Mendoza celebró que el Estado nacional haya dado marcha atrás con la cesión de tierras
La provincia cuyana logró que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) anulara las resoluciones que reconocían territorios ancestrales por más de 25.000 hectáreas
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- El insistente reclamo de la provincia de Mendoza al Estado y a la Justicia nacional en los últimos años, sumado al cambio de Gobierno, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, permitieron revertir la entrega de tierras a comunidades mapuches en el sur mendocino. De esta manera, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) anuló las resoluciones dictadas en 2023, durante la época kirchnerista, que reconocían territorios ancestrales, por 25.477 hectáreas, a las comunidades Lof Suyai Levfv, Lof Limay Kurref y Lof El Sosneado, en los departamentos de Malargüe y San Rafael.
La decisión, que fue celebrada por las autoridades locales, llegó con tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, a través de las cuales el INAI, presidido por Claudio Avruj, resolvió favorablemente los recursos administrativos de reconsideración interpuestos por el Poder Ejecutivo mendocino, más allá de la presentación que también hizo Mendoza en la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera, según explicaron en el gobierno de la provincia a LA NACION, los expedientes vuelven a foja cero para que el eventual tratamiento sea con la efectiva participación de la jurisdicción cuyana, ya que durante la administración de Alberto Fernández el Inai actuó de manera inconsulta, avanzando incluso sobre tierras donde hay pozos activos de petróleo.
En octubre del año pasado, el INAI reabrió tres expedientes en los que reconocían las tierras a los mapuches, luego de que Mendoza presentara una serie de argumentos en contra de estas resoluciones, al asegurar que se habían vulnerado derechos provinciales y que no se había consultado de manera adecuada al Estado local. “Entre los principales argumentos esgrimidos se hace referencia a la autonomía provincial y a los derechos de propiedad privada de sus habitantes. Además, se cuestionó el incumplimiento de la ley nacional 26.160, que establece la necesidad de consultar a los Estados provinciales en estos casos”, indicaron desde el Ejecutivo mendocino.
Ahora, el INAI reconoció que hubo una “extralimitación” de sus competencias. “Es propósito del organismo el cumplimiento y garantía de los derechos constitucionales en una interpretación armónica, ponderando la división de poderes en un sistema democrático”, indicó el organismo en su determinación en favor del reclamo mendocino. “Resulta indispensable la articulación, coordinación y respeto a las autonomías provinciales, sin las cuales se torna de imposible cumplimiento la construcción y garantía de derechos”, sostuvo.
En ese sentido, en el Gobierno provincial recordaron que las quejas no solo habían sido elevadas ante las autoridades de ese ente nacional, sino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por “ilegitimidad y arbitrariedad manifiesta”.
“En situaciones similares en otros lugares del país son los legítimos propietarios de las tierras quienes reclaman por sus derechos. En el caso de Mendoza, el planteo resulta innovador, en tanto es el propio Estado provincial el que inició los reclamos ante la Nación”, destacaron.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, fue una de las primeras en celebrar la medida por “fallos arbitrarios del INAI, que en 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado”. Al respecto, expresó: “Gracias a la acción administrativa del gobierno de Mendoza, elevada al gobierno del presidente Javier Milei, se logró anular estas resoluciones, obligando al INAI a reconocer su inconstitucionalidad y nulidad. En consecuencia, queda sin respaldo oficial el intento de apropiación de tierras en el sur provincial basado en argumentos infundados”, indicó, al tiempo que ponderó el rol del actual titular del organismo.
También, el director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, consideró que la medida representa una “decisión histórica”, ya que además el instituto deroga, por primera vez, una resolución propia tras el reclamo de una provincia.
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