María Soledad Morales. El primer femicidio que sacudió al poder político en la Argentina

Las palabras hablan; los silencios también. Treinta años atrás, el estruendo del silencio llegó desde la provincia de Catamarca a todo el país para reclamar justicia por el crimen de María Soledad Morales. Los brazos entrelazados en un paso lento pero firme, bajo un cielo limpio o protegidos por una marea de paraguas en las jornadas impiadosas; gestos de dolor y hastío frente a la impunidad. Y silencio.

Las marchas encabezadas por sus padres, Ada Rizzardi y Elías Morales, y la monja Martha Pelloni -en ese momento directora del Colegio del Carmen y San José, al que asistía María Soledad- llegaron a reunir más de 30 mil personas en las calles céntricas de San Fernando del Valle de Catamarca en un pedido de Justicia por el cuerpo ultrajado y mancillado de la joven de 17 años. Esa procesión silenciosa continuó el modelo de las marchas de las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar, que además de pedir por la aparición con vida de sus hijos, buscaban terminar con la trama siniestra de complicidad del poder político, judicial y policial. Si aquellas marchas cívicas de Catamarca terminaron siendo multitudinarias es porque María Soledad no solo fue víctima de la violencia machista sino emergente, reflejo y símbolo de tantas otras mujeres sin potestad sobre sus cuerpos; historias silenciadas. Niñas y mujeres sin nombre.

Fue el primer femicidio desde el regreso de la democracia que sacudió el statu quo de una provincia gobernada por una dinastía y que dejó al desnudo los modos de operar de "los hijos del poder", el primero que quitó los velos e hizo historia. "Si mi hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido nunca", dijo el entonces diputado nacional Ángel Luque en defensa de su hijo Guillermo, condenado a 21 años de cárcel por el asesinato y la violación de María Soledad. Por esa declaración, el diputado Luque fue expulsado del Congreso; y esa frase, dicha al pasar, reveló como pocas la naturalización de la prepotencia y la impunidad en una provincia cuasi feudal, con fuerte sesgo clasista, atravesada por los privilegios del nepotismo. La complicidad de los poderes que terminó en escándalo político e intervención federal, desplazó esa noticia de las crónicas policiales a la primera plana de los diarios para dejar al descubierto lo que siempre estuvo allí. Hasta el crimen de María Soledad.

Y como si un cuerpo ultrajado y mutilado no bastara, los acusados pusieron en marcha otra operación siniestra: la de las mentiras y la difamación. Que se trataba de una "chinita pobre y disponible", "una pibita a la que le gustaba la joda", una chica dispuesta a todo.

"A mi hija la mataron dos veces, física y moralmente, porque las calumnias y las injurias que levantaron contra ella fueron terribles, justificaban la muerte de una chiquilina de 17 años. ¡Qué daño pudo haber hecho mi hija para merecer semejante muerte!", dice todavía su madre, Ada Morales, como un mantra. Porque además de truncar su vida, la trama del encubrimiento buscó construir una justificación demencial y una versión falaz de su crimen. Y, como nunca, fue necesario recordar lo obvio: que se trataba de una adolescente que salió a divertirse con amigos y terminó sometida al peor de los infiernos.?

A lo largo de estos años, fueron (son) muchas, demasiadas, las mujeres violadas, descuartizadas y enterradas por una violencia machista que atraviesa todas las clases sociales en todos los rincones del país. Paulina Lebbos (23 años), Ángeles Rawson (16), Cristina Iglesias (40) y su hija Ada (7), Micaela García (21), Celeste Castillo (25), Jordana Rivero (28), Bianca Godoy (4), Daiana Castillo (16), Eylin Condorí (17), Denise Vergara (31), Camila Tarocco (26), Jésica Minaglia (30), Romina Videla (37), María Alejandra Sarmiento (22) y cientos de otras niñas, adolescentes y mujeres quedaron inscriptas en un registro de víctimas que sigue interpelando al Estado y a la sociedad y que se condensó, no ya en el silencio ensordecedor de Catamarca sino en cada una de las multitudinarias marchas del Ni Una Menos, en las que las mujeres gritaron basta.

Desde el 20 de marzo, día del inicio de la cuarentena, se cometieron más de 140 femicidios en la Argentina: una de cada ocho mujeres ya había denunciado episodios previos de violencia de género. La línea 144 -que brinda contención, atención y asistencia- recibió más de 30 mil llamados (263 diarios, un 30 por ciento más que años anteriores) desde que la cuarentena confinó a las mujeres en sus casas y las encerró bajo un techo que debería ser refugio. Pero no lo es.

Las sentencias por el crimen de María Soledad Morales llegaron el 27 de febrero de 1998 -ocho años después del crimen- tras dos juicios, cientos de testigos, recusaciones y tensión política. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de cárcel, y Luis Tula, a nueve, como partícipe secundario de la violación y el asesinato. Doce años después del crimen, la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias de Luque y de Tula. Los familiares dicen que esa justicia llegó a medias: que fueron varios los involucrados que no rindieron cuentas ante los tribunales y que quienes lo hicieron, deberían haber pasado toda la condena en la cárcel. El padre de María Soledad, Elías Morales, murió en 2016. Luque salió en libertad condicional "por comportamiento ejemplar" luego de 14 años de encierro y sostiene haber sido "un preso inocente". Tula estudió abogacía en la cárcel, donde pasó 5 años. Ambos aún niegan haber tenido participación en el crimen. Ambos caminan ahora las calles de Catamarca y quizás se crucen alguna vez con Ada Morales o cualquiera de los seis hermanos de María Soledad.

Esta historia ocurrida en la madrugada del 9 de septiembre de 1990 es también, trágicamente, la historia de hoy: cada 32 horas se produce un femicidio en la Argentina. Mientras se leen estas líneas, alguna mujer está denunciando que es víctima de la violencia machista.

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Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Línea gratuita 137 o WhatsApp al 11-3133-1000 desde cualquier lugar del país.