Los sondeos quedaron en la mira del Gobierno

El proyecto de reforma política que promueve el Gobierno tiene otro aspecto que a medida que empieza a leerse la letra chica de la ley provoca más dudas.

Se trata de la prohibición de difundir encuestas electorales desde 15 días antes de los comicios y, en general, toda la regulación que establece en torno a los sondeos.

Según el articulado de la iniciativa kirchnerista, las consultoras que "deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas de opinión o prestar servicios a las agrupaciones políticas [capítulo II, Art. 86]" deberán primero anotarse en un registro ante la Cámara Nacional Electoral.

Además, durante la campaña, tendrán que presentar un informe de cada trabajo que realicen, en el que deberá constar quién los contrata, todos los detalles técnicos de la encuesta y cuánto cobraron por hacerla.

Esta información "será publicada en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral para su público acceso por la ciudadanía", dice el proyecto.

Los referentes de la Coalición Cívica y la UCR habían pedido esta medida de control de las empresas de sondeos en las últimas elecciones, porque sospechaban que las encuestadoras contratadas por el Gobierno y por Unión Pro tendían a beneficiar a sus clientes con sus números.

Sin embargo, para algunas ONG que trabajan por la transparencia, el control es excesivo, sobre todo por las sanciones previstas en la ley: cualquiera que incumpla la normativa no podrá inscribirse en el registro de encuestadores (es decir que no podrá trabajar) "por un período de entre dos y cuatro elecciones".

Los costos

La medida también fue rechazada por la mayoría de las consultoras. "Es violatorio de la confidencialidad de una profesión liberal y no hay razones que justifiquen semejante exigencia. Es la AFIP la que debe tener la información del monto de las facturas, y no el Gobierno; no es correcto ni ético hacer publicidad con un cliente", apuntó Graciela Römer.

Pero sin dudas el artículo que provoca más críticas es el 87, que dice que "15 días antes de las elecciones ningún medio de comunicación [...] podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos".

Para Fabián Perechodnick, director de Poliarquía, se trata más que nada de una restricción para los medios. "Nosotros seguiremos realizando trabajos, pero no les dejarán a los medios publicarlos", sostuvo. La directora de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, consideró que la norma "atenta contra la libertad de expresión", porque es una prohibición que pesará más que nada sobre los medios, que no podrán ni siquiera "referirse a los datos" de las encuestas, algo impensado en las mayores democracias del mundo.

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