Milei designó al frente de la DGI a un “sabueso” señalado por proteger a Lázaro Báez y Cristóbal López
Mariano Mengochea trabajó con Andrés Vázquez en la Regional Sur Metropolitana que cuestionó la Justicia por su “connivencia” con empresarios kirchneristas
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Un día después de designar a un funcionario denunciado por presunta evasión y lavado al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el presidente Javier Milei ungió como titular de la Dirección General Impositiva (DGI) a uno de los “sabuesos” acusados de proteger dentro del organismo tributario a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López durante el kirchnerismo.
La designación de Mariano Mengochea como nuevo director de la DGI se publicó hoy en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Estado y del ministro de Economía, Luis Caputo. Escueto, el decreto 895/25 solo tiene dos párrafos, sin aludir a los antecedentes académicos y laborales del funcionario, un lugarteniente histórico de Andrés Vázquez, el flamante titular de ARCA, quien arrastra una mochila de inconsistencias patrimoniales en el exterior.
Hombre de confianza extrema de Vázquez, el “Vasco” Mengochea trabajó con él en la Regional Sur Metropolitana de la entonces AFIP; es decir, el área tributaria donde el kirchnerismo protegió a partir de 2009 a las empresas de Báez y López que habían quedado bajo la lupa tributaria o de los medios de comunicación.
Esa protección oficiosa, pero efectiva, quedó asentada en los expedientes “Vialidad” y “ruta del dinero K”, con testimonios y documentos oficiales, según reconstruyó LA NACION. Y el fiscal federal Gerardo Pollicita lo plasmó por escrito, en tanto que su colega Diego Luciani lo expuso en su alegato oral, cuando aludió de manera específica a lo que ocurrió en la Regional Sur al requerir la condena de Cristina Fernández de Kirchner, Báez y otros acusados en el “caso Vialidad”. El tribunal oral les dio la razón.
Juntos desde 2009
Miembro de aquel equipo que Vázquez montó en la Regional Sur, Mengochea fue supervisor en 2009 en aquella dirección, a donde llegó de la mano del propio Vázquez. Y en 2013 ascendió a jefe de División de Fiscalización, para después, cuando su jefe cayó en desgracia y relegado a las postrimerías de la gestión de Ricardo Echegaray como titular de la AFIP, acompañarlo durante años en su derrotero por la Aduana de La Plata.
En la zona aduanera del puerto de La Plata, el “Vasco” Mengochea se desempeñó como “analista de asuntos técnicos”. Allí languideció hasta que Vázquez volvió al ruedo gracias a una recomendación del exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) devenido dueño de FlyBondi y OCA, Leonardo Scatturice, al tercer vértice del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo. Así, cuando Vázquez asumió al frente de la DGI en octubre de 2024, Mengochea ascendió a subdirector general de Operaciones Metropolitanas.
El retorno a los puestos de poder también abarcó entonces a otro de sus colaboradores en la Regional Sur, Marcelo Laffont. Contador al igual que Mengochea, allí lideró una División de Fiscalización desde 2010, aunque también lo impactó la caída en desgracia de su jefe. Pasó a trabajar como “analista de investigación” hasta que Vázquez lo reactivó para designarlo como subdirector general de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales, donde a su vez sumó a la esposa de Mengochea, Cynthia Galzerano, a quien apodan “La Duquesa” dentro del organismo, hija de quien fuera socio de Vázquez en la firma DVQP Sport SA.
Pero la simbiosis entre Vázquez y su subordinado excede lo laboral. Mengochea, Galzerano y el flamante titular de ARCA comparten una afición que despuntan en una agencia de lotería de la calle Salguero al 1800, que también ofrece servicios de Pago Fácil y Western Union. Esto es, a metros del estacionamiento subterráneo donde padecieron el incendio de un auto eléctrico, por el que acudieron Bomberos y el SAME, según reconstruyó LA NACION, y lejos de la tranquildad de Nordelta y Puerto Marinas.
Protección al Zar
Otros puntales de la Regional Sur ganaron preeminencia con el ingreso de los libertarios a la Casa Rosada. Entre ellos, Claudio Ernesto Castagnola –que pasó a ser director de Control en Grandes Nacionales- y Juan Ignacio Waissman –otrora jefe de la División Jurídica en aquella repartición, quien por decreto 597/24 asumió como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia-. Es decir, es el máximo asesor técnico de Karina Milei.
