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¿Pacto de silencio en la Andis? 13 de los 15 imputados evitaron declarar en su indagatoria
El silencio fue el denominador común en la primera ronda de citaciones; inquietud por el contenido de la presentación del exfuncionario que habló; las defensas niegan una planificación coordinada
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LA NACIONFederico González del Solar
Primero fue indagado Pablo Atchabahian y luego Miguel Ángel Calvete, ambos acusados de oficiar como directores “paraestatales” en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Después le llegó el turno a Diego Spagnuolo, extitular del organismo y presunto autor de los audios sobre coimas. A él lo siguió Daniel Garbellini, el otro funcionario que salió eyectado cuando explotó el caso. Ninguno dijo nada.
Como si existiera un pacto, el silencio se replicó en las indagatorias de otros nueve imputados: la exfuncionaria Lorena Di Giorno; los presuntos operadores externos Luciana Ferrari y Federico Santich; la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz, y los directivos de las empresas que se habrían beneficiado con la maniobra, Patricio Rama, Noemí Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta
El mutismo prolongado que presenció la Justicia en estas últimas semanas y los vínculos societarios y afectivos entre los indagados instalaron la duda acerca de la existencia de un acuerdo de silencio para evitar darle a la Justicia detalles sobre la maniobra que revisa.
“Somos familia”, describía Atchabahian en el grupo de WhatsApp que compartía con Garbellini y Rama, entre otros, en donde se intercambiaban los avances para establecer negocios con el Estado.
“Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”, les decía Atchabahian, que está con prisión preventiva en su casa de Mendoza.
Los defensores de los apuntados por la Justicia niegan haber delineado una estrategia conjunta de protección mutua. Sin embargo, reconocen que hubo entre ellos distintos tipos de contactos en el transcurso de la causa.
Algunos de las últimas comunicaciones fueron “de cortesía”, para felicitar al abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, por la decisión de la Cámara Federal, en respuesta a un planteo suyo, de ordenarle al juez Sebastián Casanello que investigue el origen de los audios que desataron el escándalo, una estrategia que puso en marcha Martín Magram, el abogado defensor de la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, y a la que Spagnuolo se sumó luego.
Sin embargo, nadie habla de una planificación coordinada. Un letrado explicó que la elección de su cliente por no declarar obedecía a eliminar cualquier posibilidad de dar un paso en falso durante una declaración oral, pero que, analizada más en detalle la imputación, podría llegar a presentar eventualmente un descargo, por escrito.
La mayoría, sin embargo, sostiene que elegir no declarar es la consecuencia “natural” de no contar con acceso a la totalidad de lo actuado. Aseguran que dentro del expediente existe una serie de legajos reservados cuyo contenido es una incógnita. Y nadie recomienda declarar sin saber qué pruebas acumuladas habitan el expediente.
El misterio y la inquietud se acentuaron el lunes pasado cuando el exfuncionario de la Andis Roger Grant sí declaró y rasgó el manto de silencio que se extendió sobre la maniobra investigada.
Según trascendió, Grant, que era coordinador de gestión de urgencias y estaba a cargo de las compras en el sistema interno que se revisa, sostuvo ante el juez y el fiscal que era su jefe, Garbellini, quien estaba al mando de la operatoria y le indicaba todo lo que debía hacer.
De acuerdo a los audios que hicieron nacer la causa, Garbellini era la persona que habría puesto dentro de la agencia Eduardo “Lule” Menem, la mano derecha de Karina Milei.
La noticia del señalamiento sobre Garbellini encendió alarmas en las defensas, porque la declaración de Grant no se cargó en el sistema al que tienen acceso todas las partes.
“No se sabe qué dijo”, decía en la semana un abogado. “No existe el semisecreto de sumario”, se quejaba otro, en alusión a Grant, a los legajos reservados y al silencio.
Además de Grant, en la causa declaró Eduardo “Pino” González, que también resultó desplazado de la agencia tras el escándalo. Pero González no apuntó contra nadie en particular, dijeron fuentes judiciales, y se limitó a negar los hechos.
Cámara
La resolución de la Cámara Federal trajo algo de alivio sobre las defensas, sorprendidas algunas por el ritmo del expediente. Fue en respuesta a un planteo de Magram, el abogado de la familia Kovalivker. Sostuvo que todo lo actuado en la causa debía anularse porque se desconocía el origen de los audios. Primero ante el juez Casanello y luego ante la Cámara Federal.
Los jueces de la Sala II le dieron algo de razón cuando, sin hacer caer el caso, ordenaron el jueves esclarecer el origen de las grabaciones, algo que está bajo estudio. A esa estrategia se sumó Spagnuolo durante el tiempo que fue representado por la defensora oficial Florencia Plazas, su segunda defensa en la causa. Ese rumbo sería confirmado luego con la llegada de D’Alessandro.
Antes del fallo del jueves, el abogado le advirtió a la Cámara en un escrito que los audios eran “falsos” y que el fiscal Franco Picardi los incluyó en dos de las tres pruebas que identificó al inicio del caso, cuando decidió impulsar la investigación.
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