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Operativo reelección: gobernadores aliados advierten que la mejora económica debe llegar a los votantes
Avanza el diálogo de Santilli con los mandatarios provinciales, quienes apuntan a la reacción de los sectores sociales más complicados; no les llega el impacto de la minería y Vaca Muerta
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.− A través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, la administración nacional acelera los acuerdos con gobernadores en pos de la reelección de Javier Milei en el 2027. En la Casa Rosada se muestran más flexibles para acuerdos por obras y adelantos financieros, siempre teniendo en cuenta que la base de comparación es muy baja. En ese contexto, desde el Ministerio de Economía insisten en que las provincias deben contener el gasto público porque no le financiarán déficit.
Santilli logró −gracias al mayor pragmatismo de la mesa política libertaria− lo que nunca tuvo su antecesor, Guillermo Francos: un poco más de “billetera”. De esa manera, sin montos importantes, va logrando sumar voluntades para proyectos libertarios en el Congreso.
Tres gobernadores aliados con los que conversó LA NACION plantean que, para la reelección, no basta con consensos en el Congreso. Coinciden en que “la gente” debe empezar a percibir una mejora en sus condiciones de vida. El cambio de la geografía socio-económica de la mano de los nuevos motores de crecimiento, la minería y los hidrocarburos, no impacta en los grandes centros urbanos, donde está el mayor volumen de electores.
Toda la negociación entre Nación y provincias, que todavía no abordó aspectos claves de reformas necesarias como la tributaria, se da en un contexto de tensión en las cuentas subnacionales. El superávit primario consolidado de las provincias cayó al 0,2% del PBI durante el primer trimestre, uno de los registros más bajos de los últimos 13 años y muy por debajo del 0,4% alcanzado en igual período de 2025 y del máximo de 0,9% registrado en 2024.
El dato, de la consultora Empiria, muestra un escenario de menor margen financiero para los gobernadores que enfrentan también mayores reclamos de estatales y de los sectores sociales más vulnerables. En paralelo, los representantes empresarios reclaman baja de impuestos, un tema al que el ministro Luis Caputo vuelve periódicamente y apunta a Ingresos Brutos.
Los gobernadores insisten en que hay áreas de las que Nación se retiró y son ellos los que deben dar respuestas para evitar crisis sociales y que, así, el ajuste tiene un límite.
Un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral de la Fundación Mediterránea, pone la lupa en cuánto margen hay para bajar la carga fiscal en el marco de un análisis de la evolución del gasto público en los últimos 20 años. Aunque la mayor expansión correspondió al Estado nacional, las provincias explican cerca de un tercio del aumento del gasto consolidado y, en ese alza, los salarios y las jubilaciones provinciales concentran la mayor parte del fenómeno.
El estudio sostiene que, tras varios años de ajuste, la discusión ya no pasa solamente por cuánto debe gastar el Estado para sostener el equilibrio fiscal, sino también por definir cuál debería ser un nivel de gasto compatible con una menor presión tributaria y con un crecimiento económico sostenido.
El gasto público consolidado (Nación, provincias, municipios, empresas públicas y obras sociales) alcanzó su máximo histórico en 2016, cuando representó el 47,3% del PBI. Desde entonces cayó hasta 35,4% el año pasado.
A largo plazo
Los economistas subrayan que esa reducción reciente no modifica la fotografía de largo plazo. Comparando el inicio y el final de las dos décadas analizadas, el gasto público sigue siendo significativamente superior al registrado 20 años atrás.
En el caso de las provincias, el principal motor fue el gasto en personal. Cerca de 60% del incremento provincial respondió al aumento a los empleados públicos, tanto por mejoras salariales como por la expansión de las plantas de personal. Si se agregan las jubilaciones provinciales, ambos ítems explican alrededor de cuatro quintas partes del aumento del gasto provincial registrado en el período.
Los salarios representan, en promedio, 45% del gasto total de las provincias, una participación muy superior a la observada en el gobierno nacional, donde ese componente ronda el 12% del presupuesto. Es decir, los gobernadores tienen una restricción al recorte salvo que opten por achiques masivos de planteles, lo que evitan porque no hay sectores que absorban a esa gente.
En los municipios, el peso de las remuneraciones ronda 47% del gasto. A nivel nacional, en cambio, la composición del aumento fue diferente. El crecimiento estuvo explicado principalmente por las prestaciones previsionales, impulsadas por las moratorias jubilatorias y la ampliación de la cobertura, junto con los programas de asistencia social, los subsidios económicos −especialmente en energía− y las transferencias a empresas públicas.
El reporte marca que, mientras las remuneraciones reales del sector público aumentaron cerca de 95%, la cantidad de empleados públicos se expandió alrededor de 60% entre 2005 y 2025.
Otro dato relevante es la evolución de la inversión pública, aspecto que están discutiendo gobernadores y Santilli. Las erogaciones de capital crecieron hasta 2014, pero luego perdieron participación relativa y finalizaron el período en niveles similares a los de comienzos de la serie, mientras que los intereses de la deuda aumentaron especialmente durante los episodios de mayor endeudamiento, como los registrados entre 2016 y 2019.
La magnitud del ajuste realizado desde 2016 abre una nueva discusión: cuál debería ser el tamaño permanente del Estado argentino. La respuesta, dicen Capello y Reyna, será determinante no sólo para garantizar la sostenibilidad fiscal, sino también para habilitar futuras reducciones de la presión tributaria sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
En ese debate, las provincias aparecen como actores centrales, dado el peso que tienen los salarios y los sistemas previsionales en la estructura del gasto subnacional.