Así, los cinco –Vázquez, Mengochea, Laffont, Castagnola y Waissman- se desempeñaron en la Regional Sur, cuando esa dirección ganó protagonismo durante los años más oscuros del kirchnerismo. Desde allí se impulsó el megaoperativo contra el Grupo Clarín, por ejemplo, en septiembre de 2009, y varias empresas de Lázaro Báez modificaron su domicilio fiscal para quedar bajo su jurisdicción y evitar así a los sabuesos patagónicos que les seguían el rastro.
Parte de aquel entramado salió a la luz en julio de 2009, cuando LA NACION reveló –y jamás fue desmentido- que Vázquez había reconfigurado toda la línea jerárquica que debía investigar a Gotti Hermanos, luego de que un equipo de la Regional Comodoro Rivadavia bajo el mando de Norman Williams, terminó desplazado tras detectar el uso intensivo de facturas truchas en beneficio de Austral Construcciones y otras empresas de Báez. ¿El monto bajo sospecha? Se estimó en $495,7 millones en 2007; es decir, más de $368.000 millones de hoy, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Cuando nos pidieron las renuncias [en abril de 2008] no nos dieron muchas explicaciones”, rememoró Williams, años después. “Sí puedo comentar que teníamos en inspección técnica, cuestionando evasión tributaria en el caso de las empresas de Báez y de Cristóbal López”. Williams terminó en Neuquén; su entonces superior, el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, fue desplazado; y el superior de este, el entonces titular de la DGI, Horacio Castagnola, también cayó.
En el caso de Cristóbal López, conocido entonces como “el zar del juego”, los movimientos subterráneos también comenzaron a salir al sol cuando dos funcionarias de la AFIP, Haydée Boyadjian y Verónica Castiello, iniciaron una inspección al casino flotante de Puerto Madero, en 2007, y se toparon con una sorpresa. Vázquez se ocupó de atenderlas como si fuera un empleado más de la empresa, aunque luego dijo que estaba allí para almorzar con Santiago Blanco Bermúdez, apoderado del casino y abogado de Antonio “Jaime” Stiuso.
Pero los memoriosos dentro del organismo consultados por LA NACION aportan datos adicionales. En 2009, por ejemplo, fue el ahora flamante titular de la DGI, el “Vasco” Mengochea, quien pasó a hacerse cargo de la inspección del Casino flotante. No importó si carecía de la experiencia en ese campo u otros “sabuesos” estaban más preparados.
Testimonios judiciales
En los tribunales, varios exfuncionarios confirmaron la existencia de ese entramado de protección. Williams y Mecikovsky declararon en el “caso Vialidad”. Mecikovsky responsabilizó a Cristina Fernández Kirchner, a Echegaray y al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros. También relató que el entonces socio de López en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, llegó a reunirse con el entonces jefe de la agencia de la AFIP en Trelew, Carlos Leturia, para ofrecerle la dirección de la Regional en Comodoro Rivadavia cuando arreciaban las presiones sobre Williams.
Apoyados en esos y otros testimonios, los fiscales Pollicita, Luciani y Sergio Mola cargaron en el “caso Vialidad” contra el cambio de domicilio fiscal que benefició a Báez y facilitó la intromisión de la Regional Sur Metropolitana bajo el mando de Vázquez, Mengochea y otros: “El único sentido de esto era que interviniera una dirección más amigable, que pudiera ayudar a cerrar el problema de la forma menos dolorosa, tal como ocurrió y como vimos que ocurrió en la Dirección Regional Sur”, remarcó Luciani en la instancia oral. “Todo esto, señores jueces, fue milimétricamente calculado. Es una acción coordinada y denota la connivencia y el conocimiento anterior [por parte de Báez] en cuanto a la naturaleza de la resolución que se iba a dictar por parte de Echegaray”.
Aunque sin nombrar a Vázquez, Mengochea y otros por sus nombres, el tribunal oral federal del “caso Vialidad” les dio la razón a los fiscales. Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso consideraron probada la “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Antonio Báez”.
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