María Soledad Morales. A 30 años del crimen, el apellido Saadi resurgió y volvió al poder en Catamarca

La aparición del cadáver mutilado de María Soledad Morales, de 17 años, el 10 de septiembre de 1990, cambió la política de Catamarca. Al menos, en un comienzo. Obligó a la intervención federal de la provincia y fue el fin del gobierno de Ramón Saadi, perteneciente a una familia que estaba en el poder desde 1983, cuando volvió la democracia. Pasaron 30 años desde el crimen que conmocionó al país; durante 20, la provincia fue administrada por el Frente Cívico y, en 2011, el apellido Saadi regresó.

Lucía Corpacci fue electa gobernadora en 2011, su mamá era hermana de Vicente Saadi, el fundador de la dinastía que estuvo 40 años en el poder. Su padre, Sebastián Corpacci, tuvo varios cargos en las administraciones de los Saadi, con Vicente y también con Ramón, primo de Lucía y gobernador destituido en 1991 en medio del escándalo por el crimen de María Soledad.

"Saadi no es sinónimo de mala palabra. Ramón no es el demonio que plantean los medios", dijo Corpacci cuando ganó. Cuando en diciembre ya dejaba su cargo –fue elegida diputada nacional-, asistió a la asunción de Gustavo Saadi, sobrino de Ramón, como intendente de San Fernando del Valle de Catamarca.

"Muchos personajes y funcionarios de la era Saadi regresaron con Corpacci, pero con menos poder y en otro plano –dice a LA NACION un conocedor de la política catamarqueña-. Ninguno estaba ligado directamente con el caso de María Soledad, habían estado en segundas o terceras filas y, durante los años del Frente Cívico, se habían mantenido en el llano ".

Quien nunca se alejó de la política fue Edith Pretti de Luque, la madre de Guillermo Luque,condenado como autor material del homicidio y la violación, y esposa de Ángel Luque, que era diputado nacional en ese momento. Ella siguió militando activamente en la rama femenina del peronismo catamarqueño. Su marido murió en mayo de 2011; dos décadas antes, ese hombre de Saadi y amigo del entonces presidente Carlos Menem, había sido expulsado de la Cámara de Diputados por decir que si su hijo Guillermo hubiera sido el asesino, el cadáver nunca hubiera aparecido.

Apellidos que se repiten

Fundador de la línea renovadora del peronismo, el año pasado Raúl Jalil fue elegido gobernador por el Frente de Todos. Antes, fue dos veces intendente de la capital provincial. Es hijo de Guido Jalil, quien fuera intendente saadista de Catamarca y socio propietario del Sanatorio Pasteur, establecimiento que en algún momento apareció mencionado en la trama del asesinato de María Soledad.

Los conocedores del expediente apuntan que nunca hubo "indicios ciertos" de los comentarios que decían que unos primos del actual Gobernador, junto a Arnoldo Saadi (hermano del actual intendente y primo de Corpacci y del exmandatario Ramón Saadi) estaban vinculados con el crimen de María Soledad. Los mencionó un excomisario, pero sus dichos no se probaron nunca. Arnoldo, a quien todos llamaban "Arnoldito", estuvo involucrado en una causa de drogas años después. Murió en 2013.

Guillermo Ferreyra, que asumió como intendente de Fray Mamerto Esquiú, un pueblo a 25 kilómetros de la capital catamarqueña, es el hijo del exjefe de Policía en el momento del crimen, Miguel Angel Ferreyra, que fue acusado por encubrimiento, pero fue sobreseído por la Justicia. Murió hace un año.

En 2019, el aniversario del caso María Soledad coincidió con la campaña electoral provincial y la oposición apeló a la idea de que "los mismos apellidos gobiernan". Una estrategia electoral que apelaba al impacto del crimen en los votantes al inicio del proceso pero que, con el tiempo, se fue diluyendo.

"Hay toda una generación para la que ya María Soledad no tiene las mismas connotaciones. El caso sí es recordado por los grupos que luchan contra la violencia de género, contra los femicidios, pero fue perdiendo su peso en las decisiones políticas", insiste un analista catamarqueño. Este año los actos recordatorios los organiza la Red Infancia Robada.

Catamarca es una sociedad Estado-dependiente (en estos meses 94.000 personas recibieron el IFE), con una economía privada poco desarrollada. Se trata de una estructura que condiciona a los votantes y consolida estructuras de poder personalistas.