Nuevo giro judicial para la desaparición y muerte de Walsh

El 21 de noviembre de 1984, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), patrocinando a Patricia Walsh, efectuó una presentación judicial en la que se acusaba por el secuestro y asesinato de su padre -el periodista y escritor Rodolfo Walsh- al entonces capitán de la Armada Alfredo Astiz, al mayor del Ejército Juan Carlos Coronel, y al oficial de la Policía Federal Roberto González.

La denuncia involucraba además a Jorge Rafael Videla, a Emilio Massera y a Orlando Agosti, como integrantes de la Junta Militar del gobierno de facto durante el cual se produjo la desaparición de Walsh, y al contralmirante Rubén Chamorro, que estaba al frente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de donde, según la presentación del CELS, se había impartido la orden de "neutralizar" -tal el eufemismo utilizado en este tipo de operativos- al intelectual peronista, autor de "Operación masacre", cuyo tema central es el fusilamiento de militantes de ese partido tras la revolución de 1955.

La fecha del drama

El día elegido para esta "neutralización" fue el 25 de marzo de 1977, el siguiente al del primer aniversario de la toma del poder por parte de los militares, fecha que el escritor había considerado oportuna para hacer público un texto ("Carta abierta de un escritor a la Junta Militar") en el que repudiaba las violaciones a los derechos humanos y la "entrega económica del país a los intereses extranjeros".

Walsh había salido esa mañana de su casa, en la localidad bonaerense de San Vicente, acompañado de su esposa, Lilia Beatriz Ferreira. Juntos viajaron en tren hasta la Capital y, a las 13.30, se separaron en la estación de Constitución. "Vuelvo por la noche", le dijo él, después de darle un beso. No pudo cumplir con la promesa. Ni esa noche, ni nunca.

Según un testimonio, el secuestro tuvo lugar en la calle, cerca de la terminal ferroviaria, con participación conjunta de elementos de la Armada, del Ejército y de la Policía Federal, que más tarde, durante la madrugada, también prácticamente, destruyeron a balazos su casa, en ese momento deshabitada.

Versiones diferentes

Walsh habría intentado oponer alguna resistencia, por lo que el mayor Coronel le disparó dos balazos. Las versiones en ese punto difieren. Una da cuenta de que su muerte se produjo allí mismo; la otra, que aquélla ocurrió cuando a sus heridas se sumaron los efectos de la tortura en la ESMA, a la que fue trasladado.

La reciente revelación de Astiz, aunque incluye la salvedad de no haber tenido participación, parece corroborar las características principales del episodio, y atribuye a la Armada una concreta responsabilidad, siempre rechazada por esa fuerza. La admisión no sólo retrotrae a las siniestras alternativas que hace dos décadas conoció el país para saber cómo alguien pasaba de la vida a la muerte. También abre paso a una inevitable escalada de planteos jurídicos e investigativos.

Rodolfo Walsh, desaparecido y asesinado a los 50 años, había sido consciente de los riesgos que su profesión tuvo en los años negros de la Argentina: "Decidí que, de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía". Y no quiso rehuir semejante desafío.

Granillo Ocampo cuestionó la competencia del juez Garzón

Aclaración: el ministro de Justicia, que firmó en España un convenio judicial, aclaró que el gobierno argentino nunca interfirió.

MADRID.- El ministro de Justicia argentino, Raúl Granillo Ocampo, declaró hoy en Madrid que el juez Baltasar Garzón no tiene competencia para juzgar los crímenes de la última dictadura argentina, que el gobierno argentino "jamás ha tratado de intervenir directa o indirectamente" en ese juicio y que la ministra española Margarita Mariscal está de acuerdo con él.

"La visión suya es igual que la nuestra", dijo refiriéndose a Mariscal, cuya dimisión van a pedir mañana en el Congreso algunos grupos políticos por su oposición a los juicios sobre los desaparecidos españoles en la Argentina y Chile.

"No es que la Argentina no quiera, sino que no puede colaborar con Garzón", dijo Granillo, que alegó que la Argentina posee "leyes con competencias exclusivas y excluyentes".

Sin pretensión de influir

En una rueda de prensa tras entrevistarse con Mariscal, con quien firmó un nuevo acuerdo de cooperación jurídica bilateral, el ministro dijo que no pretendía influir en el sistema judicial español: "Ni me fastidia ni me produce gozo" que Garzón siga esa investigación.

"Si se creara un tribunal internacional, -agregó-, sería inútil porque las leyes penales son retroactivas".

Declaró que el gobierno español ha respetado al Poder Judicial y que las compensaciones económicas a los familiares de los desaparecidos seguirán adelante hasta que se paguen todas las indemnizaciones. "Lo que en España se consideran desaparecidos españoles, en la Argentina son, en realidad, desaparecidos argentinos", dijo.

Sobre el ex oficial de la Armada Adolfo Scilingo opinó que cada cual debía "actuar como le dicte su conciencia", que no era un hombre con "una trayectoria lineal" y que la Argentina no pedirá su extradición porque ya se le aplicaron las leyes de punto final y de obediencia debida.

"El juez no debe orquestar todo un proceso en torno de las declaraciones de Scilingo", dijo Granillo Ocampo.

Por otra parte, Izquierda Unida pedirá mañana, en el Congreso de los diputados, la destitución de Margarita Mariscal de Gante, el miembro del gabinete más identificado con la derecha española, por su actitud frente a los juicios de la Argentina y de Chile. Es probable que los socialistas se sumen a la petición.

El diputado Pablo Castellano (IU) acusó ayer a Cardenal y Fungairiño por sus posturas y agregó que "el gobierno también es responsable de esta política, en la que es inocultable que hay razones de orden diplomático para no enemistarse con los actuales gobiernos de la Argentina y de Chile y con intereses comerciales".

Pedido del socialismo catalán

Los socialistas catalanes pidieron al gobierno de la Generalitat que exija al gobierno central la destitución "inmediata" del fiscal general, Jesús Cardenal, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

Ambos se han pronunciado recientemente contra la competencia para juzgar los crímenes cometidos en esos dos países y han hecho la apología del golpe de Estado de 1976.

"La interpretación e instrumentalización de la Constitución española en favor de la involución democrática adolece de falta de rigor jurídico y de sensibilidad democrática", declararon los socialistas catalanes, que acusaron a Cardenal y a Fungairiño de "apoyar con convicción el golpismo".

Isabelo Herreros (IU) denunció, por su parte, que la Argentina ha incumplido el anterior acuerdo de cooperación judicial en el procedimiento que instruye Baltasar Garzón.

El senador socialista Ignacio Díaz solicitó al gobierno que reclame al Poder Ejecutivo argentino el traslado de dos presos españoles condenados a cadena perpetua allí para que cumplan su condena aquí. Se trata de Sebastián Ramos Mora y Luis Ramos Silvetti-Leguza, que participaron en 1989 en el asalto al cuartel de La Tablada.

Por Willy G. Bouillon

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