Marcha atrás del kirchnerismo: postergó ubicar a un exabogado de Cristina Kirchner en un tribunal estratégico para las causas de corrupción

En una jugada que la oposición leyó como una señal de debilidad política de Cristina Kirchner, el Frente de Todos decidió dar marcha atrás y retirar del debate en el Senado los pliegos para ocupar las tres vacantes de la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, una localidad casi sin jueces ni abogados y que, como reseñó en 2015 LA NACION, terminaría captando las causas judiciales abiertas contra funcionarios kirchneristas de Santa Cruz.

Se trata de los pliegos de Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez, que ahora volverán a estar en estudio en la comisión de Acuerdos que preside la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti. Los pliegos eran resistidos por la oposición, principalmente el de Bersanelli, que se desempeñó como abogado de Cristina Kirchner en una diligencia ordenada por el fallecido juez Claudio Bonadio.

Durante la audiencia en el Senado en la que se analizó su pliego, Bersanelli rechazó haber sido abogado de la vicepresidenta y negó tener vínculos familiares con los Kirchner. Sin embargo, LA NACION reveló que Bersanelli actuó como abogado de Cristina Kirchner en noviembre de 2016, durante un operativo judicial en Río Gallegos con intervención de la Gendarmería.

El ascenso de Bersanelli figuraba como el primer punto del temario confeccionado para la sesión de hoy, que conduce la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma. El sorpresivo paso fue solicitado por el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), y tendría relación directa con la resistencia de algunos senadores a votar los pliegos, cuya aprobación impulsa la propia vicepresidenta.

La nómina de candidatos al tribunal la completan Carlos Borges, quien recientemente juró como juez de Recursos en la zona norte de Santa Cruz, con el voto de la legislatura provincial a una propuesta de la gobernadora Alicia Kirchner; y Nelson Sánchez, quien también ejerció como juez de Recursos en la provincia patagónica.

“A muchos les parecía un exceso votar esos jueces en la misma sesión en la que se iba a aprobar la ampliación de la Corte, un proyecto que sólo le interesa a Cristina Kirchner”, relataron voceros oficiales al tanto de la interna que atraviesa la bancada.

La oposición rechazaba los pliegos por considerar que forman parte de las maniobras del kirchnerismo para garantizarse un segundo nivel de control en las causas que los tengan como protagonista por denuncias de corrupción ante la justicia federal.

Esto es así porque la Cámara Federal de Comandante Luis Piedra Buena se convertirá, una vez que se constituya, en el tribunal de alzada de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tarea que hoy lleva a cabo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal mucho más independiente del poder kirchnerista.

La creación de la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena estuvo marcada por la polémica desde sus inicios, ya que el tribunal absorbería todas las causas en las que estén o puedan estar involucrados funcionarios del gobierno nacional que tienen sus domicilios en Santa Cruz, o bien aquellos que ejerzan sus cargos en la provincia, dependiente del gobierno nacional.

La constitución de la Cámara fue aprobada en 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner y por impulso del diputado kirchnerista Pablo González, actual presidente de YPF. Pero el gobierno de Cambiemos no avanzó en la conformación del tribunal, ubicado en una localidad casi sin jueces ni abogados matriculados. Recién en 2019 el Consejo de la Magistratura cedió en avanzar con los nombramientos de los jueces.

Como informó LA NACION el año pasado, entre los 10.000 habitantes de esta ciudad ubicada a 240 kilómetros de Río Gallegos solo hay 15 abogados matriculados, pero seis tienen el título bloqueado. Por si fuera poco, el predio destinado para la sede de la Cámara de Apelaciones luce tan vacío como en 2015. Para completar el panorama, la ciudad es gobernada por la familia Bodlovic, afín al kirchnerismo, desde 1999.

La candidatura y el olvido de Bersanelli

Juez de primera instancia, al presentarse ante el Senado Bersanelli rechazó haber sido abogado de la vicepresidenta negó mantener en la actualidad vínculos familiares con la familia Kirchner y remarcó que si fuera necesario no dudaría en fallar en su contra. Así lo dijo durante una tensa audiencia en la Comisión de Acuerdos, donde se presentaron los postulantes para ocupar vacantes en juzgados y fiscalías.

Bersanelli estuvo casado con Candela García, funcionaria judicial también y hermana de la actual diputada provincial, Rocío García (FdT), expareja de Máximo Kirchner. Bersanelli fue también funcionario municipal y provincial del kirchnerismo.

“Yo no fui su abogado, la acompañé a una presentación judicial que hizo”, afirmó Bersanelli al ser cuestionado por la senadora radical santacruceña María Belén Tapia, quien también recordó sus vínculos familiares con los Kirchner. El candidato afirmó: “Yo no fui abogado de la señora vicepresidente, simplemente la acompañé a una presentación judicial, no llegué al nivel de ser abogado de ella. Ella tiene otros abogados y entiendo que me pidió que lo acompañe por una cuestión familiar que había en su momento”, afirmó el candidato. Si no hay novedades, su pliego saldría aprobado por mayoría en la próxima sesión de la Cámara alta.

Bersanelli se refirió a la mañana del 25 de noviembre de 2016 cuando estuvo junto a Cristina Kirchner en el Juzgado Federal de Río Gallegos para cumplir con un oficio del juez federal Claudio Bonadio, quien le pedía que deje sus huellas digitales en el marco de la causa dólar futuro. Cada paso de esa mañana quedó registrado en un video que la vicepresidenta compartió en sus redes sociales. “¿Qué hora es Marcelo?”, pregunta Cristina Kirchner. “Son las once menos diez”, le responde Bersanelli en uno de los videos.

Sin embargo, un episodio clave quedó en el olvido durante la audiencia.

Con el foco puesto en ese video publicado por la vicepresidenta y que muestra a Bersanelli a su lado en un trámite judicial, pasó desapercibida otra intervención en la que el propio Bersanelli actuó como abogado de Cristina Kirchner en un operativo judicial con intervención de la Gendarmería. O al menos se presentó como tal.

Fue el 1 de noviembre de 2016, como contó LA NACION, cuando dos arquitectas del Tribunal de Tasaciones de la Nación acudieron al domicilio de la entonces expresidenta para peritar el valor de la propiedad. El chalet de dos plantas en Mascarello 441, en Barrio Jardín de Río Gallegos, había sido adquirido por Los Sauces SA, una de las sociedades comerciales de la familia Kirchner, a Negocios Patagónicos SA (propiedad de Osvaldo Sanfelice, entonces socio de Máximo Kirchner). Las peritos acudieron junto a dos testigos y personal de la Gendarmería.

Cristina Kirchner se encontraba ese día en Buenos Aires, por lo que en el lugar se hizo presente el entonces abogado Bersanelli, quien primero pidió leer la orden judicial antes de abrir el portón lateral para permitir el ingreso a la casona.

Un año más tarde, Bersanelli asumió al frente del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos. Su asunción fue recibida con una protesta del gremio judicial, que cuestionaban que estuviera mencionado en una causa penal en el Juzgado de Instrucción N°3 de Río Gallegos, de su época de funcionario, mano derecha de su entonces cuñada, la exministra de Salud, Rocío García. Según pudo confirmar LA NACION, cinco años después de la denuncia la causa está activa, sin procesos ni indagatorias, pero registra algunos movimientos.

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