Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero frenó su aplicación y enfrenta denuncias
Con el decreto 681/25, el Presidente condicionó la entrada en vigor de la ley insistida por el Congreso a que se incluyan partidas en el Presupuesto 2026; la oposición acudió a la Justicia y anunció que motorizará una moción de censura contra Francos
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En un nuevo choque con el Congreso, Javier Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación. Lo hizo mediante el decreto 681/2025, firmado también por Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, bajo el argumento de que la norma carece de fuentes de financiamiento claras.
La decisión ya generó reacciones políticas y judiciales. Un sector de la oposición presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py, mientras que en el Parlamento se impulsa la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Milei condicionó la entrada en vigor de la emergencia a que el Congreso, mediante el Presupuesto 2026 que él mismo envió, incluya las partidas necesarias. “Se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”, señala el decreto publicado en el Boletín Oficial.
La ley, sancionada en julio y luego vetada por el Poder Ejecutivo, había sido insistida por el Congreso. Entre otros puntos, actualiza aranceles de prestadores, crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y ordena saldar deudas del sistema de salud con los prestadores.
Su artículo 19 facultaba al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias, aunque prohibía hacerlo a costa de los créditos destinados a “Servicios Sociales”. Para el Gobierno, esa cláusula es insuficiente: “La manda genérica a realizar reasignaciones no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”, fundamenta el decreto.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la ley sería de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026. El Ejecutivo, en cambio, calcula un impacto de $3,019 billones (0,35% del PBI).
Pero hay una parte de la ley que si se cumplió. A través de la Decisión Administrativa 24/2025 publicada hoy, Francos autorizó una reasignación de $121.363 millones a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los fondos se destinan a actualizar desde octubre los aranceles que perciben los prestadores de servicios —transportistas, acompañantes terapéuticos, enfermeros, entre otros—. El refuerzo se financió con un recorte en las partidas de las empresas públicas no financieras.
Reacciones y denuncias
El diputado socialista Esteban Paulón amplió su denuncia contra Milei por “incumplimiento de una ley vigente”. “El decreto 681 es nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno había incumplido una ley tan abiertamente”, advirtió.
Para el legislador, la maniobra responde a un patrón del oficialismo: “Mientras quita retenciones para contener el precio del dólar y llegar a las elecciones en calma financiera, decreta que no hay presupuesto para discapacidad. Es un país a la deriva. A esto ya lo vimos”.
La oposición ya había deslizado un posible contraataque parlamentario. “El jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar partidas. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo e incluso aplicar la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución”, señaló Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).
Se materializó esta tarde. Lo anunció el propio Agost Carreño a través de su cuenta de X y expuso sus argumentos: “Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad; por dictar decretos nulos e inconstitucionales; por no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, en el contexto de gobernar sin presupuesto”.
Esa herramienta permite remover al jefe de Gabinete por mayoría absoluta en ambas cámaras, un umbral más bajo que los dos tercios que la oposición ya reunió para insistir con la ley. Aunque por ahora nadie la activa, el escenario está abierto.
El diputado Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque de Encuentro Federal etiquetó la maniobra del Poder Ejecutivo como de “gravedad institucional extrema”. Y disparó: “El hecho tiene consecuencias impredecibles”.
El área encargada de aplicar la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), enfrenta además el escándalo de los audios filtrados de su extitular Diego Spagnuolo, que describen un presunto circuito de coimas. En esas grabaciones se menciona incluso a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.
En ese contexto, la senadora Guadalupe Tagliaferri lanzó en el recinto una ironía que resonó fuerte: “Cuando me pregunten de dónde sale la plata para financiar esta ley, voy a responder que sale del sobreprecio y la coima. Así que no insistan”.
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