No conmutarán las penas a los presos de La Tablada

El presidente Fernando de la Rúa no parece dispuesto a dictar un decreto de necesidad y urgencia que beneficie a los presos de La Tablada ni a conmutar sus penas: se limitará a garantizarles asistencia médica y alimentos mientras perseveren en la huelga de hambre, que lleva 110 días.

Luego de una reunión con sus más estrechos colaboradores en la quinta de Olivos, el mandatario resolvió seguir ese camino, que podría complementarse con una exhibición de imágenes de televisión que recuerden la crueldad de los hechos cometidos por los atacantes del regimiento.

Sin embargo, el ministro de Interior, Federico Storani, era partidario de otra solución, que por la tarde le expuso a De la Rúa, a quien visitó en Olivos: Storani elaboró un proyecto para conmutar las penas de los presos, pero sin que ello les permita recuperar la libertad en forma inmediata sino, aproximadamente, en dos años.

Como se recordará, la Cámara de Casación se negó a revisar la condena que la Cámara Federal de San Martín impuso en 1989 a los presos.

Por eso, por indicación del Presidente, el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, defendió el derecho de los presos a la doble instancia y el interés del Gobierno en cumplir con los tratados.

Pero la Corte anteayer rechazó el planteo y resolvió que revisar esa sentencia podría ser una fuente generadora de inseguridad e inestabilidad jurídica.

Ayer, en horas de la mañana, el de la Rúa se reunió con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; con el ministro de Justicia y el secretario del área, Jorge de la Rúa y Melchor Cruchaga, respectivamente; con el titular de Defensa, Ricardo López Murphy, y con el procurador Marcer.

No al decreto y al indulto

Durante esos momentos, se pensó en todas las alternativas posibles: 1) que el Presidente dicte un decreto que establezca la segunda instancia; 2) que indulte las penas de los detenidos y, 3) que afirme que el Poder Ejecutivo ya hizo todo lo que pudo para cumplir con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y señale que la solución no está en sus manos sino en las del Congreso.

Marcer se encargó de desalentar la solución del decreto de necesidad y urgencia, una medida que impulsaba, con algunas dudas, Jorge de la Rúa: le recordó al Presidente y a sus colaboradores que la Constitución nacional no permite dictar decretos de necesidad y urgencia en materia penal y que esa prohibición alcanza a las cuestiones procesales penales.

La alternativa de la conmutación de penas o el indulto casi ni se consideró, pues se evaluó que tendría un alto costo político y que sería inaceptable para amplios sectores de la población que el Gobierno deje en libertad a quienes actuaron como guerrilleros contra la democracia.

Además, López Murphy señaló que sería muy mal recibida por las Fuerzas Armadas.

Por eso, se decidió redactar un comunicado, que fue supervisado por Colombo, pero que difundió Jorge de la Rúa desde el Ministerio de Justicia.

Un hecho cruento

El comunicado recuerda que en 1989 se produjo "el cruento ataque al cuartel y graves lesiones a muchísimas personas"; que los atacantes fueron juzgados y condenados, y que éstos se presentaron en la CIDH. Además, reseña la actitud que adoptó el Ejecutivo.

"El Poder Ejecutivo recurrió ante la Corte, que en ajustado fallo impidió que un nuevo tribunal interviniera, quedando en manos del Congreso la sanción de las normas que permitieran dar cumplimiento a lo recomendado por la CIDH", recuerda.

El martes próximo, en tanto, el Gobierno presentará ante la CIDH la respuesta final al pedido de informes que formuló ese organismo hace diez días. Ese escrito complementará el que ya brindó el país a comienzos de esta semana. En suma, el Gobierno se limitará a garantizarles a los presos que hacen huelga de hambre "todos los medios para proteger la vida".

Sin embargo, Storani intentaba ayer convencer al Presidente de otra salida: que disponga una reducción de penas, medida que les permitiría a los presos recuperar la libertad. Pero no en forma inmediata sino, quizás, en 2002.

Por Adrián Ventura

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