Megacontrabando de soja: Casación mantiene la prisión del empresario que se fugó a Paraguay cuando iban a detenerlo
Rechazó los planteos de la defensa del empresario Pablo Emanuel Arequipa contra la prórroga por 60 días de su detención; en la causa hay un exdiputado de Cambiemos imputado
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LA NACION
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los planteos de la defensa de Pablo Emanuel Arequipa, el empresario salteño acusado de contrabando que se fugó a Paraguay cuando iban a detenerlo. Arequipa cuestionó la prórroga por 60 días de su detención. En la causa se investiga el millonario contrabando agravado de 15.000 toneladas de granos.
La Sala de feria de la máxima instancia penal del país, integrada por Alejandro W. Slokar y Juan Carlos Gemignani, rechazó un recurso de la defensa de Arequipa, quien había interpuesto contra la resolución de la Cámara Federal de Salta. El tribunal salteño se había negado a morigerar su detención -y mantuvo su detención más allá de los 60 días- debido a que se profugó a Paraguay. Incluso, se negó a entregar voluntariamente su teléfono celular y habría eliminado elementos de relevancia para la investigación.
En la causa, iniciada a raíz de una denuncia de ARCA, también está imputado el ex diputado provincial de Cambiemos Luis Gerónimo Cisneros. La investigación se inició a raíz de una denuncia de la delegación Tartagal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según la acusación, los imputados habrían transportado más de 15 mil millones de kilos de granos de soja, trigo y maíz a un depósito ubicado en Salvador Mazza, cuya parte posterior desemboca en territorio boliviano y por el que habría salido la carga. Según estimó el organismo público denunciante, el perjuicio por aranceles de exportación evadidos, durante el 2024, sería de 3 millones de dólares aproximadamente.
En esta oportunidad, los jueces Slokar y Gemignani consideraron que existen pronunciamientos concordantes del juez de garantías y de los jueces de revisión, y que no se observa -ni la parte logró demostrar- arbitrariedad alguna, por lo que ratificaron su encierro en la Cárcel Federal de Salta.
Operativo
En un operativo cerca de Caraparí, en septiembre en el cruce de la ruta 34 y el río Itiyuro, efectivos de la Gendarmería controlaron tres camiones que transportaban unas diez toneladas de soja y maíz: un Scania, un Volvo y un Mercedes Benz que eran conducidos por los hermanos Toledo y por otro conductor que actualmente está prófugo.
Los efectivos detectaron irregularidades en las cartas de porte con las que se pretendía dar fe del transporte de la carga de granos y secuestraron la mercadería, valuada en más de 69 millones de pesos. Acto seguido, irrumpieron en dos inmuebles comerciales de Salvador Mazza, Klum y Exeni.
Según la investigación, esos dos predios están ubicados casi en la frontera, con una particularidad: sus fondos desembocan en territorio boliviano. También allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la compañía Sergesa SRL –propiedad de Arequipa– y la sede de la empresa “LU.MA.CIS SRL”, propiedad del exdiputado Cisneros, que fue detenido cuando llegó hasta la firma al enterarse del procedimiento.
En los operativos, que también alcanzaron a las viviendas de los imputados, se secuestraron armas –entre ellas, una pistola 9 mm., una carabina con mira telescópica y cargadores-, máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada ligada a las cartas de porte adulteradas que las empresas solían confeccionar.
La fiscal mencionó que llamó la atención lo sucedido al momento de ingresar en la casa del empresario Arequipa. “Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”, explicó Orsetti, según informó el Ministerio Público en fiscales.gob.ar.
Las autoridades determinaron que los cargamentos de granos que llegaban en camiones a esos establecimientos durante la madrugada era traspasados a bolsas y cargados a vehículos de menor porte con los que la mercadería salía de Sergesa, pasaba por una escuela vecina y desde allí cruzaba a San José de Pocitos, Bolivia.
Acusación
La fiscal federal Lucía Orsetti, de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal había formalizado en octubre la imputación contra el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado, acusados de los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes, en grado de coautores.
Según la acusación fiscal, el prófugo Arequipa y Cisneros, a través de sus respectivas empresas –Sergesa SRL y Spray and Seeds Agroservice S.A.S, del primero, y LU.MA.CIS SRL, del exdiputado– eran los líderes la organización delictiva. Pedraza fue señalado como “gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas”.
“Según la hipótesis fiscal, los imputados trasladaban grandes volúmenes de granos hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz. Para ello, se valían de cartas de porte emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisneros. Así, burlaban el debido control aduanero y pasaban la mercancía a Bolivia de manera ilegal”, explicó la fiscal.
En una primera etapa de la maniobra “se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el traslado, la cual era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados. Luego se cambiaba el destino de la carga -redireccionándola a los depósitos Klum y Exeni-, y también el destinatario y la empresa transportista. Asimismo, cambiaban el dominio del camión que realizaba el traslado por otro de un vehículo de menor porte -auto o camioneta- a fin de liberar ese transporte de la mercadería trasladada”, se informó en fiscales.gob.ar.
Para realizar los papeles la organización se valía de prestanombres, “personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas”.
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