Piden que dé explicaciones en el Congreso el funcionario que entregó tierras a los mapuches en Mendoza

Una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Carla Carrizo (Evolución Radical), solicitó que se cite al Congreso al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, para que dé explicaciones sobre la entrega de más de 21 mil hectáreas a comunidades que se autoidentifican mapuches en Mendoza de manera unilateral y sin consulta a las autoridades provinciales.

La decisión adoptada por el INAI desató un fuerte malestar en el gobierno de Juntos por el Cambio que encabeza el radical Rodolfo Suárez, quien reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la medida, basándose en la documentación incompleta de las comunidades para registrarse y peticionar como mapuches. Desde el INAI, su vicepresidente Luis Pilquimán, afirmó que estas personas “son mapuches porque se autoidentifican así” y que “no es necesaria la personería jurídica” para lograr la ocupación de las más de 21.000 hectáreas en Malargüe y San Rafael.

Desde la oposición de Juntos por el Cambio advirtieron que la decisión del INAI viola la ley 26.160 por la cual se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Los diputados enfatizaron que la cesión de las tierras a estas comunidades mapuches se ejecutó de manera unilateral sin consulta a las autoridades provinciales.

“Es una vergüenza la gestión del Instituto de Asuntos Indígenas en Argentina. Reclamamos que el titular de este organismo informe de manera urgente al Congreso”, insistió la diputada Carrizo, quien advirtió que lo sucedido en Mendoza “no es la excepción”.

“Es más bien la regla –continuó-. No es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño. Son años de incumplimientos reiterados de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia”.

Carrizo recordó que la ley 26.160, sancionada en 2006, encomendó al INAI a realizar un relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Como este relevamiento nunca se completó, la ley fue sucesivamente prorrogada; el último vencimiento operó en diciembre de 2021 y se prorrogó hasta noviembre de 2025 por medio de un decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Alberto Fernández.

En dicho decreto se asignó un presupuesto extra de 290 millones por cada año para realizar los relevamientos y se estipuló que se deben hacer con la intervención del Estado provincial, algo que no ocurrió en el caso reciente de Mendoza, sostuvo la legisladora.

“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van 8 informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso. Nunca lo hizo en todos estos años”, advirtió.

Tras la dimisión de Magdalena Odarda al frente del organismo el año pasado, el INAI estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. “Ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, sostuvo Carrizo.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó la diputada.

LA NACION

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