Detrás de la pelea para determinar si Diputados debe hacer sesiones presenciales o virtuales hay un problema de fondo: Juntos por el Cambio no quiere discutir, de manera remota, temas estructurales, que estén fuera de contexto. Estos son los asuntos que desesperan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que no son urgentes, como la reforma judicial,que busca alcanzar para su impunidad y la de una decena de personas más.
Entre otras personas, la medida favorece a Cristóbal López, Fabián de Sousa, Hugo y Pablo Moyano, Lázaro Báez y una decena de exfuncionarios y dirigentes kirchneristas: desde Julio de Vido hasta Ricardo Jaime, desde Amado Boudou hasta Juan Pablo "Pata" Medina. Además, no hay que olvidarse que busca la impunidad de un puñado de poderosos empresarios que aparecen como procesados en la causa más relevante y con más prueba de todas: la de los cuadernos de las coimas.
¿Por qué Juntos por el Cambio no quiere sesionar de manera virtual? Porque percibe que el Gobierno y el oficialismo hacen una trampa administrativa y, a su vez, política.
En un país más o menos serio, la emergencia no se usaría para hacer y decir cualquier cosa, la pandemia no se tomaría como herramienta para acumular poder político y todo el mundo estaría tratando de resolver los asuntos más urgentes.
Ejemplo de esto es lo que sucede con la toma de tierras, a lo largo y a lo ancho del país. En Villa Mascardi, pero también en el partido de la Costa, en Entre Ríos o en Tres de Febrero. Hay mucho temor y mucha confusión alrededor de esta situación: una sensación similar a la que generó el intento, finalmente exitoso, de liberar a cientos de detenidos que estaban en la cárcel para mandarlos a su casa, o ponerlos en libertad.
El primero en manifestarse al respecto fue Juan Grabois, quien advirtió y justificó una oleada de tomas en todo el país. Además, hace pocas horas, la ministra de Seguridad Sabina Frederic, lo caracterizó como un problema de hábitat, y no de seguridad.
Por su parte, y como no podía ser de otra manera, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, primero hizo una descripción del asunto y enseguida lanzó: "El que toma tierras en la provincia irá preso". También dijo que todas las noches, en la provincia de Buenos Aires, impiden entre dos y tres tomas de terrenos.
Sumado a esto, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, volvió a hacer las veces de comentarista, al argumentar: "Es innegable que hay una necesidad y tiene que haber una respuesta del Estado".
La pregunta correcta, entonces, sería: ¿Se podría deducir o no que la emergencia que se votó por el Covid-19 en la Legislatura y que impide los desalojos hasta el 30 de septiembre habilita a los eventuales intrusos a ocupar los terrenos y quedarse? Y la incógnita siguiente, obvia pero de fondo, una vez más, es: ¿Cuántas posturas ideológicas conviven en el Frente de Todos y cuál prevalece? ¿La de Grabois, la de Frederic, la de Berni o la de Kicillof? ¿Qué piensan, de verdad, Alberto Fernández y Cristina sobre el polémico asunto de las tomas?
La radicalización de la vicepresidenta ya se esparció, como una mancha de aceite, hacia el jefe de Estado. O por lo menos durante la última semana. Eso está más o menos claro. ¿Pero pueden convivir esas posturas con la mirada del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa?
Más allá del desbarajuste o la amplitud de criterios de la fuerza que gobierna, ¿no deberían mostrar una mínima efectividad en la acción y en la gestión? Porque, junto con la oleada de tomas, están creciendo los casos de inseguridad y, en especial, los que determinan la efectividad de las autoridades: los homicidios.
De nuevo: nos tapa el agua y el oficialismo juega a presentar a candidatos por izquierda y por derecha, para no perder votos en las legislativas del año que viene, y mantener la mayoría y acumular más poder, pero antes de mandar a la cancha a Berni: ¿no deberían mostrar resultados concretos? ¿O suponen que es suficiente con el video de Berni entrenando?
Y todavía nos falta hablar de economía, a la que no le hacen falta más impuestos, sino más puestos de trabajo. Los índices de ocupación crecen y los de pobreza bajan cuando llega la inversión. ¿Pero qué emprendedor o empresario nacional, o internacional, chico, grande o mediano va a invertir en un país cuya presión impositiva sobre la rentabilidad es casi la más alta del mundo? ¿Por qué lo haría?
Es más: ya todo el mundo entiende, dentro y fuera del Gobierno, que el impuesto a los más ricos no va a impactar demasiado en términos de recaudación. ¿Cuál sería entonces el objetivo? ¿Vender un poco más de humo? ¿Hacerle creer a la sociedad que, de verdad, piensan en los que menos tienen?
Si querían una señal de empatía podrían haber empezado por bajarse los ingresos, como hizo toda la clase política de Chile, Uruguay y otros países de Latinoamérica. O Cristina Kirchner podría haber evitado dar por descontado el pago del impuesto a las ganancias sobre el ingreso por la pensión graciable como viuda del expresidente Néstor Kirchner.
Pero parece que el proyecto del impuesto a los más ricos, igual que la reforma judicial, también lo quieren discutir, de manera virtual, para evitar el debate franco.