Otros cinco exfuncionarios de Chubut investigados por corrupción

Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk/LA NACION
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27 de junio de 2018  • 18:25

RAWSON - Cinco exfuncionarios de la gestión de Mario Das Neves en Chubut son investigados por las supuestas compras con sobreprecios durante la catástrofe climática de Comodoro Rivadavia del año pasado. Según los fiscales, los funcionarios exigieron coimas a cambio de pagar facturas por compras de insumos para esa emergencia, mientras que en algunos casos ni siquiera mediaba la entrega de mercadería.

De la lista de investigados, tres se suman al escándalo de corrupción que sacude a Chubut y otros dos coinciden con el amplio listado de acusados por diversos delitos en perjuicio de la administración pública, en una nómina que ya abarca a un total de 18 imputados.

La causa por sobreprecios, cuya audiencia se realizó ayer, se origina en una primera investigación iniciada en agosto del año pasado, cuando una mujer dejó un misterioso sobre con documentación en la Legislatura.

Como consecuencia de la documentación, que mostraba compras con sobreprecios de agua mineral o colchones durante el temporal, se desprendieron las causas conocidas como "Embrujo" y "Revelación".

Los involucrados en esta nueva investigación judicial son el ex ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, quien incluso actuó como testigo protegido para aportar elementos que los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez utilizaron en la acusación en las otras investigaciones derivadas. Se suman la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo y el ex subsecretario Marcelo Suárez. Además, deberán responder también los ya detenidos Diego Correa y Diego Luthers, quienes se desempeñaban en la Unidad Gobernador.

Según los fiscales, los acusados, "con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al estado provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto". Ello habría ocurrido en el marco del manejo discrecional de fondos que en sendos decretos habilitaron el uso de 20 millones de pesos para compras durante la catástrofe, sin seguir los procedimientos de ley, en el marco de la emergencia.

Sobre la maniobra, los fiscales explicaron: "Luego de haberse llevado a cabo algunas contrataciones de manera normal, en este marco de emergencia, y existiendo en algunos casos saldos a cobrar por parte del proveedor, en función del plan concreto, Diego Luters, secretario privado de Diego Correa, abusando de su cargo, le exigió a Nicolás Amici de manera arbitraria y violenta, al decirle textualmente ´ustedes tienen la mierda hasta acá´, la entrega de una dádiva, consistente en una factura de $432.000, sin mercadería, para que una vez abonado dicho monto, ese dinero retornase a manos del funcionario. La exigencia se hacía como condición necesaria a las pretensiones legítimas del proveedor de poder cobrar lo adeudado por el estado provincial en el marco de las contrataciones realizadas con motivo de la emergencia climática".

Este tipo de maniobra es similar al que se investiga en la causa "Revelación", por la que si los empresarios de la construcción querían obrar certificados de obras, debían entregar antes una coima del 3% o de 5% de la factura a cobrar, según los casos.

Marcelo Suarez dijo en su declaración que el contexto de emergencia que se vivía en ese momento no le permitía llevar un adecuado control preciso del ingreso y egreso de la mercadería que se compraba. "Nunca sospeché que el proceso administrativa fuera ilegal", destacó. Por su parte, la ex ministra Huichaqueo adujo que ella estaba en el terreno durante la emergencia climática y no se encargaba de las compras de los elementos. A su turno, el ex ministro Gilardino valoró la investigación fiscal y aseguró: "Soy uno de los principales interesados en que se aclare porque uno vio lo que sufrió la gente y las pérdidas que tuvo. Si alguien hubiera lucrado en esto, me parece lamentable de lo peor que pudo haber pasado".

Como consecuencia, la juez Mirta Moreno dispuso la apertura de investigación y dispuso un plazo de seis meses para concluirla.

Sin embargo, a diferencia de las otras investigaciones que también involucran a Diego Correa y Diego Luthers, no dictaminó período de prisión preventiva para los tres nuevos ex funcionarios bajo sospecha.

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