario del expresidente, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Porque el exjefe de contrailentigencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, declaró en el Juzgado Federal de La Plata, del juez Ernesto Kreplak, que la orden de grabar la reunión en el Banco Provincia de los ministros de Vidal con empresarios para armar causas contra el “Pata” Medina se la dieron Majdalani y Arribas. Esto es para contestarle a los jueces de la Cámara Federal, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que dijeron que la conducción no tenía que ver con el espionaje ilegal, que era tarea de cuentapropistas. Ahora el ex jefe de Contrainteligencia, que es el cargo que tenía Stiuso en la AFI, dice que todo venía organizado desde la cúspide.

Es un problema para Macri, que esperaba que el juez Martínez de Giorgi, que sigue una causa similar en la Capital, la diera de baja por vicios de origen ligados al juez que inició la investigación, Federico Villena. Martínez de Giorgi fue en sentido contrario. Incorporó como querellante a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau. Conclusión: el tema del espionaje clandestino se mete en la interna de Juntos por el Cambio y del Pro porque la tesis de Majdalani y Arribas, para quienes todo lo organizó María Eugenia Vidal en la provincia, parece no caminar y vuelve como un búmeran contra ellos.

La inflación y la crisis energética empiezan a tener una dimensión también diplomática. Falta gasoil y falta gas, entre otras cosas, porque el entrañable Evo Morales, que estuvo en el cumpleaños del Presidente, o el gobierno que él auspicia en Bolivia, se ha puesto restrictivo con la Argentina. La excusa es la de siempre: tiene un convenio con Brasil que es prioritario. Hubo que hacer gestiones, las hizo Daniel Scioli, embajador en Brasilia, las hizo Guzmán, y las terminó de completar la gente de IEASA -exEnarsa-, que responde a Cristina. Consiguieron, y habría una reunión en Brasil la semana que viene, que el pestilente Bolsonaro resigne parte del gas que le corresponde para que el entrañable Evo nos lo entregue. Se invierten los roles y el enemigo se convierte en amigo y el entrañable amigo se convierte en un problema. Probablemente Evo piensa como Cristina: hay que defender intereses.

Segundo dato de la política regional: la visita del chileno Gabriel Boric. Es importante y, a pesar de que no aparece en la declaración pública de los dos presidentes, hay un tema nuevo. En la Argentina comienza a ser una cuestión principal el indigenismo, el reclamo de soberanía o de autonomía nacional de la comunidad mapuche, reforzado desde Chile. Nada menos que la ministra del Interior de ese país, Izquia Siches Pastén, habló de una entidad cuyo nombre no conocíamos, Wallmapu. Sería la vieja nación mapuche que cubre regiones de Chile, parte de Río Negro, la totalidad de La Pampa, parte de San Luis, el sur de Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires. Para la funcionaria esta región sería legítima. Ella menciona al Wallmapu como una unidad política. Este es el comienzo de un problema binacional importante porque, este fin de semana, una organización insurgente mapuche quemó 15 propiedades en Chile para llamar la atención de Boric. Es un tema de agenda nuevo entre Chile y la Argentina. Muy importante por mil razones, entre otras, porque ahí está Vaca Muerta. Estamos hablando de un mundo al que le falta gas y una frontera muy porosa: hoy no se sabe dónde está Jones Huala. Todo esto conspira contra la solución del problema. ¿Lo habrán hablado Boric y Fernández? Seguramente sí, pero no lo sabemos.

Boric dijo dos cosas importantes que lo diferencian de la izquierda nacionalista argentina. Primero: el equilibrio presupuestario y fiscal no es un bien de la derecha, también debería serlo de la izquierda. Después habrá una discusión sobre cómo se alcanza, si bajando gastos o subiendo impuestos. Pero el equilibrio fiscal es un valor. Segundo: los derechos humanos deben ser defendidos cualquiera sea la orientación ideológica del que los viola. Es un tema trascendente porque Alberto Fernández ahora está frente a una gran encrucijada. La Argentina preside la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Y los Estados Unidos, cuyo embajador se acaba de reunir con Cristina Kirchner en Buenos Aires, acaban de pedir que Rusia sea, por razones obvias, expulsada de ese cuerpo. Alberto Fernández, el portero de Putin, tendrá que definir qué hace nuestro país en esa comisión que le toca presidir.

Por Carlos Pagni

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Tipo de trabajo:análisis